MADRID, España.- Una audiencia federal que podría marcar el rumbo de varias reclamaciones de cubanos liberados en Estados Unidos con el formulario I-220A fue aplazada hasta el 2 de septiembre en el Tribunal del Distrito Sur de Florida.
La vista estaba prevista para este miércoles 26 de agosto ante la jueza federal Jacqueline Becerra, en el edificio Wilkie D. Ferguson Jr., en Miami. La reprogramación quedó registrada en el expediente judicial y, según CaféFuerte, podría responder a ajustes habituales en el calendario del tribunal.
El caso de mayor alcance es Bello-Rubio contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), presentado por 992 cubanos que recibieron un I-220A después de cruzar la frontera con México. La audiencia, sin embargo, abarca tres litigios y varias mociones pendientes, entre ellas la solicitud del Gobierno federal para que las demandas sean desestimadas.
Uno de los puntos que deberá valorar Becerra es si el tribunal tiene jurisdicción para conceder los remedios reclamados por los demandantes. También está pendiente una petición para certificar Bello-Rubio como acción colectiva, lo que podría ampliar los efectos de una eventual decisión favorable más allá de los 992 demandantes. Esa certificación no ha sido concedida hasta ahora.
El núcleo de la controversia gira alrededor de la forma en que fueron liberados los migrantes. Sus abogados sostienen que, tras ser detenidos y colocados en procedimientos de deportación, la vía legal para dejarlos en libertad debió ser el “parole”. Ese reconocimiento resultaría decisivo porque la Ley de Ajuste Cubano exige, entre otros requisitos, haber sido inspeccionado y admitido o puesto bajo parole para solicitar la residencia permanente.
El DHS rechaza esa interpretación. El Gobierno sostiene que las decisiones de liberación corresponden a facultades discrecionales de las autoridades migratorias y cuestiona que un juez pueda convertir retroactivamente un I-220A en parole.
La disputa judicial comenzó a tomar forma en 2025 y se desarrolla paralelamente a otros procesos. En febrero de 2026, el Tribunal de Apelaciones del Onceno Circuito anuló decisiones de la Junta de Apelaciones de Inmigración en los casos de dos cubanas con I-220A y ordenó una nueva revisión administrativa. Otro litigio relacionado permanece pendiente ante el Segundo Circuito, en Nueva York.
Abogados vinculados al caso han pedido moderar las expectativas. La audiencia del 2 de septiembre no implica que ese día los titulares de I-220A obtendrán parole o residencia. Su resultado podría, no obstante, determinar qué reclamaciones siguen adelante y aclarar hasta dónde puede intervenir un tribunal federal en una controversia que mantiene a miles de cubanos pendientes de una definición migratoria.
