MADRID, España.- Durante más de tres décadas, el llamado Cartel de los Soles ha sido objeto de acusaciones, investigaciones y controversias internacionales. Para algunos analistas y gobiernos, se trata de una estructura criminal que involucra a altos mandos del Estado venezolano en el tráfico de cocaína. Las autoridades en Caracas lo niegan diciendo que es una “invención política” utilizada para desacreditar al gobierno. Opiniones diversas lo sitúan en un punto intermedio: no se trataría de un cartel tradicional con un liderazgo único, sino de un sistema de corrupción y alianzas entre sectores militares y grupos armados trasnacionales, consolidado en medio de la crisis política y económica de Venezuela.
La expresión “Cartel de los Soles” apareció por primera vez en la prensa venezolana a inicios de los años 90, asociada a investigaciones por tráfico de drogas dentro de la Guardia Nacional. El nombre hace referencia a las insignias en forma de “soles” que identifican el rango de los oficiales superiores de ese cuerpo armado. Desde entonces, el término ha evolucionado hasta convertirse en sinónimo de una red que facilita y protege el tránsito de cocaína desde territorio venezolano hacia Estados Unidos, el Caribe y África Occidental.
A partir de finales de los años 90 y comienzos de los 2000, cuando Hugo Chávez rompió la cooperación militar con Estados Unidos, la estructura habría ganado fuerza. Sin presencia de la DEA y en medio de un reordenamiento interno de las Fuerzas Armadas, algunos oficiales comenzaron a controlar territorios fronterizos y rutas estratégicas, al tiempo que las guerrillas colombianas, especialmente las FARC, encontraban refugio en Venezuela durante la ofensiva militar del gobierno de Álvaro Uribe en Colombia. Esta interacción, señalan especialistas en seguridad, facilitó acuerdos operativos: logística, protección territorial y uso de pistas clandestinas y puertos a cambio de rentas.
Un sistema más que una organización
A diferencia de los grandes carteles colombianos o mexicanos, el Cartel de los Soles no opera como una estructura centralizada, no posee una jefatura formal ni un organigrama rígido. Diversos estudios sobre crimen organizado en Venezuela lo describen como una red fragmentada y adaptable, integrada por oficiales en servicio activo y retirados que controlan puntos específicos de la cadena de tráfico: pasos fronterizos en los estados de Táchira y Apure, puertos en el Caribe venezolano, y pistas en zonas selváticas próximas a Colombia y Brasil.
Analistas señalan que este sistema cumple, además, una función política interna. En un país donde la crisis económica ha deteriorado los salarios de la mayoría de los funcionarios, permitir el acceso a rentas ilícitas se convierte en una forma de asegurar la lealtad militar al gobierno. Esa es una de las razones por las que, más que un cartel clásico, se interpreta como un mecanismo de gobernabilidad dentro del aparato estatal.
En 2020, fiscales estadounidenses señalaron a Nicolás Maduro y a otros altos funcionarios de “conspirar para introducir cocaína en territorio estadounidense”. Washington ofrece actualmente 50 millones de dólares como recompensa por información que conduzca a la detención de Maduro, y 25 millones por Diosdado Cabello, uno de los dirigentes más influyentes del chavismo.
Estados Unidos sostiene que el Cartel de los Soles no solo facilita el tráfico de cocaína, sino que lo hace con la intención de “usar la droga como arma política” contra el propio territorio estadounidense. Las acusaciones fiscales alegan que, desde hace al menos dos décadas, sectores del gobierno venezolano habrían colaborado con grupos armados colombianos para inundar de cocaína el mercado norteamericano, a cambio de apoyo territorial y financiamiento ilícito. Según declaraciones oficiales del Departamento de Estado, este sistema habría permitido a la cúpula civil y militar venezolana obtener beneficios económicos y, al mismo tiempo, reforzar alianzas internas que garantizan la estabilidad del régimen.
Una red con proyección internacional
La frontera colombo-venezolana funciona desde hace años como una zona gris en la que conviven estructuras armadas irregulares, comunidades campesinas en estado de vulnerabilidad y presencia militar estatal. Disidencias de las FARC, miembros del ELN y bandas dedicadas al contrabando de gasolina y oro interactúan en estos territorios, lo que crea condiciones propicias para múltiples economías ilegales, entre ellas el narcotráfico.
Los expertos consultados por medios internacionales coinciden en que la ruta venezolana se ha convertido en una de las más relevantes para el tráfico de cocaína hacia Europa y Estados Unidos. La droga suele atravesar el territorio por vías terrestres y fluviales hacia puertos y pistas clandestinas, desde donde parte en avionetas o embarcaciones rápidas hacia islas del Caribe o países de tránsito en el Atlántico.
El esquema opera como una cadena descentralizada. No hay un único jefe que articule el flujo; en su lugar, cada grupo o célula militar controla una sección del trayecto. Cuando un oficial se jubila, es trasladado o pierde influencia, otro lo sustituye, manteniendo la estructura operativa. Esta flexibilidad permite que la red sobreviva a purgas internas, cambios gubernamentales o rotaciones militares.
Entre la negación oficial y la evidencia acumulada
El gobierno venezolano sostiene que el Cartel de los Soles no existe y que se trata de un argumento utilizado por Estados Unidos y otros países para justificar presiones diplomáticas y sanciones. Sin embargo, la existencia de procesos judiciales, investigaciones periodísticas, testimonios de exfuncionarios y colaboraciones con la justicia estadounidense ha alimentado la percepción internacional de que existe, al menos, una estructura criminal tolerada y beneficiada desde el Estado.
El caso de Hugo Carvajal, exjefe de inteligencia militar, y el del exgeneral Clíver Alcalá, ambos sometidos a procesos judiciales en Estados Unidos, ha reforzado estas interpretaciones. Ambos ocuparon posiciones de alto nivel y tuvieron acceso a información sensible del aparato militar. Las implicaciones de estas confesiones, sumadas a decenas de sanciones y expedientes abiertos, se proyectan sobre el equilibrio político venezolano.
A día de hoy, el Cartel de los Soles continúa siendo un tema clave para comprender la crisis venezolana. Más allá de sus formas cambiantes, de negaciones y acusaciones cruzadas, lo que parece claro es que el control del territorio y la economía ilegal se ha vuelto un componente central del poder político en Venezuela. Mientras el país atraviesa una crisis prolongada, este sistema de alianzas entre actores estatales y redes criminales sigue operando como una pieza fundamental del sostenimiento del régimen y de la inestabilidad regional.
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