LA HABANA.- Dos periodistas de Cubanet, Adelth Bonne y Camila Acosta, fueron violentamente detenidos con un día de diferencia. Ambos han sido blanco de hostigamiento sostenido por parte de la policía política; han sufrido multas, prohibición de salida del país, amenazas de cárcel y, en el caso de Adelth durante el episodio más reciente, también el decomiso de sus medios de trabajo. A él lo presionan para que deje de colaborar con Cubanet; a ella le suprimen la libertad de movimiento porque no han podido silenciarla.
En el transcurso de este año, Camila Acosta ha tenido más de veinte cercos policiales en las proximidades de su vivienda para impedirle salir a la calle. La última vez, cuando intentó ejercer su derecho a circular libremente, fue interceptada por un joven esbirro que suele presentarse bajo el alias de Bruno, cuya imagen quedó captada y luego fue publicada en redes sociales con el objetivo de recabar datos sobre su verdadera identidad para incluirlo en un registro de represores que permita, el día que Cuba sea libre, hacer justicia en proporción a los abusos cometidos.
La exposición del seguroso fue el pretexto utilizado por la policía para arrestarla delante de sus vecinos cuando salía con su gata rumbo al veterinario, este 3 de noviembre. La mantuvieron secuestrada en la unidad de Playa por varias horas y, antes de liberarla, le levantaron un acta de advertencia por el supuesto delito “contra la intimidad personal y familiar”. Con este recurso el régimen pretende blindar a los agentes de la seguridad del estado que reprimen en la vía pública, en calidad de servidores públicos, mientras las personas hostigadas están impedidas de defenderse.
La última arremetida contra Camila y Adelth se produjo en el marco de la votación en Naciones Unidas sobre la resolución contra el embargo estadounidense. Poco antes, el gobernante Miguel Díaz-Canel se había referido a la cita anual adelantando que, probablemente, algunos países modificarían su voto presionados, según él, por la administración Trump. En su intervención criticó la cobardía de esos países, sin nombrarlos.
El resultado en la ONU terminó siendo peor de lo esperado, aunque el régimen intentó disfrazar el revés de victoria, como es habitual, celebrando los 130 votos a favor. Sobre el alza de los votos en contra y las abstenciones, ni una palabra. Lo más relevante, sin embargo, no fue la variación en el conteo, sino las declaraciones de algunos países que, sin dejar de condenar las sanciones estadounidenses, criticaron de forma incisiva el grave deterioro de las libertades ciudadanas, la represión policial y judicial, las violaciones de derechos humanos y el aumento de presos políticos en la isla. Reconocieron asimismo que el gobierno de La Habana no ha mostrado señales convincentes de estar dispuesto a una apertura real mediante la implementación de cambios políticos y económicos que permitan a los cubanos vivir con dignidad, mucho menos a respetar garantías civiles básicas, como la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.
Estas “preocupaciones” fueron comunicadas por Irlanda –en representación de los países que integran la Unión Europea-, Portugal, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Panamá, Chile y Perú. Todos, palabras más, palabras menos, dejaron claro que no se puede apuntar únicamente al embargo como causante de la grave crisis que padecen los cubanos, e instaron al gobierno de la isla a abrir espacios para un diálogo constructivo e inclusivo con la sociedad civil.
En el mismo espacio donde fueron vertidos estos criterios con tono moderado y conciliador, la diplomacia cubana protagonizó dos desagradables incidentes que no dejan lugar a dudas sobre la naturaleza y lo que realmente puede esperarse, a corto o mediano plazo, de una estructura de poder que los parlamentarios extranjeros insisten en llamar gobierno, pero no es más que una dictadura en sus espasmos finales haciéndose defender por funcionarios desubicados, ajenos al respeto, la concordia y el autocontrol, mostrando al más alto nivel el mismo accionar protervo que, dentro de Cuba, la policía nacional revolucionaria, las tropas especiales y los agentes de la seguridad del estado descargan contra ciudadanos que reclaman pacíficamente derechos básicos.
Antes y después de celebrada la asamblea se han mantenido en Cuba la represión, los expedientes judiciales fabricados para neutralizar voces opositoras tan disímiles como pueden ser las de los creadores de contenido Anna Bensi, Eddy Ceballos o los jóvenes de El 4tico, las académicas Alina Bárbara López Hernández y Jenny Pantoja, o los líderes masones acusados de tráfico de divisas por haber cambiado dólares en el mercado informal, una práctica que ha ocurrido y sigue ocurriendo cada día, en cualquier esquina, a la vista de todos.
Esta aplicación discrecional de la ley busca amedrentar y callar a los ciudadanos más visibles en el espectro de la oposición política, quienes, además de estar totalmente desprotegidos ante un poder judicial subordinado al Partido único, tampoco pueden defenderse valiéndose de la denuncia y exposición pública de sus perseguidores.
Más vale tarde que nunca. Resulta muy positivo que tantos gobiernos señalen el carácter represivo del régimen castrista, pero les ha tomado muchísimo tiempo reconocer lo que se viene denunciando hace años. Preocupados estamos nosotros, los cubanos, porque después de lo que ha sucedido y continúa sucediendo impunemente en la isla, esos mismos gobiernos insisten en apostar por el diálogo con un poder que va siempre con la violencia por delante, sea en la Asamblea General de Naciones Unidas, frente al Ministerio de Cultura, en una estación de policía, en las prisiones, en la calle. Preocupados nos sentimos al ver que las democracias occidentales admiten, sin decir la palabra, que Cuba es una dictadura, pero apelan a principios que las dictaduras jamás han respetado.
