LA HABANA, Cuba. – A la Gran Logia de Cuba “se le prohíbe realizar actividades oficiales”, no podrá “expedir certificaciones ni operar cuentas bancarias”. Tampoco las oficinas de la Gran Secretaría y Gran Tesorería podrán “recibir documentación alguna por estar suspendida nuestra Gran Logia”, informó el pasado viernes el ex Gran Maestro Mario Alberto Urquía Carreño mediante un comunicado al que CubaNet tuvo acceso.
Mario Urquía narra que fue citado el 5 de abril por la Oficina de Asociaciones del Ministerio de Justicia (MINJUS).
“Al personarme me fue entregado un documento oficial dirigido a mi persona en calidad de Gran Maestro de la Gran Logia de Cuba de A.L. y A.M., donde [se] manifiesta que se ha tenido conocimiento de elecciones realizadas el 24 de marzo y no se ha recibido aún el acta correspondiente de dicha sesión, por lo que no está validada por el MINJUS”, expone.
En “ausencia de la documentación requerida y la revisión de los documentos solicitados”, el MINJUS determinó la suspensión de la Gran Logia “hasta el esclarecimiento de lo acaecido”.
El ex Gran Maestro informó igualmente que el resto de las logias del país pueden continuar sus trabajos, así como asegura que en “los próximos días” se presentará en el Gran Templo Nacional Masónico como Gran Maestro legalmente en funciones.
No refiere cómo regresará a su puesto ni quiénes lo apoyan pero, de hacerlo, Urquía estaría violando la división de poderes de la Masonería y su destitución por parte de la representación de las más de 300 logias del país que, el 24 de marzo pasado, acataron su anterior expulsión del Supremo Consejo y, por tal motivo, le impidieron abrir y presidir la sesión anual a gritos de “fuera, usurpador, sinvergüenza, traidor”.
Por qué ocurre la suspensión por parte del MINJUS
CubaNet corroboró con varias fuentes que, efectivamente, el MINJUS suspendió las actividades oficiales y la posibilidad de operar cuentas bancarias tanto a la Gran Logia como al Supremo Consejo del Grado 33 para la República de Cuba (el que rige los grados superiores, del 4 al 33).
En el caso del Supremo Consejo, la decisión responde a una misiva que recibiera la entidad de parte de Mario Urquía en la que este expone la supuesta ilegalidad del Supremo Consejo luego de que el Soberano Gran Comendador, José Ramón Viñas Alonso, fuera expulsado ilegalmente.
La disposición de esta autoridad gubernamental ocurre a casi dos semanas de la designación de un nuevo Gran Maestro durante la sesión anual de la Alta Cámara Masónica (Poder Legislativo y único con las facultades para destituir y elegir a un Gran Maestro en funciones).
Sin embargo, Urquía insiste en que “lo acontecido” fue “inconstitucional” y, por tal motivo, ha dirigido “varios documentos” al Registro de Asociaciones del MINJUS “en los cuales procura restar veracidad y, por tanto, ilegitimar los trabajos realizados en el seno del Órgano Supremo de la Masonería Cubana”, según expusiera el nuevo Gran Maestro, Juan Alberto Kessel Linares, en un comunicado fechado el 1 de abril y al que CubaNet también tuvo acceso.
“Según la Ley de Asociaciones, el MINJUS puede hacer lo que quiera para manipular a las asociaciones fraternales y, lo que no, se lo inventa. Ya sabemos que en Cuba solo funciona la ley del más fuerte”, indica la fuente.
El artículo 19 de la Ley 54 de 1985, conocida como Ley de Asociaciones, dispone que “el Ministerio de Justicia podrá imponer a las asociaciones y sus directivos las sanciones administrativas que se establezcan en la legislación especial sobre la materia, cuando una u otras infringieren lo establecido en la ley o en los estatutos o reglamentos internos y las normas de relaciones (…)”.
Según el Reglamento de la Ley de Asociaciones (Resolución No. 53/86 del MINJUS), las asociaciones deben entregar una “relación de los acuerdos adoptados en las Juntas Generales de Asociados, dentro de los diez primeros días del mes siguiente al que fueron adoptados” (Artículo 41, inciso a). Es decir, que el plazo establecido vence el día 10 del mes en curso.
