LIMA, Perú — El preso político Liosnel López Arocha, condenado a 12 años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 (11J), se encuentra en huelga de hambre y recluido en una celda de castigo, según denunció este jueves su madre, Maira Arocha.
La mujer explicó en Facebook que conoció la situación a través del testimonio de otros internos y que posteriormente acudió al centro penitenciario, donde las autoridades le confirmaron la información.
“Este jueves me dirigí a la prisión donde me lo confirmaron”, declaró, al tiempo que aseguró que no se le permitió ver a su hijo.
Arocha afirmó que continuará denunciando públicamente lo ocurrido y responsabilizó a las autoridades por cualquier daño que pueda sufrir el joven.
“No voy a dejar de denunciar, mi hijo tiene una madre que está dispuesta a todo (…) Nadie está autorizado a darle golpes y cualquier cosa que le pase es responsabilidad de ustedes”, denunció.
En el mensaje divulgado en redes sociales, la madre del recluso reclamó la liberación de los presos políticos en la Isla.
“Libertad, libertad, libertad mil veces para todos nuestros presos políticos”, escribió.
López Arocha fue sentenciado tras las protestas masivas del 11J bajo cargos de “desórdenes públicos” y “atentado”, en uno de los numerosos procesos judiciales que el régimen abrió contra los manifestantes.
El caso se conoce en un contexto de creciente preocupación por la situación carcelaria en Cuba. Según el más reciente informe de la organización Prisoners Defenders, al cierre de marzo la Isla registraba 1.250 presos políticos, la cifra más alta documentada por la entidad hasta la fecha.
La organización reportó además un “agravamiento exponencial de la represión”, con nuevas detenciones arbitrarias, denuncias de torturas y severas restricciones al debido proceso.
El informe señala que, desde julio de 2021 hasta marzo de 2026, más de 2.000 personas han pasado por prisión por motivos políticos en Cuba, muchas de ellas vinculadas a las protestas sociales, apagones y manifestaciones pacíficas registradas en distintas provincias.
Organizaciones de derechos humanos han advertido repetidamente sobre las condiciones de reclusión de los presos políticos, incluidas denuncias de aislamiento, celdas de castigo, falta de atención médica y agresiones físicas.
