MIAMI, Estados Unidos — Un tribunal federal de apelaciones de EE.UU. desestimó el recurso con el que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) intentó frenar la entrega de documentos y otras pruebas en la demanda presentada por médicos cubanos que acusan al organismo de beneficiarse del presunto trabajo forzoso en el programa Más Médicos, de Brasil.
El panel del Tribunal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia concluyó el 14 de agosto que no tenía competencia para revisar en esta etapa la orden probatoria dictada por el tribunal de primera instancia. “Concluimos que carecemos de jurisdicción sobre la apelación”, escribió el juez Bradley N. Garcia en nombre del panel, integrado también por las magistradas Patricia Millett y Florence Pan.
De esta manera, la apelación fue desestimada y el caso regresó al tribunal de distrito para continuar el procedimiento.
La decisión no establece que la OPS haya participado en trata de personas, no determina su responsabilidad por las condiciones denunciadas por los profesionales cubanos y tampoco resuelve definitivamente si el organismo está protegido por inmunidad. La segunda moción de desestimación presentada por la OPS permanece pendiente ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia.
El fallo mantiene vigente una orden que obliga a la OPS a responder 10 solicitudes de producción de documentos, dos interrogatorios y una solicitud para tomar declaración bajo juramento a Gerald Anderson, director de Administración del organismo. El tribunal de distrito autorizó esas diligencias después de casi dos años de negociaciones infructuosas entre las partes sobre el alcance de la obtención de pruebas.
La documentación solicitada está limitada a cuestiones necesarias para decidir si los tribunales estadounidenses tienen jurisdicción sobre la reclamación pendiente. Incluye información sobre las cuentas utilizadas para procesar los fondos de Más Médicos, el 5% retenido por la OPS, la eventual intervención de bancos estadounidenses y las personas que participaron desde EE.UU. en la planificación, administración, supervisión y manejo financiero del programa.
Entre las solicitudes aprobadas figuran comunicaciones relacionadas con el posible uso de un banco estadounidense, documentos sobre el movimiento de dinero y el destino del porcentaje retenido por la OPS, así como información destinada a establecer si las operaciones cuestionadas fueron realizadas desde Washington. De acuerdo con el tribunal, las diligencias buscan comprobar si el 5% “terminó en Estados Unidos” y si la actuación del organismo tuvo carácter comercial.
La OPS sostiene que ningún fondo de Más Médicos ingresó en EE.UU. ni pasó por una cuenta bancaria estadounidense. También niega que el 5% constituyera una comisión comercial y afirma que ese porcentaje cubría los costos indirectos de la asistencia técnica y administrativa prestada al programa. Fueron esas afirmaciones, respaldadas por declaraciones y estados bancarios entregados por el organismo, las que llevaron a los demandantes a solicitar acceso a más pruebas.
El Circuito de D.C. rechazó el argumento de la OPS de que podía apelar inmediatamente la orden probatoria por haber invocado inmunidad. Aceptar esa interpretación, razonó el tribunal, permitiría sucesivas apelaciones sobre cada interrogatorio, solicitud documental o deposición antes de resolver siquiera si el organismo debe ser protegido frente a la demanda.
“Han transcurrido casi ocho años y la cuestión de la inmunidad aún no ha sido resuelta”, observó el juez Garcia. El magistrado señaló que responder a pruebas limitadas sobre cuestiones que la propia OPS puso en disputa no equivale a obligarla a defenderse ya sobre el fondo de las acusaciones.
La demanda fue presentada inicialmente en Florida en 2018 por los médicos Ramona Matos Rodríguez, Tatiana Carballo Gómez, Fidel Cruz Hernández y Russela Margarita Rivero Sarabia, quienes posteriormente se establecieron en EE.UU. El proceso fue trasladado en 2020 al Distrito de Columbia, donde se encuentra la sede de la OPS. Los demandantes pretenden representar a una clase de aproximadamente 3.500 profesionales cubanos que habrían estado sometidos a circunstancias similares.
Los médicos alegan que el Gobierno cubano restringió sus desplazamientos y el contacto con sus familiares, les pagó solo una fracción de lo que Brasil destinaba a sus servicios y los sometió a amenazas de “acoso, intimidación y represalias”. La acción invoca la Ley de Protección de Víctimas de la Trata, que permite reclamar daños a quien se beneficie conscientemente de una empresa que sabía —o debía saber— que recurría a prácticas prohibidas por esa legislación.
Brasil lanzó Más Médicos en 2013 con el propósito declarado de llevar personal sanitario a comunidades con acceso insuficiente a la atención médica. Cuba aportó miles de trabajadores del Ministerio de Salud Pública y la OPS suscribió acuerdos con ambos gobiernos que le otorgaron un papel central en la estructura de pagos: Brasil transfería los fondos al organismo, este retenía el 5% y enviaba el resto a Cuba.
La demanda sostuvo inicialmente que los pagos ingresaban en una cuenta de Citibank de la OPS en Washington y que luego el 85% era enviado al Gobierno cubano, el 10% o menos llegaba a los profesionales y el organismo conservaba el 5%. No obstante, la OPS cuestiona que el dinero haya circulado por EE.UU. y niega que el porcentaje retenido fuera una tarifa por servicios de intermediación.
En marzo de 2022, el Circuito de D.C. determinó que, si se demostraba que la OPS había actuado desde Washington como intermediaria financiera “moviendo dinero a cambio de una tarifa”, esa conducta podía quedar comprendida en la excepción de actividad comercial a la inmunidad reconocida a las organizaciones internacionales.
Después de esa decisión, la OPS presentó una segunda moción de desestimación, esta vez para impugnar con pruebas los hechos utilizados por los médicos para sostener que existió actividad comercial en EE.UU. El tribunal de distrito autorizó entonces las diligencias dirigidas a resolver esa controversia factual, decisión que el organismo intentó apelar y que ahora permanece vigente.
Una vez concluida esta fase, el tribunal de distrito deberá decidir si la OPS conserva inmunidad frente a la reclamación pendiente. Si rechaza nuevamente ese argumento, el organismo podrá presentar otra apelación inmediata antes de que comience cualquier litigio sobre el fondo.
