MADRID, España.- Tras detallar los ejes políticos y cívicos del Plan de Salvación Nacional —el paro nacional y la conformación de un gobierno de transición—, el documento impulsado por la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC) incorpora un tercer componente decisivo: la liberación económica, concebida como base material de la soberanía ciudadana. Este apartado, titulado “Plan de Liberación Económica”, establece una hoja de ruta que busca “devolver la soberanía plena al pueblo de Cuba” y garantizar que los cubanos “recuperen su voz en las grandes decisiones económicas y el control sobre su propiedad, trabajo e iniciativas económicas propias”.
El texto define la transición como un tránsito “inexorable desde el socialismo (o economía centralmente planificada) hacia una economía libre (o economía de mercado)”, y subraya que esta transformación debe comenzar de forma gradual, diferenciando entre reformas “imprescindibles y posibles en el corto plazo” y aquellas de mayor complejidad que solo podrán concretarse en el mediano o largo plazo. El objetivo final, en palabras del Manifiesto, es que la recuperación económica conlleve “la recuperación del valor subjetivo de los bienes, principio económico sin el cual no se puede establecer la soberanía económica de la ciudadanía”.
El retorno de la propiedad privada como base del cambio
El primer principio del programa económico es categórico: la propiedad privada como derecho inalienable. “La vida, la libertad y la propiedad de las personas priman por sobre los derechos colectivos”, afirma el documento, estableciendo un punto de ruptura con el modelo socialista vigente. La defensa de la propiedad individual es presentada no solo como fundamento ético, sino también como condición necesaria para la reconstrucción económica y la creación de una ciudadanía libre y responsable.
En este sentido, el plan propone la restitución de activos nacionales a sus legítimos dueños, la devolución de la tierra a quienes la trabajan y la liquidación de conglomerados controlados por el poder político, como el grupo empresarial militar GAESA. La disolución de estas estructuras se describe como un paso esencial para “neutralizar la reserva de represión líquida del previo régimen” y permitir una redistribución equitativa de la riqueza mediante bonos públicos y mecanismos transparentes de participación ciudadana en la privatización.
Un Estado reducido y una fiscalidad transparente
El segundo eje de la propuesta económica es la reforma profunda del aparato estatal, que el Manifiesto define como la transición hacia “un Estado pequeño con una red social eficiente que atienda las emergencias pero que no se vuelva el único motor de la economía”. La idea no es eliminar las funciones del Estado, sino limitar su alcance ideológico y burocrático, reduciendo su peso parasitario sobre la economía nacional.
En sintonía con ello, el plan propone una política fiscal prudente, con impuestos bajos y de estructura simple —un “flat tax” o tasa única—, acompañada de transparencia presupuestaria. “Los gastos no pueden superar a los ingresos en el corto y mediano plazo”, advierte el documento, planteando un cambio radical respecto al déficit crónico del actual sistema cubano.
Esta visión es reforzada por Orlando Gutiérrez-Boronat, coordinador de la ARC, quien sostiene que el nuevo modelo debe permitir que “los cubanos vuelvan a ser amos de su propia existencia nacional, en todo sentido”. En su análisis, el Estado debe “proteger la soberanía de los cubanos, sus derechos y ayudar a los más débiles”, pero sin convertirse en un instrumento ideológico ni en una carga para la ciudadanía. “El Estado hay que reducirlo para que cumpla con su función y punto”, enfatiza.
Desregulación, privatización y libre mercado
Uno de los conceptos más recurrentes en la exposición de Gutiérrez-Boronat es el de desregulación. Según explica, “una vez que se quitan las barreras impuestas por las regulaciones absurdas del Partido Comunista, puede comenzar a gestarse y a fluir la creatividad del cubano”. Para el dirigente, “el cubano es muy empresario, enfrenta los problemas, es creativo. Cada vez que se ha desregulado la economía, esta prospera”.
El Plan de Salvación coincide con ese diagnóstico. Propone un proceso de desregulación profunda para “promover la innovación y la aparición de nuevas empresas y emprendimientos”, con el objetivo de construir un entorno similar al de los países con mayor agilidad empresarial. Cita ejemplos como Estonia y Chile, donde abrir un negocio toma apenas unos días. La eliminación de monopolios, el fin de los subsidios corporativos y la venta transparente de empresas estatales se enumeran como pasos indispensables para liberar la economía.
En paralelo, se plantea un programa de privatizaciones escalonado. Las empresas públicas y semipúblicas serían transferidas al sector privado, fomentando la competencia y evitando la corrupción. En palabras de Gutiérrez-Boronat, este proceso debe incorporar a la población mediante mecanismos participativos: “Como hizo la República Checa o Polonia, el cubano dentro de la isla debe participar en la privatización y ganar con la privatización”.
El líder opositor añade que esto requiere “una auditoría rápida de cuáles son las empresas reales, cuáles son las fiables, cuáles no son las fiables y poder proceder rápidamente a reorganizarlas, a cerrar algunas y a privatizar otras”. Para evitar la captura del proceso por intereses particulares, se prevé la supervisión del Consejo de Salvación Nacional, órgano colegiado encargado de conducir la transición.
Reforma monetaria y bancarización independiente
El documento dedica especial atención a la política monetaria. Uno de sus puntos centrales es la creación de un Banco Central independiente, encargado de estabilizar la moneda y garantizar la confianza financiera. Se contempla la posibilidad de dolarizar la economía durante la primera etapa de reconstrucción, en tanto medida de choque que aporte credibilidad y frene la inflación.