“Por eso creemos que esta decisión es desproporcionada”, refirió a CubaNet un masón con amplios conocimientos de la legislación.
No obstante, en el inciso d del artículo 41 del mismo Reglamento se estipula igualmente que las asociaciones deben entregar al Registro correspondiente la “relación nominal de las personas que desempeñarán los cargos directivos de la asociación, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de su designación” (plazo que venció el mismo día 4 de abril, cuando se notificó la suspensión).
“Los retrasos en este tipo de cuestiones burocráticas son normales, siempre han sucedido y suelen resolverse sin llegar a este tipo de situaciones extremas pero, al parecer, el MINJUS está tratando de apresurar las cosas y justificando esta intromisión a partir de los comunicados de Urquía. Es él quien está fomentando el caos y propiciando esta injerencia en nuestros asuntos internos”, añadió.
“El menor de los asuntos es si estamos en plazo o no”, expuso otro masón consultado. “La Ley establece que el MINJUS puede inspeccionarnos y solicitarnos información cuando lo estime pertinente y, en caso de suceder, se encontrarán con una brecha que hemos propiciado los propios masones”.
Según este masón, en la sesión de Alta Cámara del 24 de marzo se cometió una ilegalidad que pudiera servir de pretexto para la intromisión de la Oficina de Asuntos Religiosos y Fraternales del Comité Central del Partido Comunista a través del MINJUS: según estipula la legislación masónica, debió asumir la Gran Maestría el Diputado Gran Maestro Gerardo Cepero Díaz y no Juan Alberto Kessel Linares.
Otro masón consultado por CubaNet aseveró que “esta es una Gran Maestría tan ilegal como la anterior. Aquella por corrupta, esta por inconstitucional”.
“Todo eso Mario Urquía lo sabe, y por eso está tratando de maniobrar a su favor, con la complicidad del MINJUS. Pero estamos en tiempo de resolver esta ilegalidad y así evitar tanto que vuelva Mario Urquía a la Gran Logia ―solo posible por imposición del MINJUS, porque está expulsado y eso no es reversible― como una sanción mayor a la Gran Logia”, afirmó.
Persisten las tensiones
Las tensiones dentro de la Masonería en Cuba escalaron tras el robo de 19.000 dólares en la oficina Mario Urquía el pasado 5 de enero, delito por el cual constituye el único sospechoso investigado por la Policía.
En febrero último dos masones lo acusaron a nombre del Patronato del Asilo y el Director del Asilo Nacional Masónico por los delitos de “incumplimiento del deber de preservar los bienes de entidades económicas” (Artículo 303 del Código Penal) e “incumplimiento del deber de denunciar” (Artículo 204). La parte acusadora se basa en que, aunque Urquía Carreño hizo la denuncia del robo, solo lo hizo casi una semana después y por exigencia del Patronato del Asilo, además de que manifestó intención de ocultar el delito.
CubaNet corroboró que Mario Urquía se ha comprometido a devolver los 19.000 USD en pocos meses. Sin embargo, sobre este aspecto y el robo de este dinero perteneciente al Asilo Nacional Masónico y que estaba bajo su custodia, solo dice en su comunicado que “en su momento” informará lo sucedido, así como pide paciencia pues “muy pronto tendremos las respuestas que necesitamos y que distan mucho de lo publicitado y que solo persiguen legitimar el ‘Golpe de Estado’ orquestado por un grupo de hermanos”.
A una semana de su expulsión, Urquía también fue acusado ante las autoridades cubanas por apropiación indebida de 2.360 dólares que le fueron entregados al inicio de su Gran Maestría, en marzo del pasado año.
“Han seguido apareciendo montos de dinero faltantes durante su gestión como Gran Maestro”, aseguró a CubaNet un masón que solicitó el anonimato.
“Que se dirija a los masones cubanos después de ser expulsado de manera tan bochornosa y ante tanto descrédito pareciera una burla. Pero ya sabemos lo que hay detrás: la Seguridad del Estado lo está forzando para sembrar el caos y luego rehacer la Masonería a su manera y con sus comprometidos”, añadió la misma fuente.
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