MIAMI, Estados Unidos ― Los cubanos liberados en la frontera con un formulario I-220A no reúnen, por ese documento, el requisito de parole que la Ley de Ajuste Cubano exige para pedir la residencia, dictaminó este martes el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito de EE.UU., con sede en Atlanta.
La opinión, que fue redactada por el juez Brasher en nombre de un panel de tres magistrados, se convierte en precedente obligatorio en Florida, Georgia y Alabama, los tres estados que abarca el circuito.
El tribunal fijó que, para acogerse a la ley de 1966, un cubano que entró sin ser inspeccionado ni admitido tiene que haber recibido el parole humanitario de la ley migratoria, es decir, el permiso que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) puede conceder por razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo.
El I-220A, en cambio, es una orden de liberación bajo palabra que se apoya en el artículo 1226, pensado para soltar a una persona arrestada mientras se decide si será deportada. “La liberación de la detención migratoria al amparo de la disposición sobre parole condicional del artículo 1226 no basta”, escribieron los jueces.
El caso es el de Yoan Aguiar Fernández, su esposa, Yenisley González Sanabria, y su hija, Essined Yoana Aguiar González. Los tres cruzaron la frontera cerca de San Luis, Arizona, el 25 de junio de 2021 y se entregaron a la Patrulla Fronteriza. Tras una detención breve, cada uno recibió un I-220A que citaba el artículo 1226 como base de su liberación.
La familia pidió la residencia por la Ley de Ajuste Cubano y, por separado, el parole humanitario. El DHS le negó el parole el mismo día de la audiencia de fondo ante el juez de inmigración, aunque la familia volvió a solicitarlo poco después. El juez descartó las solicitudes de residencia, negó el asilo y ordenó deportar a los tres a Cuba. La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) confirmó esa decisión sin análisis propio.
Ante el Undécimo Circuito, la defensa sostuvo que la detención de la familia correspondía al artículo 1225(b)(2)(A), que solo permite salir de la custodia mediante el parole humanitario. Por tanto, argumentó, los tres habían recibido ese parole por imperativo legal, aunque sus papeles dijeran otra cosa.
El tribunal rechazó esa lectura. “Si el DHS ha concedido un parole humanitario conforme al artículo 1182(d)(5)(A) es una cuestión de hecho histórico”, escribió Brasher. Según la opinión, la respuesta depende de las razones por las que la agencia liberó a la persona y se busca en el expediente, no en la autoridad legal con que la detuvo. Los jueces dejaron una puerta entreabierta: esa autoridad de detención podría ser relevante cuando el expediente no aclare por qué se concedió la liberación.
En el caso de los Aguiar, el expediente sí lo aclaraba, según el fallo. Las órdenes I-220A citaban las regulaciones del artículo 1226; las propias solicitudes de residencia de la familia presentaban esas órdenes como base de su presencia en el país; ninguno recibió el formulario I-94 que suelen tener quienes obtienen parole humanitario; y el DHS les negó ese parole cuando lo pidieron.
Con esta decisión, el Undécimo Circuito aplicó a la Ley de Ajuste Cubano la misma regla que los circuitos Segundo, Tercero, Quinto y Noveno usan para el ajuste de estatus general. La BIA había llegado a una conclusión equivalente el 11 de septiembre de 2023, cuando estableció en el caso Cabrera-Fernández que la liberación con parole condicional del artículo 236 es jurídicamente distinta del parole humanitario y no permite ajustar estatus por la Ley de Ajuste Cubano.
El 23 de febrero de 2026, el mismo tribunal había anulado las decisiones de la BIA contra dos cubanas, Irela Labrada Hechavarría y Gabriela Pérez Labrada, y las devolvió para un nuevo examen. Aquel fallo no resolvió si estaban detenidas bajo el artículo 1225 o el 1226: se limitó a señalar que el Gobierno había cambiado de posición sobre cuál de los dos regía su detención. A diferencia del de este martes, ese fallo no se publicó y no sienta precedente obligatorio. El abogado Mark Prada, que llevó esa apelación, dijo entonces a Café Fuerte que no era la decisión que buscaban, pero que habían ganado varios puntos.
El tribunal también confirmó la negativa de asilo, de suspensión de la deportación y de protección bajo la Convención contra la Tortura. Aguiar Fernández testificó que estuvo en Venezuela de 2010 a 2013 en una misión del Gobierno cubano y que quiso abandonarla cuando le pidieron convencer a venezolanos de votar por el Gobierno de ese país. A su regreso a Cuba, en marzo de 2013, le retiraron el pasaporte de misión, pero no lo arrestaron ni lo interrogaron, y luego obtuvo licencia para un taller de chapistería en su casa.
Según su testimonio, un capitán de la Policía apellidado Cordero visitó el taller cinco o seis veces y amenazó con encarcelarlo y divulgar que había abandonado la misión si no le arreglaba el auto. En la última visita le dio dos golpes con una tonfa. Un informe médico del 14 de mayo de 2016 recogió hematomas en el pecho y arañazos en las piernas. La familia salió con pasaportes personales hacia México en agosto de 2018. El juez de inmigración consideró creíble el testimonio, pero no vio persecución. El Undécimo Circuito coincidió y añadió que “el expediente sugiere que Cordero actuó a título privado”.
Entre abril y junio de 2026, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) aprobó 139 solicitudes de residencia por la Ley de Ajuste Cubano, denegó 447 y acumulaba 342.360 pendientes al 30 de junio, según su informe trimestral, el más reciente publicado. Esa cifra de pendientes incluye a todos los solicitantes cubanos, no solo a los que tienen un I-220A.
La decisión deja en pie la orden de deportación a Cuba que el juez de inmigración dictó contra Yoan Aguiar Fernández, su esposa y su hija.