“El dólar tendrá curso legal en tanto es una política de mercado que debe ser parte del proceso”, señala el texto. Asimismo, el Manifiesto propone el cierre de las instituciones bancarias comunistas y la apertura de entidades financieras “transparentes que se ajusten al sistema bancario internacional”.
Gutiérrez-Boronat coincide en esa línea y considera que la privatización de la banca es esencial para acabar con los mecanismos de control político: “La banca existente es una herramienta de poder del régimen. Hay que crear una nueva banca que responda a los intereses de los usuarios, que responda al valor del trabajo y de una nueva moneda nacional”. En su opinión, la dolarización podría ser “una estrategia muy efectiva para sacar a Cuba de la inestabilidad bancaria y de la hiperinflación que sufre el pueblo actualmente”.
Integración geoeconómica con Estados Unidos y el mundo libre
El componente geoeconómico ocupa un lugar estratégico dentro del plan. La propuesta enfatiza que la integración económica con Estados Unidos es “inexorable y una ventaja comparativa que Cuba deberá aprovechar”. Esta relación, interrumpida por más de seis décadas de confrontación política, es concebida como clave para la recuperación del país.
Gutiérrez-Boronat sostiene que “fue una maldad alejar a Cuba de su mercado natural”. Por eso, propone avanzar hacia un escenario en el que ambos países puedan “volver a ser socios comerciales”, incluso explorando la creación de “una comunidad económica y judicial” con Estados Unidos. El líder opositor menciona también la necesidad de abrir vínculos con Europa, Asia y “países democráticos como Taiwán”, interesados en invertir en la reconstrucción de la Isla.
El libre comercio, tanto interno como externo, es descrito en el Manifiesto como una política esencial de corto y mediano plazo. El documento sugiere reducir aranceles de forma unilateral y avanzar hacia acuerdos de libre comercio, con especial prioridad en un eventual convenio con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA). Esta apertura busca, en palabras de Gutiérrez-Boronat, que “Cuba prefiera el comercio y no la ayuda”, siguiendo el modelo estonio.
Aprovechar las ventajas comparativas: salud y educación
Más allá de la macroeconomía, el plan plantea estrategias sectoriales orientadas a aprovechar las capacidades existentes en áreas clave. Una de ellas es la salud, que a pesar del deterioro del sistema, conserva un capital humano significativo. El Manifiesto sugiere atraer a la población estadounidense mayor de 60 años —un segmento en crecimiento y con poder adquisitivo— para recibir atención médica en Cuba a costos competitivos. Este sector, dice el texto, podría convertirse “en un motor de la economía de la transición no inmediata”.
Del mismo modo, se propone impulsar un “boom” en la economía de la educación, ofreciendo programas de grado y posgrado a jóvenes latinoamericanos y norteamericanos a precios más accesibles que en sus países de origen. Esta visión pretende transformar el conocimiento en un activo exportable y fortalecer la proyección internacional de Cuba como destino académico.
Reforma agraria y soberanía alimentaria
El documento dedica un apartado específico a la agricultura, redactado con aportes de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (FLAMUR) y la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. El objetivo es “restablecer la agroindustria y volver a ser autosustentables en materia de alimentos”.
Para lograrlo, se propone devolver los títulos de propiedad “a todos los productores agrícolas” y garantizar libertades básicas: “Libertad para la producción y distribución de nuestros productos; libertad para fijar precios de acuerdo con el mercado; libertad para importar y exportar directamente; eliminar por diez años todos los impuestos a productores y procesadores de alimentos”.
Este punto se articula con el principio general del plan: solo mediante la propiedad y la libertad económica el ciudadano puede ser soberano.
Hacia una soberanía económica ciudadana
El enfoque económico del Plan de Salvación Nacional, más que un conjunto de medidas técnicas, se presenta como una redefinición del contrato social cubano. Gutiérrez-Boronat lo resume al afirmar que el objetivo es que “el cubano pase de ser proletario para convertirse en propietario”, devolviéndole el control sobre su destino y el valor de su trabajo.
La propuesta combina liberalización económica con elementos de justicia distributiva, al promover la participación popular en la privatización y la reconstrucción. Pero también supone desafíos significativos: desde la necesidad de construir instituciones confiables hasta el riesgo de desigualdades en el proceso de transición.
El Manifiesto reconoce implícitamente esas tensiones, al distinguir entre lo “imprescindible pero no posible” en el corto plazo y lo “inexorable” a mediano o largo término. Esa gradualidad, más que una debilidad, podría ser una de las claves para que la reconstrucción no derive en una nueva fractura social.
El Plan de Salvación Nacional propone un cambio de paradigma: de una economía estatalizada y dependiente a un modelo basado en la libertad individual, la propiedad privada y la integración con el mundo democrático. Su visión de la reconstrucción económica busca no solo restaurar la producción y el comercio, sino también restituir la dignidad del ciudadano como sujeto económico libre.
Como resume Gutiérrez-Boronat, “si el cambio es real, si tenemos condiciones claras, diáfanas y transparentes para el pueblo de Cuba y para la comunidad internacional, la inversión viene, el dinero viene”. Esa confianza —en el talento y la capacidad emprendedora del cubano— es el fundamento de la liberación económica que el plan plantea como paso final en el camino hacia una Cuba libre.
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