MIAMI, Estados Unidos ― Cinco economistas cubanos publicaron este lunes una propuesta de transformación que plantea sustituir el modelo de planificación central vigente en la Isla por una economía social de mercado sustentada en un Estado democrático de derecho.
La hoja de ruta, de 120 páginas, incluye entre sus medidas centrales la fragmentación del conglomerado militar GAESA, la eliminación del monopolio de CUPET sobre los combustibles, la ampliación de la propiedad privada y un proceso gradual de estabilización, recuperación productiva y reforma institucional.
El documento, titulado Propuesta para transformar la economía cubana, fue elaborado por Mauricio de Miranda Parrondo, Pedro Monreal González, Omar Everleny Pérez Villanueva, Ricardo Torres Pérez y Pavel Vidal Alejandro. La iniciativa, anunciada inicialmente el 22 de junio, cuenta con el acompañamiento institucional del Cuba Study Group y el Observatorio sobre la Economía Cubana, aunque sus conclusiones son responsabilidad exclusiva de los autores.
“Cuba enfrenta la crisis económica y social más profunda de su historia contemporánea”, sostiene el informe, que atribuye el deterioro a la convergencia del agotamiento del modelo económico, errores persistentes de política económica, transformaciones geopolíticas y el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos. Entre sus principales manifestaciones señala la contracción productiva, la inflación, la depreciación del peso, el deterioro de los servicios públicos, la pérdida del poder adquisitivo, la descapitalización de la infraestructura y el aumento de la pobreza.
Los autores consideran inviable enfrentar esa situación mediante “medidas parciales o ajustes administrativos” y defienden un proceso integral que permita estabilizar la economía, recuperar las capacidades productivas e institucionales y crear un modelo capaz de generar “prosperidad, equidad y oportunidades para todos los ciudadanos”. Su objetivo declarado es construir una economía abierta, competitiva e inclusiva, con diversas formas de propiedad, estabilidad macroeconómica y una política social que limite el costo de los ajustes sobre los sectores vulnerables.
La propuesta no limita los cambios al ámbito económico. “La transformación económica debe ir acompañada de una transformación política e institucional que permita construir una economía social de mercado sustentada en un Estado democrático de derecho”, indica. Ese sistema, según el texto, debe garantizar las libertades de expresión, asociación y prensa; elecciones libres, competitivas, pluripartidistas, inclusivas, periódicas y transparentes; y la subordinación de gobernantes y poderes públicos a la Constitución y al ordenamiento jurídico.
El documento descarta expresamente que Cuba deba reproducir los modelos de liberalización económica bajo gobiernos comunistas aplicados en China y Vietnam. Aunque reconoce sus resultados en crecimiento y reducción de la pobreza, advierte que la ausencia de alternancia y controles ciudadanos mantiene las reformas sujetas a decisiones discrecionales. Los economistas defienden la democracia “como un valor en sí mismo” y rechazan cualquier justificación de regímenes autoritarios basada exclusivamente en sus resultados económicos.
La viabilidad de la hoja de ruta depende, sin embargo, de cuatro condiciones que los autores presentan como supuestos de trabajo, no como predicciones: un avance sustantivo en las negociaciones entre La Habana y Washington; una inserción internacional más diversificada; financiamiento externo de emergencia; y condiciones políticas internas que permitan sustituir el modelo vigente.
El texto recalca que las sanciones estadounidenses no son la causa fundamental de la crisis, pero agravan sus efectos y restringen el acceso a mercados, tecnología, combustibles, inversiones, sistemas de pago y financiamiento.
El proceso está dividido en tres fases parcialmente superpuestas. La primera, con una duración aproximada de tres años, buscaría detener el deterioro macroeconómico y social, atender las carencias más urgentes y concentrar recursos en energía, agricultura y turismo. La segunda estaría dedicada a la reactivación productiva y la transformación institucional, mientras que la tercera definiría la estrategia de desarrollo a largo plazo, la inserción internacional, la redistribución de la riqueza, el papel del Estado y un nuevo contrato social.
En materia fiscal, los economistas desaconsejan profundizar la austeridad porque, a su juicio, “el Gobierno cubano ya ha aplicado un ajuste por empobrecimiento” mediante la inflación y la caída de los salarios y las pensiones reales. Proponen integrar las operaciones de todas las entidades estatales —incluidas las vinculadas con GAESA— a la arquitectura fiscal civil, transparentar las cuentas públicas, reducir los subsidios generales y concentrar la asistencia en los hogares vulnerables, sin eliminar la gratuidad de la educación y la salud públicas. También plantean ajustar pensiones y salarios estatales según la inflación y los recursos fiscales realmente disponibles, sin financiar esos aumentos mediante emisión monetaria.
La reforma monetaria contemplaría unificar los tipos de cambio oficiales utilizando como referencia inicial el mecanismo formal más próximo al mercado informal, implantar temporalmente una flotación administrada y legalizar operaciones actualmente informales mediante casas de cambio privadas e instituciones financieras no bancarias. El documento rechaza una dolarización completa, debido a sus posibles costos sociales, aunque admite mantener transitoriamente operaciones dolarizadas vinculadas con la inversión extranjera y el comercio exterior.
