LIMA, Perú – El Ministerio Público de Honduras anunció este viernes la apertura de una investigación sobre la posible inclusión de personal no médico en las brigadas de salud enviadas por el régimen cubano, así como otras posibles irregularidades que tuvieron lugar durante el gobierno de Xiomara Castro.
Reportes de EFE y 11Noticias señala que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) iniciará una auditoría sobre los convenios. Entre los aspectos bajo revisión figuran la opacidad en los salarios —estimados entre 1.600 y 4.700 dólares mensuales por profesional— y acusaciones sobre la supuesta inclusión de “falsos médicos” en la brigada.
El abogado del Colegio Médico de Honduras, Saúl Bueso, explicó que la auditoría buscará determinar si los pagos realizados fueron proporcionales a los servicios prestados a la población, aclarando que la función del TSC es técnica y no penal.
Opacidad y denuncias de irregularidades
El último martes trascendió que unos 128 médicos cubanos abandonarían territorio hondureño después de que el Gobierno del actual presidente Nasry Asfura decidiera no renovar el convenio de cooperación sanitaria que los mantenía en el país desde hace dos años.
El secretario de Comunicaciones, José Augusto Argueta, indicó que la medida responde a incumplimientos en los requisitos de permanencia y falta de acreditación profesional.
Por su parte, el diputado Carlos Umaña, del Partido Liberal de Honduras, cuestionó que los términos del acuerdo se conocieran públicamente años después de su entrada en vigor, lo que, a su juicio, evidencia fallas de transparencia.
En un comunicado difundido en X, la Fiscalía en Honduras indicó que actúa de oficio tras denuncias divulgadas en medios y redes sociales que señalan que, junto a especialistas de la salud cubanos, habrían sido contratadas personas con otras profesiones, como electricistas, conductores o economistas, para laborar en el sistema público.
“La investigación comprenderá el análisis de los procedimientos de contratación, la revisión documental correspondiente y la identificación de las personas responsables de la autorización, gestión y suspensión de dichos procesos”, añade el comunicado.
“El Ministerio Público actuará con independencia y objetividad, garantizando que, de existir mérito, se deduzcan las responsabilidades penales que correspondan”, remarcó.
Según fuentes del actual Ejecutivo, unos 170 cubanos trabajaban en el país con remuneraciones de al menos 1.600 dólares mensuales, además de beneficios como alojamiento, transporte y pasajes aéreos, en virtud de un acuerdo bilateral suscrito por la anterior administración.
Algunos salarios eran superiores, si bien el régimen de La Habana confisca la mayor parte de ellos. La designada presidencial de Honduras, María Antonieta Mejía, informó que una revisión preliminar detectó 59 médicos cubanos contratados a través del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEM).
Según detalló, sus salarios rondaban los 124.000 lempiras mensuales (unos 4.700 dólares), lo que equivale a más de 3,3 millones de dólares al año solo por ese grupo.
Las autoridades hondureñas señalaron además que parte de la documentación de respaldo habría sido eliminada o destruida, por lo que se solicitó a las empresas vinculadas a los contratos la entrega de originales y copias para validar los desembolsos.
El subsecretario de Salud indicó que la brigada se retiró de manera inmediata pese a que el convenio contemplaba un período de transición de 90 días, lo que obligó a activar un plan de contingencia para redistribuir personal y garantizar la continuidad de servicios, incluidos centros de oftalmología que cerraron tras la salida.
Un patrón que se expande
Con la medida, la administración de Asfura se alinea con los planes de Estados Unidos para reducir la entrada de divisas al régimen cubano a través de sus misiones médicas, las cuales han sido calificadas como “una forma de esclavitud moderna” incluso por Naciones Unidas.
Washington ha intensificado en los últimos años la presión diplomática sobre países que contratan brigadas cubanas, con el argumento de que el esquema facilita la explotación laboral o “trabajo forzoso”.
El caso hondureño no es aislado. En Guatemala, el gobierno comunicó que no renovará el convenio vigente desde 1998 y que el retiro de los médicos cubanos se ejecutará de manera progresiva, con sustitución por personal local. En Antigua y Barbuda, el Gobierno del primer ministro Gaston Browne dio por terminada la cooperación médica con Cuba en diciembre pasado.
Otros países han optado por un rediseño del mecanismo de pagos en vez de un corte total. Bahamas anunció que cancelaría los contratos con el Gobierno cubano y pasaría a acuerdos de empleo directo con los profesionales cubanos presentes en el país, tras conversaciones con Washington. En Guyana, el ministro de Salud, Frank Anthony, confirmó que se detuvo el acuerdo bilateral y que los médicos cubanos reciben pago directo conforme a la legislación laboral local.
El régimen de La Habana impone severas restricciones a los profesionales en misión, incluyendo la retención de pasaportes, vigilancia política, prohibiciones para establecer relaciones personales con nacionales del país anfitrión, y cláusulas de confidencialidad que les impiden hablar de las condiciones bajo las que son contratados. Además, en países como Angola y Qatar el Estado cubano se queda con hasta el 94% del salario que los gobiernos receptores pagan por los servicios médicos.
En abril de 2025, CubaNet publicó un reportaje donde cinco trabajadoras cubanas de la Salud revelaron un patrón expropiativo y de control extremo en las brigadas médicas del régimen en la cuenca del Caribe. Entre los países mencionados destacan Jamaica, Dominica, Santa Lucía, Belice, Bahamas, Venezuela y Brasil, donde las entrevistadas declararon ser víctimas de “explotación laboral”.
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