MIAMI, Estados Unidos ― El “copresidente” de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció este domingo que el país no volverá a celebrar elecciones y adelantó que promoverá nuevas leyes para impedir que los partidos opositores puedan disputar el poder.
Ortega hizo el anuncio durante el acto central por el aniversario 47 del triunfo de la Revolución Sandinista, celebrado el 19 de julio en la Plaza de la Fe Juan Pablo II, en Managua. Al referirse a la posibilidad de que sus adversarios políticos llegaran al Gobierno, sentenció: “Aquí no volverá a haber elecciones”.
El gobernante justificó la supresión de los comicios presentando a los grupos opositores como organizaciones creadas y financiadas por Estados Unidos para desalojar al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) del poder. También anunció que trabajará con la Asamblea Nacional y otras instituciones para aprobar normas que “les pongan un muro, un bloque, a los golpistas, a los vendepatrias”.
Ortega no explicó en su discurso cómo pretende eliminar formalmente las votaciones. La Constitución vigente reconoce en su artículo 51 el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos en elecciones periódicas; establece que los “copresidentes” deben ser escogidos mediante sufragio universal, directo, libre y secreto, y ordena celebrar elecciones generales cada seis años.
El anuncio da por cancelados, en términos políticos, los comicios generales previstos para noviembre de 2027. Esa convocatoria había sido desplazada un año después de que la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, aprobara en enero de 2025 una reforma constitucional que extendió de cinco a seis años los mandatos de las autoridades elegidas por voto popular. La misma reforma elevó a Rosario Murillo, esposa de Ortega, a la condición de “copresidenta” y colocó bajo la coordinación de la Presidencia los órganos Legislativo, Judicial, Electoral y de control del Estado.
La competencia electoral ya había sido prácticamente anulada antes de este anuncio. Las presidenciales de 2021 fueron ampliamente cuestionadas después de que las autoridades encarcelaran a los aspirantes opositores con posibilidades de enfrentar a Ortega, detuvieran a dirigentes empresariales y criminalizaran la disidencia.
Ortega, que regresó a la Presidencia en 2007 y cumple su cuarto mandato consecutivo, fue proclamado vencedor de aquella votación, cuya legitimidad fue rechazada por numerosos gobiernos y organismos internacionales.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, condenó este martes el anuncio y sostuvo que Ortega y Murillo habían abandonado incluso la apariencia de consentimiento popular. “El pueblo nicaragüense tiene derecho a elegir a sus propios líderes mediante elecciones democráticas”, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense.
Tiziano Breda, analista de la organización Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), consideró que el anuncio evidencia el temor de Ortega y Murillo a que cualquier apertura política facilite la aparición de un movimiento opositor capaz de amenazar su permanencia en el poder. “En lugar de escenificar una elección amañada, han optado por eliminar por completo la competencia electoral”, declaró a Reuters.
El excandidato presidencial Félix Maradiaga, encarcelado entre 2021 y 2023 y posteriormente expulsado a Estados Unidos, interpretó las palabras de Ortega como una admisión de que su proyecto no está dispuesto a someterse a ninguna forma de competencia democrática.
La anunciada eliminación de los comicios se produce en medio de una prolongada campaña represiva. Al menos 46 personas permanecen encarceladas por motivos políticos, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, aunque el régimen niega que existan presos de esa naturaleza.
Desde las protestas de 2018, las autoridades han cerrado más de 5.000 organizaciones religiosas, civiles y educativas, despojado de la nacionalidad y los bienes a opositores y obligado a miles de nicaragüenses a abandonar el país. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas concluyó que el Gobierno ha cometido violaciones generalizadas y sistemáticas que constituyen crímenes de lesa humanidad, una conclusión reiterada en su informe de marzo de 2026.
