MIAMI, Estados Unidos. — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsabilizó al régimen cubano por la muerte del líder opositor cubano Oswaldo Payá Sardiñas y el activista Harold Cepero, quienes fallecieron en circunstancias no esclarecidas el 22 de julio de 2012.
La conclusión de ese organismo continental, recogida en el Informe de Admisibilidad y Fondo No. 83/23 del Caso 14.196, establece que “el Estado cubano violó los derechos a la vida, honra y libertad de expresión de ambas personas”.
El documento de la CIDH identificó “indicios serios y suficientes para concluir que agentes estatales participaron en las muertes de Payá y Cepero. En particular, tomó en cuenta el testimonio de Ángel Carromero, que indica que el automóvil en el que viajaban había sido impactado por un auto oficial, lo cual fue corroborado por un testigo ocular. El Estado no presentó alegatos o negó estos argumentos. En consecuencia, la CIDH estableció que el Estado cubano violó los derechos a la vida, honra y libertad de expresión de ambas personas”.
La CIDH precisa que “lo ocurrido a las víctimas se enmarcó en el contexto de la persecución y represión estatal contra personas disidentes políticas y defensoras en Cuba, con el objetivo de obstaculizar o paralizar la labor de defensa y promoción de los derechos humanos”.
El mecanismo recuerda, además, que los familiares de Oswaldo Payá “nunca tuvieron acceso a los informes de autopsia, ni al contenido de diligencias realizadas”.
“En el proceso contra Ángel Carromero por su alegada responsabilidad en el accidente, tampoco se permitió participar, solicitar pruebas, ni apelar a la sentencia. La Comisión concluyó que la investigación incumplió con las obligaciones estatales de debida diligencia, agotamiento de líneas lógicas de investigación, publicidad de proceso y acceso a la información”.
En su Informe, la Comisión también estableció que el Estado cubano “violó el derecho a la residencia y tránsito de Oswaldo Payá y su familia y en su calidad de defensor fue impedido de circular libremente por el país en múltiples ocasiones”. De igual forma, sostuvo que a su familia “le negaron el desplazamiento para que retiraran el cuerpo sin vida de Payá, y esta tuvo que abandonar el país posteriormente debido a hostigamientos y amenazas por parte del Estado”.
