MADRID, España.- La escalada de la crisis energética y de suministro de combustible en Cuba ha entrado en una nueva fase de afectaciones profundas a la vida cotidiana de la población, luego de que el gobernante Miguel Díaz-Canel anunciara un paquete de medidas consideradas por analistas y ciudadanos como una versión renovada e improvisada de la “Opción Cero”. El plan, discutido en el Consejo de Ministros y en una sesión extraordinaria del Consejo de Defensa Nacional este jueves 5 de febrero, será hecho público en los próximos días, pero varias decisiones vinculadas ya empezaron a afectar sectores clave del país, sin planes claros de mitigación ni compensación para la población.
Díaz-Canel centró su reciente alocución en responsabilizar a factores externos, especialmente a los Estados Unidos y a lo que calificó como “persecución energética”, y apeló a la «resistencia creativa» de los cubanos, sin ofrecer soluciones concretas frente al desabastecimiento de combustible ni cronogramas precisos para mejorar el suministro eléctrico o el transporte.
Universidad de La Habana: semipresencialidad forzada y paralización de actividades
Una de las señales más claras del colapso ha sido la decisión de la Universidad de La Habana de transformar de manera abrupta su funcionamiento. En una publicación oficial, la institución informó que, debido a las dificultades para la entrada de combustible al país, extenderá la modalidad semipresencial a todas las carreras y programas de Técnico Superior Universitario durante al menos 30 días, a partir de este viernes 6 de febrero.
La medida incluye la posposición de las actividades del Congreso Universidad 2026, la reorganización total de los programas de estudio y el traslado del proceso docente a la plataforma digital EVEA, bajo el argumento de que su uso es gratuito. En la práctica, esto implica que miles de estudiantes deberán continuar sus estudios desde sus domicilios, en un país marcado por apagones prolongados, mala conectividad y escaso acceso a dispositivos tecnológicos.
La universidad también reconoció la imposibilidad de garantizar el traslado de los estudiantes becados hacia sus provincias, por lo que anunció una atención “diferenciada” sin explicar cómo se sostendrá la alimentación, la electricidad o el transporte de esos jóvenes. Asimismo, orientó la creación de grupos de guardia para proteger las instalaciones, una medida que revela la paralización parcial de la vida universitaria y el temor a un abandono físico de los centros docentes.
Lejos de ser una solución pedagógica, la semipresencialidad impuesta evidencia la incapacidad del Estado para sostener el funcionamiento básico de la educación superior, trasladando la carga logística, energética y tecnológica a estudiantes y profesores.
Transporte aún más afectado, suspensiones y racionamientos
La crisis también ha golpeado aún más el sistema de transporte interprovincial. En la provincia de Las Tunas fueron suspendidas las salidas de ómnibus nacionales hacia otros territorios, una señal clara de que no hay combustible suficiente para mantener servicios básicos de movilidad.
En Camagüey, circulan reportes de que se habría suspendido tanto el transporte como la venta de gasolina, aunque esa información no ha sido confirmada oficialmente por ninguna entidad estatal, lo que evidencia la falta de transparencia del Gobierno en torno al alcance real de estas medidas.
Más apagones y restricciones eléctricas en la Isla de la Juventud
La Empresa Eléctrica de la Isla de la Juventud anunció un nuevo esquema de apagones debido a la falta de combustible para la generación eléctrica, confirmando un agravamiento de la crisis energética en el territorio.
Según una nota oficial, las autoridades decidieron implementar un ciclo de afectaciones de cuatro horas, al que se suma una hora adicional en todos los circuitos, con un carácter cíclico y rotativo. La empresa precisó que estas medidas responden directamente al déficit de combustible disponible y a orientaciones recibidas desde instancias superiores tras los análisis realizados.
Aunque el comunicado señala que las restricciones “no son permanentes”, también aclara que su levantamiento dependerá exclusivamente de la evolución en la disponibilidad de combustible para la generación, sin ofrecer plazos concretos ni garantías de mejora a corto plazo. Las afectaciones, añade la entidad, serán informadas diariamente a través de sus canales oficiales.
Como en otras provincias, la solución propuesta por las autoridades vuelve a centrarse en el llamado al “uso racional y consciente” de la electricidad, en un contexto en el que los apagones prolongados impactan de forma directa la conservación de alimentos, el descanso, la cocción y la vida doméstica en general.
Escenario de colapso sin soluciones reales
Las decisiones anunciadas y aplicadas hasta ahora reflejan una gestión improvisada de una crisis que ha escalado a niveles sin precedentes en la historia reciente de Cuba. La apelación del régimen a consignas como “tenemos aire, tenemos agua, tenemos sol, tenemos biomasa” como supuestas soluciones energéticas —sin explicar cómo estos recursos se traducirán en mejoras tangibles para los apagones y el suministro— ha sido recibida con escepticismo y frustración por la población.
La sumatoria de suspensiones educativas, la interrupción de servicios de transporte y la profundización de los apagones evidencia la incapacidad del Gobierno para mantener el funcionamiento básico del país en medio de la crisis de combustible, en un contexto en el que las generaciones cubanas han experimentado durante años cortes prolongados de energía y un deterioro continuo de servicios públicos esenciales.
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