BUENOS AIRES, Argentina.- El evidente fraude electoral perpetrado por el gobierno de Nicolás Maduro ante el resultado adverso en las elecciones del pasado 28 de julio, más la posterior represión a la protesta social que ya incluye decenas de víctimas fatales, y la posibilidad de que la dictadura venezolana salga impune logrando perpetuarse en el poder contra la voluntad popular, despierta nuevamente el debate sobre qué hacer internacionalmente frente a este tipo de regímenes autoritarios.
Antecedentes
No es un tema nuevo. En el siglo XVII Hugo Grotius en De jure belli ac pacis sostenía la existencia de un “derecho acordado a la sociedad humana de intervenir en caso de un tirano que sometiera a sus ciudadanos a un tratamiento que nadie está autorizado a hacer”.
En El crimen de la guerra, Juan Bautista Alberdi se anticipa a fines del siglo XIX a lo que hoy se conoce como la “Responsabilidad de Proteger” (R2P), señalando que “cuando uno o muchos individuos de un Estado son atropellados en sus derechos internacionales, es decir, de miembros de la sociedad de la humanidad, aunque sea por el gobierno de su país, ellos pueden, invocando el derecho internacional, pedir al mundo que lo haga respetar en sus personas, aunque sea contra el gobierno de su país”.
Más cerca en el tiempo, el papa Juan Pablo II, en el contexto del conflicto en la ex Yugoslavia, afirmaba: “La comunidad internacional debería demostrar más su voluntad de no aceptar la agresión, ni la conquista territorial por la fuerza, ni la aberración de la limpieza étnica. Los Estados no tienen el derecho a la indiferencia. Parece claro que su deber sea desarmar al agresor si todos los otros medios se han mostrado ineficaces. Los principios de la soberanía de los Estados y de la no injerencia en sus asuntos internos —que conservan todo su valor— no deberían constituir un parapeto tras el que es posible poder torturar y asesinar”.
Complejidad
Lo cierto es que, salvo las más graves crisis humanitarias, en la práctica resulta compleja la intervención internacional para poner fin a las violaciones a los derechos humanos bajo regímenes dictatoriales. Además, está el hecho de que en el mundo hay otros tantos gobiernos iguales o peores que el venezolano en su criminalización de los derechos humanos, como Rusia, China y Corea del Norte.
En efecto, en la edición 2024 del Democracy Index que publica The Economist, sobre un total de 167 países analizados, 59 son regímenes autoritarios, es decir, cerca de un 40% de la población mundial. El índice no incluye a los micro-estados y califica como “democracias plenas” a solamente 24, a 50 como “democracias defectuosas” y a 34 como regímenes híbridos.
Entonces, un primer problema para enfrentar a las dictaduras es que las mismas superan a las democracias entre los 193 Estados miembro de la Organización de Naciones Unidas y ello explica por qué dos longevas autocracias —como China y Cuba— son las que llevan más cantidad de años integrando, como una suerte de “miembros permanentes”, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, obteniendo holgadas votaciones en la Asamblea General.
Otro problema para enfrentar a las dictaduras es que las mismas se perpetúan en el poder, mientras en las democracias alternan sus gobiernos y esto a veces implica cambios que incluyen los objetivos de la política exterior. En el caso de las dictaduras, su criminalización de la libertad de prensa, el derecho a la protesta y el pluralismo político, le permiten el control represivo interno sin temor a perder el poder. Por lo tanto, muchas dictaduras realizan un gran despliegue de recursos dedicados a la influencia internacional, pues desde el exterior es que reciben críticas, denuncias y presiones.
Críticas y cambios
Ciertamente, no sólo en las dictaduras se violan los derechos humanos, pero la importancia de concentrarse en las mismas se debe a que en democracias defectuosas y en algunos regímenes híbridos existen espacios para la crítica, incluyendo el ejercicio del periodismo independiente y la libertad de asociación donde, entre otras organizaciones de la sociedad civil pueden funcionar las dedicadas a la defensa de los derechos humanos con acceso a la cooperación internacional. Y, por supuesto, el derecho a la participación política, con más de un partido y elecciones que permitan el debate y la competencia, aunque no cumplan con el ideal de transparencia e integridad.
También hay que considerar que una gran diferencia entre las dictaduras y las democracias defectuosas es que la mayoría de estas últimas se someten a la supervisión de regímenes regionales e internacionales de derechos humanos. Esto último debería ser un requisito para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, lo cual implicaría una reforma por parte de la Asamblea General a la Resolución que lo creó.
