MIAMI, Estados Unidos. – La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba incorporó a su listado de represores a cuatro personas a las que señala como participantes en “sendos actos de repudio orquestados por la Seguridad del Estado” en Camagüey contra el jefe de misión de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer.
De acuerdo con un comunicado de la Fundación, se trata de Yoel Santiesteban López, identificado como jefe del Departamento de Organización del Comité Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en Camagüey; Yolanda Molina Castillo, secretaria de la UJC en el municipio Camagüey; Elsy Consuelo Tamayo López, miembro del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Camagüey; y Dayanny Francés Ferrera, también miembro del Comité Provincial de la UJC.
El texto afirma que los tres primeros “tomaron parte en el repudio que tuvo lugar el 31 de enero frente al hotel Santa María, en la Plaza del Gallo de la ciudad durante un apagón. Según la misma fuente, Hammer “fue rodeado por hombres y mujeres” que le gritaron consignas e insultos como “Abajo el bloqueo”, “Títere de Donald Trump”, “Asesino”, “Terrorista”, “Genocida”, “Fascista”, “Fuera de Camagüey” y “Quítennos el bloque y verán de lo que somos capaces”.
La nota de prensa añade que Dayanny Francés Ferrera grabó con su teléfono en la mañana del 1 de febrero la retirada del diplomático y sus acompañantes en la calle Agramonte y que los calificó de “pendejos” “por retirarse en autos y no a pie”.
El comunicado sostiene, además, que “otros participantes” pasarán “en los próximos días” a integrar el listado del proyecto. En esa relación, menciona a Emilio González Fritze, profesor de la escuela provincial del PCC; Yaimyr Victoria Basulto, jefa del Departamento Ideológico del Comité Provincial del PCC; Rafaela Castro Rondón, secretaria del sindicato oficialista en el Hospital Amalia Simoni; y Tamara Álvarez Loyola, militante del PCC y dirigente de la UJC.
La iniciativa atribuye la reconstrucción de lo ocurrido y la identificación de participantes a la colaboración de “activistas y ciudadanos en Camagüey” con el periodista exiliado José Luis Tan Estrada. En el mismo documento, el proyecto afirma que lo sucedido “constituye un incumplimiento por parte del Gobierno de la Isla de la obligación del Estado receptor de proteger a los diplomáticos acreditados y evitar cualquier atentado contra su persona, libertad o dignidad, estipulada por la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas adoptada en 1961”.
En su valoración, la Fundación califica de “deplorable” que estas personas “y otros participantes que serán listados en los próximos días” terminen en lo que describe como “lista de la infamia”, y afirma que “cargar[án] con el estigma de haber participado con motivaciones políticas en actos represivos punibles como intimidación, amenazas e injurias”.
El comunicado añade que, si llega “una nueva vida” para Cuba, el proyecto aspira a funcionar como “fuente fiable de evidencias para impartir la inevitable justicia”, y concluye con un llamado: “Aún están a tiempo de atenuar su responsabilidad renunciando a participar en hechos de los que después podrían arrepentirse”.
HAZ TU DONACIÓN AQUÍ
