MIAMI, Estados Unidos ― El Consejo de Estado creó la condición migratoria de “inversores” y propietarios de “negocios” para ciudadanos cubanos residentes en el exterior que soliciten incorporarse a actividades económicas en la Isla, una figura que el propio Parlamento vinculó con las medidas anunciadas por el Gobierno en marzo para ampliar la participación de la diáspora en la economía nacional.
La información oficial publicada por la Asamblea Nacional señala que el nuevo decreto-ley “instituye dicha condición migratoria” para los cubanos residentes en el exterior que lo pidan y “participen en el modelo económico cubano”, aunque remite su aplicación a las normas que reglamenten esa disposición. En el reporte del Parlamento no se detallan todavía los requisitos concretos de solicitud, los plazos ni el alcance práctico de esa condición migratoria.
Hasta el cierre de esta nota no había sido posible consultar el texto íntegro del decreto-ley en la Gaceta Oficial ni en otra publicación normativa oficial de acceso público. La información disponible proviene de la comunicación difundida por la Asamblea Nacional sobre la sesión del Consejo de Estado, que confirmó la aprobación de la norma y resumió su alcance general, pero no divulgó aún su articulado.
La aprobación se produjo en la sesión ordinaria de abril del Consejo de Estado, encabezada por Esteban Lazo Hernández y con la participación de Miguel Díaz-Canel y Manuel Marrero Cruz. En ese encuentro, además, se ratificó la necesidad de impulsar negocios con inversión extranjera y con cubanos residentes en el exterior como parte de las prioridades del Programa Económico y Social del Gobierno para 2026.
El nuevo decreto-ley aprobado por el régimen aterrizaría, en clave migratoria, un paquete de decisiones que ya había presentado para facilitar la entrada de cubanos emigrados en distintos espacios de la economía y captar sus ingresos.
Según el Ministerio de Economía y Planificación, esas medidas incluyen la posibilidad de asociarse con empresas privadas y cooperativas al amparo de la Ley de Inversión Extranjera, “ser socios o dueños de empresas privadas”, participar en modalidades financieras autorizadas por la legislación vigente, abrir cuentas en divisas en bancos nacionales, invertir en fondos de inversión y crear fondos para proyectos de cooperación internacional. La propia cartera agregó que también se prevé la entrega de tierras en usufructo para proyectos productivos y la posibilidad de obtener licencias para servicios de activos virtuales.
El Parlamento sostuvo que la nueva disposición está en correspondencia con las medidas anunciadas el 16 de marzo y con la Ley 171 De Migración y la Ley 118 De Inversión Extranjera. El Gobierno venía presentando esta apertura como un mecanismo para atraer capital, negocios y financiamiento desde la diáspora en medio de la crisis económica que atraviesa el país.
Junto con ese decreto-ley, el Consejo de Estado aprobó también un acuerdo para unificar la actividad de Atención a la Población en un solo departamento con sede en las asambleas municipales del Poder Popular, en lugar de mantenerla dividida entre dos estructuras. En la misma sesión se examinaron además informes y dictámenes que habían quedado pendientes del período ordinario de sesiones de diciembre de 2025, entre ellos las rendiciones de cuenta del Gobierno Provincial de Ciego de Ávila y del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, así como el ejercicio de la más alta fiscalización al Ministerio de Justicia.
