MADRID, España.- La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) advirtió en un informe publicado esta semana que Cuba, Nicaragua y Venezuela mantienen “estrategias paralelas” de persecución y control sobre comunidades religiosas, mediante hostigamiento, vigilancia, manipulación legal y castigos contra líderes y practicantes.
El documento señala que estos tres Estados autoritarios “han reprimido la libertad religiosa durante años o décadas” y que las violaciones se utilizan “para sofocar amenazas percibidas al poder del régimen”.
USCIRF afirma que en la isla el Partido Comunista “restringe severamente la práctica religiosa, particularmente a los grupos que resisten la regulación y el control del Estado”. Líderes de comunidades cristianas independientes y de la santería son objeto de “citas repetidas para presentarse en estaciones de la policía o de la Seguridad del Estado” y de “amenazas regulares de encarcelamiento” por participar en servicios religiosos.
El informe documenta un caso ocurrido en julio de 2025, cuando un babalao fue citado a una estación policial donde un oficial le exigió que “disolviera las celebraciones religiosas en curso en su casa”, advirtiéndole que la próxima ceremonia “resultaría en el arresto de los participantes”.
La vigilancia es descrita como un mecanismo habitual: funcionarios de la Seguridad del Estado “visitan con frecuencia iglesias católicas y protestantes y vigilan hogares para intimidar a feligreses y líderes”.
USCIRF recuerda además que las autoridades continúan deteniendo a miembros de las Damas de Blanco para impedirles asistir a misa.
Presos por motivos religiosos
La Comisión señala que Cuba figura entre los países con más personas encarceladas por motivos relacionados con su fe. Su lista de víctimas de libertad religiosa registra “11 víctimas en Cuba”, aunque no necesariamente es exhaustiva.
Entre los casos mencionados se encuentran los líderes yorubas independientes Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro, detenidos inicialmente en 2021. El informe precisa que Pérez Paseiro “fue reencarcelada en junio de 2025” tras haber sido liberada en enero mediante un acuerdo mediado por el Vaticano.
Uso de la ley como herramienta de represión
El organismo describe el empleo de la legislación como una forma de control estatal. En Cuba, la ley exige el registro obligatorio de las organizaciones religiosas, y recibir financiamiento desde el exterior para actividades consideradas contrarias al Estado “conlleva una pena de hasta 10 años”.
El Ministerio de Justicia, donde se ubica la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista, “niega o ignora arbitrariamente las solicitudes de registro de grupos religiosos”. La falta de reconocimiento implica que “la pertenencia a un grupo religioso no registrado es un delito”.
El informe describe que Cuba mantiene “un sistema de tres niveles de grupos religiosos”:
- En el nivel superior se ubica el Consejo de Iglesias de Cuba (CCC), que goza de mayor margen de acción por su alineamiento con el Estado.
- En un segundo nivel, grupos registrados, pero no integrados al CCC —como la Iglesia Católica— enfrentan un escrutinio más estricto.
- El nivel más reprimido lo conforman los grupos no registrados, considerados “ilegales”, entre ellos practicantes de la santería y comunidades no cristianas, que sufren “violaciones particularmente severas y frecuentes” de libertad religiosa.
USCIRF concluye que los tres gobiernos “cometen violaciones sustanciales de la libertad religiosa” y que Cuba y Nicaragua sostienen campañas “más continuadas y sistemáticas”.
En su reporte anual de 2025 la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional recomendó que Cuba fuera nuevamente designada como un “país de particular preocupación” debido a «violaciones sistemáticas, continuas y atroces de la libertad religiosa», ocurridas durante el año 2024.
La Comisión denunció que el Gobierno cubano ha reforzado su marco legal represivo con nuevas leyes como la Ley de Ciudadanía, aprobada en julio, que permite revocar la ciudadanía cubana a individuos que residan en el extranjero y realicen actos «contrarios a los intereses políticos, económicos o sociales del país». Esta ambigua definición expone a personas involucradas en actividades religiosas pacíficas al riesgo de perder su nacionalidad.
La USCIRF recomienda al Gobierno estadounidense imponer restricciones de visado a funcionarios cubanos responsables de violaciones graves a la libertad religiosa, organizar eventos en foros internacionales para visibilizar estos abusos y continuar denunciando la situación en audiencias legislativas y eventos públicos periódicos.
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