MIAMI, Estados Unidos ― El “Programa Económico y Social del Gobierno 2026”, un documento oficial de 102 páginas publicado este miércoles, admite un escenario de “crisis”, “distorsiones críticas” y “desequilibrios macroeconómicos internos”, pero la respuesta que diseña no pasa por una apertura política o económica real, sino por más ajuste, más control y más ideología.
El texto actualiza el programa de 2025 y lo reorganiza en 10 objetivos generales, 111 objetivos específicos, 505 acciones y 309 indicadores y metas, con una hoja de ruta que combina dolarización parcial, recorte de subsidios, captación de remesas, mayor bancarización, nuevas cargas fiscales y un fuerte énfasis en defensa, seguridad interior y comunicación política.
Desde la introducción, el documento atribuye la crisis al contexto internacional y, en particular, a Estados Unidos. El programa sostiene que “la agresión del Gobierno de los Estados Unidos no es nueva y ha escalado progresivamente en los últimos años y de modo despiadado en las últimas semanas, al pretender bloquear absolutamente el suministro de combustibles a nuestro país”. Sobre esa base, afirma que se aprobaron “directivas de gobierno para enfrentar un desabastecimiento agudo de combustibles”, al tiempo que presenta la posposición del IX Congreso del Partido Comunista de Cuba como “un llamado al combate”. La crisis, por tanto, no aparece en el texto como resultado de un modelo agotado, sino como una contingencia que el poder busca administrar sin desmontar sus estructuras básicas.
El corazón del ajuste está en el frente macroeconómico. El programa fija una meta de crecimiento del PIB de apenas 1%, prevé un déficit fiscal de 74.500 millones de pesos, ingresos totales por 484.120.600.000 pesos y gastos por 550.589.500.000 pesos. A la vez, plantea “reducir gradualmente las gratuidades indebidas y subsidios excesivos”, “implementar progresivamente la reducción de subsidios a personas”, estudiar un impuesto a la importación de productos terminados, actualizar precios mayoristas y minoristas del combustible y avanzar en la facturación electrónica, el cobro automático de deudas tributarias y la retención del impuesto sobre ventas o servicios en pagos digitales. En otras palabras, el Gobierno admite la estrechez fiscal y deja claro que una parte del costo del ajuste recaerá sobre la población y sobre el sector privado.
A eso se suma una apuesta explícita por la dolarización parcial. El documento ordena “continuar la implementación del proceso de dolarización parcial de la economía”, consolidar el nuevo mecanismo de gestión y asignación de divisas, implementar las transformaciones cambiarias, profundizar la bancarización y hasta “actualizar la política para el uso de los activos virtuales”. Entre sus metas figuran más de 6,9 millones de usuarios en pasarelas de pago nacionales, pagos en línea 10% superiores a 2025 y un aumento de 20% en terminales de punto de venta y operaciones en línea. El programa confirma así que, lejos de corregir la fragmentación monetaria, el régimen la institucionaliza.
En la búsqueda desesperada de divisas, el texto también delata hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno. Se propone exportaciones totales de bienes y servicios superiores a 9.968 millones de dólares, ingresos en divisas por exportaciones por encima de 3.829 millones, remesas superiores a 286 millones, ingresos por comercio electrónico de más de 402 millones, financiamiento externo de al menos 3.300 millones y donativos de bienes y servicios por encima de 181 millones. Además, promueve negocios con cubanos residentes en el exterior, nuevos incentivos a la inversión extranjera, reordenamiento de la deuda con países “estratégicos” y la concreción “selectiva” de operaciones de swap y negocios asociados a inmuebles.
En materia productiva, el programa reconoce que la producción nacional, “con énfasis en los alimentos”, es “la pieza central” para estabilizar el país. Las metas, sin embargo, vuelven a mostrar la distancia entre la narrativa oficial y la realidad de la escasez: 45 libras per cápita de viandas, hortalizas, granos y frutales; 690.700.000 huevos; 12.700 toneladas de carne de cerdo en pie; 227.600.000 litros de leche; 35.412 toneladas de pescado; y 236.600 toneladas de azúcar crudo. También insiste en el uso de tracción animal, en la transformación de 242 cooperativas agropecuarias y en la firma de tres proyectos de inversión extranjera en la agroindustria azucarera.
El capítulo social contiene quizá una de las admisiones más duras del texto. Para 2026, el propio programa se conforma con una disponibilidad de medicamentos del “Cuadro Básico” de 50% y con el mismo 50% en la red de farmacias comunitarias. Al mismo tiempo, fija una cobertura médica y de enfermería de 95%, una mortalidad infantil de 7,5 por 1.000 nacidos vivos y 10.796 nuevas viviendas por diferentes vías. En el sector hidráulico, las metas tampoco son halagüeñas: solo 52% de la población con servicio de abasto de agua “gestionado sin riesgo” y 58% con servicios de saneamiento en esa misma condición.
El programa también exhibe un fuerte sesgo de control político y policial. Dedica un objetivo completo a la “Defensa y Seguridad Nacional”, con “Días Nacionales de la Defensa” cada semana, actualización de los planes de “Guerra de todo el pueblo”, cumplimiento de la política de reclutamiento y del Servicio Militar, fortalecimiento de Brigadas de Producción y Defensa (BPD) y de Destacamentos de Respuesta Rápida.
En paralelo, en el apartado de seguridad interior ordena “enfrentar la subversión político-ideológica y la contrarrevolución”, mientras que el objetivo sobre delito fija como metas reducir hechos de drogas, prostitución, corrupción, delitos patrimoniales, violencia de género, robo de combustible y evasión fiscal frente a 2025 y al mes anterior.
La crisis energética, presentada como “la prioridad número uno”, confirma la lógica de administración autoritaria de la escasez. El plan propone recuperar 572 megavatios (MW) de generación térmica, sostener 100 MW de disponibilidad en generación distribuida y alcanzar una participación de 15% de fuentes renovables. Incluye la instalación de 5.000 sistemas solares fotovoltaicos en viviendas aisladas, la continuidad del proyecto de 1.000 MW solares y la instalación del donativo chino de 120 MW. Pero, junto con esos anuncios, ordena imponer límites de consumo eléctrico a organismos y actores no estatales, aplicar “sanciones severas” a los incumplidores, desconectar los interruptores generales de centros laborales y administrativos los sábados y domingos mientras persista la situación, y establecer topes de consumo para los hogares altos consumidores.
Incluso la comunicación aparece concebida como herramienta de control. El objetivo sobre transformación digital y comunicación social establece que el Instituto de Información y Comunicación Social deberá validar que las decisiones económicas y sociales dispongan de un “aseguramiento comunicacional integral”. El programa también prevé fortalecer contenidos de organismos y medios oficiales en sitios web y redes sociales, ampliar la medición de audiencias, ordenar la publicidad y el patrocinio e incrementar el uso de la marca país.
El cierre simbólico del documento no deja dudas sobre su naturaleza. A lo largo del programa aparecen fotos de Fidel Castro, consignas del centenario y citas del propio Fidel, de Raúl Castro, de Miguel Díaz-Canel y de Manuel Marrero. En una de las frases destacadas del texto se lee: “Mucha gente no entiende que el Estado socialista, ningún Estado, ningún sistema puede dar lo que no tiene, y mucho menos va a tener si no se produce”.
Más que un plan técnico, el documento se presenta como una pieza de conducción política y de movilización ideológica. Y ese es, quizá, su rasgo más revelador: el régimen entra en 2026 reconociendo carencias severas, pero su receta sigue siendo la misma mezcla de centralización, sacrificio social, búsqueda urgente de divisas y control sobre la sociedad.
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