ONG documentan la excarcelación de al menos 10 presos políticos cubanos

MIAMI, Estados Unidos ― Las organizaciones Justicia 11J y Prisoners Defenders confirmation este viernes las excarcelaciones de varias personas presas por motivos políticos en Cuba, tras el anuncio realizado un día antes por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), según el cual el régimen liberará “en los próximos días” a 51 personas sancionadas a privación de libertad. 

En su publicación más reciente, Justicia 11J dijo haber recibido “información de familiares sobre varias posibles excarcelaciones de personas privadas de libertad por razones políticas ocurridas en las últimas horas”, pero aclaró que su equipo estaba verificando “cada caso antes de compartir nombres o detalles”. La organización pidió a sus seguidores mantenerse atentos a futuras actualizaciones y añadió que tres fuentes familiares distintas también reportaron que, en el proceso en curso, “se estarían liberando personas privadas de libertad por delitos comunes, en una proporción que (…) podría superar la de personas encarceladas por razones políticas”.

Antes de ese mensaje, Justicia 11J había confirmado la excarcelación de dos manifestantes del 11J: Ronald García Sánchez y Adael Jesús Leyva Díaz, ambos liberados este viernes bajo la figura de “libertad condicional”, según las publicaciones difundidas por la ONG en Facebook.

Sobre Ronald García Sánchez, Justicia 11J señaló que su petición fiscal fue de 23 años de privación de libertad por el supuesto delito de sedición, que fue condenado inicialmente a 20 años y que, tras el recurso de casación, la sanción quedó en 14 años de prisión. 

En el caso de Adael Jesús Leyva Díaz, la misma organización indicó que fue procesado también por el supuesto delito de sedición. Según Justicia 11J, la Fiscalía pidió para él 21 años de privación de libertad; luego fue sancionado a 19 años y, en casación, la pena quedó en 13 años de prisión.

Justicia 11J advirtió además que, aunque todavía no se conocen las condiciones concretas de estas salidas, un proceso similar ocurrido en el primer trimestre de 2025 “consistió en el otorgamiento de beneficios penitenciarios condicionados y revocables, y no en amnistías ni indultos que implicaran la extinción total de las sanciones”.

La ONG agregó que, este viernes, su subregistro de personas privadas de libertad por razones políticas en Cuba ascendía a 760.

Por su parte, Prisoners Defenders afirmó en su publicación más reciente que 10 presos políticos habían sido excarcelados. La lista divulgada por la organización incluye a los dos nombres citados por Justicia 11J y, además, los de Ibrahín Ariel González Hodelin, de 26 años, condenado a nueve años y recluido en la prisión Mar Verde, en Santiago de Cuba; Ariel Pérez Montesino, de 52 años, condenado a 10 años y encarcelado en Guanajay, Artemisa; y Juan Pablo Martínez Monterrey, de 32 años, condenado a 11 años y preso en el campamento de trabajos forzosos Ceiba 5, en Artemisa.

La relación publicada por Prisoners Defenders suma además a Oscar Bárbaro Bravo Cruzata, de 27 años, condenado a 13 años y recluido en La Lima, Guanabacoa; José Luis Sánchez Tito, de 34 años, condenado a 16 años y preso en el Combinado del Este; Roberto Ferrer Gener, de 52 años, condenado a 15 años y también encarcelado en el Combinado del Este; Yussuan Villalba Sierra, de 35 años, condenado a 10 años y recluido en un destacamento de trabajo forzoso del Combinado del Este; y Eduardo Álvarez Rigal, de 36 años, condenado a 13 años y preso en La Lima, Guanabacoa.

En una actualización previa, Prisoners Defenders había informado que hasta ese momento podía confirmar ocho presos políticos excarcelados y que seguía “verificando información caso por caso para asegurar la identificación correcta de las personas excarceladas”. 

En esa misma publicación, la ONG alertó que, entre el grupo de 51 beneficiados, “podrían encontrarse presos comunes, como ocurrió en enero de 2025”. La organización añadió que ya había detectado “al menos dos casos de personas excarceladas que cumplían condena por delitos comunes y cuyas familias no estaban previamente en contacto con nosotros”, y atribuyó esa información al opositor Jorge Luis García Pérez, conocido como Antúnez.

Este jueves, el MINREX aseguró que la decisión de excarcelar a 51 reclusos había sido tomada “en el espíritu de buena voluntad” y en el marco de sus relaciones con el Vaticano. Asimismo, señaló que las 51 personas seleccionadas ya habían cumplido “una parte significativa de la pena” y mantenido “buena conducta en prisión”. 

Ni en ese comunicado ni en los reportes oficiales posteriores se identificaron a los reclusos beneficiados. Tampoco se aclararon cuántos de ellos estaban presos por razones políticas.