Las organizaciones no gubernamentales PEN Internacional, PEN Cuba en el Exilio y Artists at Risk Connection (ARC) condenaron la reciente “detención arbitraria” de las intelectuales y activistas Alina Bárbara López Hernández y Jenny Pantoja Torres por parte de la policía política cubana, lo que, consideraron, “ejemplifica el acoso y la persecución continuos a escritores, periodistas y artistas” en la isla.
En su comunicado de este viernes 28 de junio, esas entidades recapitulan lo acontecido diez días antes, cuando López Hernández, reconocida historiadora, ensayista y editora cubana, fue interceptada junto a la también historiadora y antropóloga Pantoja Torres mientras intentaban trasladarse de Matanzas a La Habana para una “protesta pacífica mensual contra los actos de censura de las autoridades cubanas”.
Se trata de un modesto acto cívico que desde hace algún tiempo, cada día 18, e inspirada en la histórica Protesta de los Trece (18 de marzo de 1923), López Hernández realiza junto a una imagen pública de José Martí, héroe nacional de Cuba.
Ambas mujeres, señalan PEN y ARC, “permanecieron detenidas durante 11 horas en la comisaria de La Playa, en Matanzas, donde fueron interrogadas y acusadas de «intento» de agresión a agentes de policía en acto de servicio. Tanto López Hernández como Pantoja fueron acusadas de un delito común destinado a limitar sus actividades críticas con el gobierno».
Esas entidades internacionales citan además el testimonio de López Hernández aparecido en el canal de YouTube de CubaXCuba, plataforma de “pensamiento cívico” de la cual es codirectora. Allí cuenta que, tras preguntar las razones del arresto, una mujer policía la agredió físicamente; incluso la habría tirado al suelo donde se golpeó la cabeza. “De inmediato, fue arrastrada y la metieron a la fuerza en la patrulla”, se lee en dicha nota de condena. “Durante el forcejeo, López Hernández se [agarró] del uniforme de un policía, rasgando una parte de la tela, acto por lo que ahora está acusada. Durante la detención, las autoridades le advirtieron que la próxima vez utilizaría más fuerza y amenazó con encarcelarla”.
Ese no fue más que el último episodio de violencia y acoso de las autoridades contra López Hernández desde que decidiera salir al espacio público para manifestarse de manera rigurosamente pacífica y casi siempre en solitario (o apenas acompañada). En abril pasado también fueron denunciados el “arresto arbitrario” –en el puesto de control policial de Bacunayagua– y las “lesiones corporales” sufridas por la intelectual de 59 años, quien en la ocasión pretendía igualmente llegar a La Habana para su habitual demostración cívica.
Según ella misma ha publicado en Facebook, sus protestas mensuales plantean cuatro exigencias fundamentales: 1) “una Asamblea Nacional Constituyente elegida democráticamente para redactar una nueva constitución aplicable en todas sus partes”; 2) “que el Estado no se desentienda de la crítica situación de ancianos, jubilados, pensionados y familias que están en pobreza extrema; 3) “libertad para los presos políticos sin exilio obligatorio, y 4) “cese del hostigamiento a personas que ejercen su libertad de expresión”.
“Muchas personas creen que Seguridad del Estado me persigue por las protestas pacíficas de cada 18. No es así. La primera vez que Contrainteligencia tocó a mi puerta, el 25 de octubre de 2022, yo jamás había hecho otra cosa que escribir sobre la realidad de mi país con análisis argumentados que en ningún caso apelaban a la violencia (nunca lo han hecho ni lo harán), y sí a las evidencias económicas, sociales, políticas e históricas para proponer la impostergable necesidad de transformaciones profundas”, explicó en ese mismo post la historiadora. “Lo acaecido ese día me llevó a tomar una determinación: escribir no era ya suficiente, debía pensar en un medio de participación política que se aviniera a mi condición de ciudadana que no era miembro de ninguna organización opositora pero que necesitaba protestar ante lo que pasaba en Cuba”.
A fines de 2023, Alina Bárbara López Hernández también fue sometida a un juicio bajo el cargo de “desobediencia” luego de “negarse a acudir a las citaciones extrajudiciales de la Seguridad del Estado, por considerarlas ilegítimas”, recordaron las organizaciones citadas. “En consecuencia, fue sometida a arresto domiciliario. Durante el juicio, el juez no aclaró por qué había sido citada por la Seguridad del Estado. El caso de López Hernández se documentó en la Lista de Casos 2023/2024 de PEN Internacional: Guerra, censura y persecución”.
La profesora matancera fue condenada entonces a pagar una multa de siete mil pesos cubanos en lo que constituyó –según denunciaron ampliamente colegas suyos y otras voces de la sociedad civil cubana— la culminación de un proceso sistemático de “acoso judicial”.
“PEN Internacional, PEN Cuba en el Exilio y Artists at Risk Connection (ARC) instan a las autoridades cubanas a que pongan fin al hostigamiento y la persecución de todos los escritores, periodistas y artistas independientes que son objeto de ataques por expresar pacíficamente sus ideas, ejercer sus funciones profesionales o participar en activismo pacífico”, establece finalmente el comunicado de este viernes.
|
Colabora con nuestro trabajo Somos una asociación civil de carácter no lucrativo, que tiene por objeto principal la promoción y fomento educativo, cultural y artístico. En Rialta nos esforzamos por trabajar con el mayor rigor profesional en la gestión, procesamiento, edición y publicación de los contenidos y la información. Todos nuestros contenidos web son de acceso libre y gratuito. Cualquier contribución es muy valiosa para nuestro futuro. ¿Quieres (y puedes) apoyarnos? Da clic aquí. ¿Tienes otras ideas para ayudarnos? Escríbenos al correo [email protected]. |
