LA HABANA, Cuba ― El preso político Alieski Calderín Acosta fue sometido a represalias por denunciar las amenazas de muerte recibidas por parte del director de la Prisión Provincial de Camagüey, Kilo 8, según denunció vía telefónica su hermano Anieski Calderín Acosta el pasado martes, 12 de mayo.
De acuerdo con esa fuente, desde el 11 de mayo al preso político le fue suspendido el derecho a usar el teléfono durante dos semanas. El tiempo de teléfono para los reclusos, indicó, por lo general es de 10 minutos cada siete días.
Asimismo, Anieski Calderín precisó que, desde el propio día, su hermano fue aislado en régimen de castigo en una celda tapiada.
Según ha denunciado el propio preso político con anterioridad, las celdas dedicadas a ese tipo de confinamiento son oscuras y húmedas, pues no cuentan con agua, iluminación ni ventilación. En esas condiciones, los prisioneros son privados del colchón, de las sábanas y demás pertenencias.
Su hermano añadió que en protesta por el castigo, Alieski se declaró en huelga de hambre.
El pasado 4 de mayo, el propio Alieski Calderín Acosta denunció vía telefónica que había sido amenazado de muerte por el director de la Prisión Provincial de Camagüey, Kilo 8.
De acuerdo con el prisionero político, en la mañana de ese día, durante una inspección, el director del centro penitenciario agramontino, mayor Leonardo Suárez Rey, le advirtió que “no le convenía que viniera Donald Trump”, porque lo iba a “eliminar”.
Según relató el preso político, al ripostarle al militar que eso era un crimen de guerra y que por lo tanto sus acciones tendrían consecuencias, este le contestó que “no sería así, porque esa era la orden que había”.
Al ser consultado al respecto, el abogado Alain Espinosa, del Centro de Información Legal Cubalex, destacó: “El principio de obediencia debida tiene límites, y el principal es que la orden no sea manifiestamente ilegal. Y un acto de este tipo, al ser considerado un crimen de lesa humanidad, o incluso un crimen de guerra, también entra siempre en la categoría de manifiestamente ilegal, y por ende la eximente de obediencia debida no aplica”.
Más adelante, el letrado agregó: “En estos casos ellos [los militares cubanos] tienen la posibilidad moral de elegir no acatar una orden que saben que es a todas luces ilegal e inhumana y la ejecutan porque están de acuerdo con la misma, no por obediencia debida. Entonces sí incurren en responsabilidad penal no solo respecto al ordenamiento legal cubano, sino de manera internacional también”.
Calderín Acosta también enfatizó que se trata de la tercera vez que el uniformado le ha hecho este tipo de amenazas, y agregó que no solo las ha dirigido a él, sino también a otros presos políticos. Por ese motivo, alertó, “tiene que enterarse la comunidad internacional, para que cuando mueran presos políticos sepan que no se ahorcaron ni les dio un infarto, sino que los mataron”.
El preso político, de 37 años de edad, es residente del municipio Camagüey. Antes de ser apresado, se ganaba la vida como albañil. Se encuentra en prisión desde el 7 de noviembre del año 2012. Cumple una condena de 20 años de privación de libertad por el presunto delito de sabotaje. Fue acusado de haber arrojado en horas de la madrugada un cóctel Molotov a la tienda recaudadora de divisas TRD El Encanto, ubicada en el bulevar de la ciudad de Camagüey.
Calderín Acosta aparece registrado como preso político en la base de datos de Prisoners Defenders, agrupación internacional de defensa de derechos humanos con sede en Madrid, España. En la actualidad se encuentra recluido en celda de régimen especial.
