MIAMI, Estados Unidos ― Freedom House exigió este viernes la liberación inmediata del adolescente Jonathan David Muir Burgos, encarcelado en Cuba tras las protestas de marzo en Morón, Ciego de Ávila, y reclamó también la excarcelación de todos los presos políticos en la Isla.
La ONG afirmó que el caso del joven de 16 años evidencia que el régimen cubano “está dispuesto a encarcelar incluso a menores por ejercer sus derechos fundamentales a la expresión y la reunión pacífica”. “Ningún niño debería enfrentar prisión por alzar la voz. Cuba debe liberar de inmediato a Jonathan Muir y a todos los presos políticos”, añadió.
La organización vinculó el caso a un escenario de mayor conflictividad social y represión en Cuba. “Mientras se agrava la crisis humanitaria de Cuba y aumentan las protestas en toda la Isla, seguimos de cerca los crecientes informes de detenciones arbitrarias y represión dirigidas contra cubanos que exigen dignidad y libertad”, advirtió Freedom House. El pronunciamiento vino acompañado de una publicación en X de Prisoners Defenders, que elevó a 1.260 el número de presos políticos en Cuba, la cifra más alta registrada por esa organización.
As Cuba’s humanitarian crisis deepens and protests increase across the island, we are closely monitoring growing reports of arbitrary detentions and repression targeting Cubans demanding dignity and freedom.
— Freedom House (@freedomhouse) May 14, 2026
The March imprisonment of 16-year-old Jonathan Muir Burgos following… https://t.co/2Zfljq7pH1
El informe compartido incorpora 23 nuevas personas políticas, además de denuncias de torturas, agresiones sexuales, amenazas de muerte, represión contra familiares de opositores y detenciones de menores, periodistas independientes, artistas, deportistas y activistas pacíficos.
De acuerdo con el balance, 35 de las personas incluidas en la lista actual fueron detenidas cuando eran menores de edad; 142 son mujeres; 449 padecen enfermedades provocadas o agravadas por las condiciones de reclusión, la tortura o la falta de atención médica; y 51 presentan trastornos graves de salud mental sin tratamiento adecuado. Prisoners Defenders sostuvo además que, en los últimos 12 meses, su registro sumó 220 nuevos presos políticos, a un promedio superior a 18 por mes.
El informe sitúa a Jonathan Muir entre los casos más visibles de la represión reciente. El adolescente fue acusado de “sabotaje” tras ser citado a una estación policial en el contexto de las protestas ocurridas en marzo en Morón y posteriormente trasladado a la prisión de Canaleta, en Ciego de Ávila, un centro de máxima severidad para adultos. Su familia ha denunciado condiciones inhumanas de reclusión, falta de atención médica adecuada y presiones psicológicas constantes.
Prisoners Defenders recordó que Muir padece antecedentes médicos graves, dishidrosis severa y un sistema inmunológico debilitado tras infecciones bacterianas de alta gravedad, por lo que requiere tratamiento urgente. La entidad señaló que tanto él como Christian de Jesús Crespo Álvarez, otro adolescente de 16 años detenido en el contexto de las protestas de Morón, permanecen recluidos en Canaleta y sometidos, según denuncias recogidas por la organización, a amenazas y presiones para firmar declaraciones inculpatorias falsas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó el 24 de abril medidas cautelares a favor de Muir. En la Resolución 30/2026, la CIDH concluyó que el adolescente está “en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud se encuentran en riesgo de daño irreparable”.
La CIDH pidió al Estado cubano adoptar medidas con enfoque de edad para proteger la vida, la integridad personal y la salud del adolescente, en conexión con su derecho a la libertad de expresión. También solicitó garantizar condiciones de detención compatibles con los estándares internacionales, facilitar la comunicación regular con familiares, representantes y abogados, asegurar una evaluación médica inmediata, proveer atención especializada, acceso a agua potable y alimentos suficientes, y evitar que sea objeto de violencia, amenazas, intimidaciones o agresiones dentro del centro penitenciario.