Un problema más para enfrentar a las dictaduras es que en las democracias la prioridad de sus gobiernos es atender las demandas de sus ciudadanos, rindiendo cuentas a la opinión pública, enfrentando las críticas, protestas y huelgas, respondiendo a la prensa y garantizando el libre ejercicio de su labor, debatiendo con opositores y compitiendo periódicamente en elecciones libres. En consecuencia, la prioridad de los gobiernos democráticos son las cuestiones domésticas, como lo reflejan las encuestas, y muchas veces los posicionamientos internacionales se utilizan para marcar diferencias internas y así obtener ventajas políticas.
Pero precisamente, son los países con gobiernos democráticos y altos estándares internos de respeto a las libertades civiles y políticas los que tienen autoridad moral para implementar una política exterior activa en defensa de los derechos humanos. Esto último implica intervenir mediante la denuncia sobre la situación en países no democráticos con políticas de Estado que criminalizan el ejercicio de los derechos humanos y solidarizarse con sus víctimas, aplicando lo que ahora se llama “principio de no indiferencia”.
Prioridades
Sin embargo, aún los países democráticos priorizan en muchos casos los intereses económicos o geopolíticos por encima de la defensa de los derechos humanos y en la mayoría prevalece el “doble estándar”. El criticar a unas dictaduras, y a otras no, es uno de los principales problemas para enfrentarlas, olvidando que desde el 10 de diciembre de 1948 el “interés nacional” de un país democrático debe ser la defensa de la dignidad humana. El carácter universal de los derechos humanos implica que son para todas las personas del mundo, estén en Venezuela, Cuba, Nicaragua, Corea del Norte, China y el Tíbet, Arabia Saudita, Guinea Ecuatorial, Vietnam, Irán, Bielorrusia, etcétera.
Quizás el gran problema para enfrentar a las dictaduras es el no actuar preventivamente y evitar así que se reproduzcan, alzando la voz a tiempo cuando comienzan a evidenciarse en un país medidas que conducen a la muerte lenta de la democracia. Este ha sido el caso de Venezuela desde que Hugo Chávez llegó al poder y comenzó a erosionar el estado de derecho, la independencia de poderes, la restricción de libertades civiles y políticas —especialmente la libertad de prensa— con un manejo discrecional y corrupto de los fondos públicos, y la perpetuación en el poder desconociendo la voluntad popular.
Asimismo, no alcanza ahora con denunciar lo que ha sucedido en Venezuela sin hacerlo extensivo a la mayoría de los países que se pronunciaron reconociendo rápidamente el triunfo fraudulento de Nicolás Maduro, como por ejemplo las dictaduras de China, Rusia, Irán, Siria, Bielorrusia, Qatar, Cuba y Nicaragua. En todos estos países el fraude a la soberanía popular está institucionalizado, ya sea por su régimen institucional no democrático, como el de partido único que ilegaliza el pluralismo político, o por unas elecciones totalmente amañadas. Para dar un ejemplo, nunca la Unión Europea cuestionó la ilegitimidad democrática del gobierno de Cuba que lleva más de 65 años en el poder y es el principal aliado de Venezuela.
Por eso mismo, como afirmó Garry Kaspárov, disidente ruso y campeón mundial de ajedrez durante más de veinte años, “Cuando las democracias contemporizan con los dictadores, los peores regímenes del mundo consiguen salir impunes incluso del asesinato”.
Coordinación
En consecuencia, es hora de la adopción de una coordinada política exterior activa en derechos humanos por parte de las democracias, asignándole un mayor rango —como la designación en países de América Latina de un Embajador de DDHH, como lo hacen diez países europeos— y aumentando la dotación de su presupuesto en las respectivas Cancillerías. Y, por supuesto, dicha política tiene que estar basada en su aplicación general y en mantener altos estándares de respeto interno a las libertades civiles y políticas.
Enfrentar a las dictaduras y promover la solidaridad democrática internacional con sus víctimas, como hicieron algunos gobiernos, organismos intergubernamentales y organizaciones de la sociedad civil extranjera durante la última dictadura militar argentina, es el único camino para globalizar los derechos humanos y con ello el fomento de la paz mundial. Es un objetivo que claramente merece mayor inversión, incluyendo la cooperación internacional apoyando a actores democráticos en dictaduras y en el exilio.
Pero también el visibilizar situaciones graves de derechos humanos, denunciando a las dictaduras, sirve para valorar y afianzar las libertades fundamentales en los propios países democráticos. Es un desafío de los gobiernos y también de la ciudadanía. Porque como expresó Václav Havel: “Sin ciudadanos libres, autónomos, y que se precien de serlo, no puede haber naciones libres e independientes. Sin paz interior, es decir, sin paz entre los ciudadanos y entre los ciudadanos y el Estado, no puede haber garantías de una paz exterior: un Estado que ignore la voluntad y los derechos de sus ciudadanos no puede ofrecer ninguna garantía de que respetará la voluntad y derechos de los otros pueblos, naciones y Estados”.
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