En el sector energético, el programa propone asegurar mediante financiamiento internacional un suministro mínimo de combustibles para generación eléctrica, transporte básico, aviación y bombeo de agua. También plantea eliminar el monopolio de la empresa estatal Cuba Petróleo (CUPET) sobre la importación, distribución y comercialización de combustibles, crear un regulador independiente, contratar generación eléctrica de emergencia, rehabilitar termoeléctricas y grupos electrógenos, mejorar la calidad del combustible y acelerar proyectos solares con sistemas de almacenamiento.
Para la agricultura, los autores proponen autorizar empresas privadas sin restringirlas a la categoría de mipymes, extender los contratos de usufructo de tierras estatales ociosas por 50 años —prorrogables por igual período— y permitir extensiones de hasta 402 hectáreas por titular. Los certificados de usufructo podrían transferirse en un mercado secundario regulado, mientras que propietarios y usufructuarios quedarían autorizados a comprar tierras, registrar empresas agropecuarias y contratar operadores especializados.
El plan propone además incorporar gradualmente al mercado las tierras estatales gestionadas por las Unidades Básicas de Producción Cooperativa: el 50% de sus 1,4 millones de hectáreas durante el segundo año de la primera fase y el resto en años posteriores. A ello suma mercados mayoristas provinciales, comercio electrónico agropecuario, importación y exportación directa, pagos en divisas a determinados productores y programas urgentes de siembra de arroz, frijoles, viandas y hortalizas.
En el ámbito empresarial, los economistas proponen eliminar las prohibiciones generales que limitan la actividad privada, sustituir las autorizaciones discrecionales por un registro comercial y conceder incentivos tributarios temporales a nuevos negocios.
Para las empresas estatales, el programa plantea eliminar los rescates automáticos, clasificar las entidades según su viabilidad, cerrar o liquidar de forma ordenada las improductivas y privatizar selectivamente activos mediante licitaciones abiertas y valoraciones independientes. Los autores advierten que una privatización acelerada, sin instituciones sólidas, elevaría el riesgo de corrupción y permitiría que grupos privilegiados capturaran patrimonio público; por ello, proponen prohibir que los directivos compren los activos que administran y garantizar participación y protección laboral para los trabajadores afectados.
GAESA recibiría un tratamiento específico por su peso en el turismo, el sistema financiero, el comercio exterior y el control de divisas. El informe apunta que la información disponible “sugiere” que el conglomerado militar controla una porción significativa de la economía y opera al margen de los mecanismos ordinarios de supervisión. La propuesta contempla fragmentar su estructura monopólica, transferir sus empresas a instituciones civiles, incorporar sus impuestos y dividendos al presupuesto, vender selectivamente activos y entregar al Banco Central las reservas internacionales y otras disponibilidades en divisas actualmente bajo su control.
En comercio exterior e inversión, la hoja de ruta propone eliminar los monopolios estatales de intermediación, permitir operaciones directas de importación y exportación, crear una ventanilla única digital, reducir barreras aduaneras y aplicar reglas iguales a empresas estatales, privadas, cooperativas y mixtas. Para los inversionistas extranjeros, plantea reemplazar autorizaciones discrecionales por registros generales, establecer mecanismos de arbitraje, permitir instituciones financieras no bancarias con capital extranjero y eliminar la intermediación obligatoria de las agencias empleadoras estatales, de manera que los trabajadores reciban directamente sus salarios.
El programa también recomienda solicitar la incorporación o reincorporación de Cuba al Fondo Monetario Internacional, el Grupo Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.
Otro capítulo aborda las propiedades confiscadas después de 1959. La propuesta plantea abrir negociaciones internacionales, registrar y verificar reclamaciones y combinar restituciones, bonos, títulos públicos y participación en privatizaciones. Al mismo tiempo, establece que quienes adquirieron legalmente viviendas, tierras u otros bienes después de las confiscaciones no deben ser despojados: las reclamaciones originales tendrían que resolverse mediante compensaciones u otras fórmulas que protejan a los actuales propietarios legítimos.
La dimensión social y laboral incluye transferencias focalizadas, rehabilitación de servicios esenciales, capacitación y reinserción de trabajadores desplazados, así como una reforma del Código de Trabajo aplicable a empleadores estatales, privados, cooperativos, mixtos y extranjeros. Los autores proponen garantizar la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga, además de profesionalizar la administración pública, descentralizar competencias hacia los territorios, publicar presupuestos y contratos estatales, regular los conflictos de intereses y proteger a los denunciantes de corrupción.
La hoja de ruta se distancia políticamente de las 176 medidas económicas y sociales aprobadas en junio por la Asamblea Nacional, aunque aclara que no constituye una respuesta ni una evaluación de ese programa.
Los autores presentan el texto como una primera versión sujeta a modificaciones periódicas y al debate público. “La propuesta presentada en este documento no pretende constituir un programa cerrado ni ofrecer respuestas definitivas a todos los desafíos que enfrentará la transformación de Cuba”, advierten, antes de señalar que su contenido deberá someterse a monitoreo, escrutinio, crítica y ajustes según la evolución de las condiciones económicas, sociales, políticas e internacionales del país.
