Venezuela: el problema compartido

El Gobierno de Nicolás Maduro acaba de profanar dos reglas tácitas de las elecciones: las gana quien tenga mayoría de votos y, en segundo lugar, ante las tentaciones de torcer la voluntad popular una importante diferencia de votos es suficiente para evitar un fraude. Lo urdido desde el Palacio de Miraflores no compete exclusivamente a los venezolanos. Con esto, las teorías académicas sobre transición del autoritarismo a la democracia se han vuelto añicos. Si la comunidad internacional permite que se “normalice” la situación, la democracia, como se ha conocido en Occidente, iniciará un irreversible proceso de degradación.

Hay normas que se crean en sociedad, igual de importantes que lo permitido y sancionado por las leyes. Previo a escribir este artículo hice una cola en una institución pública. Quienes llegaron primero, son atendidos antes de los que aparecieron después. No existe una “ley de colas” que obligue a todos a respetar su lógica y su orden, pero existe un consenso ampliamente compartido sobre su utilidad. Quien intenta vulnerarla, colocándose en un sitio que no le corresponde, debe enfrentar el reclamo de los demás o el llamado de algún funcionario de seguridad. Si el transgresor lo desoye, pudiera ser privado de libertad, no por el delito de “violación de cola”, que no existe, sino por desacato a la autoridad. Si el resto de los formados no reclama y los guardias se hacen la vista gorda, se estimula a que otros repitan el comportamiento del infractor inicial, hasta un punto en que la propia cola se haga prescindible y finalmente impere la ley del más fuerte a la hora de hacer una gestión en una oficina estatal.

Algo similar, en una escala mucho mayor, está ocurriendo con las elecciones venezolanas. No existe una “ley universal de sufragios” que especifique que la opción que saque más boletas será anunciada como ganadora. El principio de un hombre o una mujer equivale a un voto materializa los principios de igualdad y universalidad de los sufragios. Y el voto emitido por esa persona se entiende como su opinión en el ejercicio de su soberanía sobre el tema en disputa, en un método de consulta validado en todo el planeta. En algunos casos por mayoría absoluta o calificada, pero quien obtenga mayor número de papeletas es y debe ser el triunfador. Cómo los márgenes cerrados entre los principales contendientes pueden ser un entorno favorable para malos manejos, una segunda norma –en la ley no escrita sobre elecciones– ha postulado que un importante margen de diferencia aleja cualquier pretensión de voltear resultados.

En elecciones pocas cosas son trigo limpio. Usualmente quienes usan su posición –política, social, militar o económica– intentan sacar ventaja coaccionando, atemorizando o inventando votos antes de que sean depositados en las urnas. Cuando las boletas han sido depositadas y finalmente contadas, se asume que los dados han sido lanzados. Si la diferencia entre unos y otro es significativa no hay vuelta atrás. Esto ha sido válido hasta para personajes siniestros como Augusto Pinochet, responsable de la tortura contra 28 459 personas y 3 227 casos de asesinatos o desapariciones. Cuando los resultados del plebiscito nacional de Chile de 1988 dieron el 55.9% a la opción “No” y 44% a la opción “Sí”, a las 00:18 del jueves 6 de octubre, Pinochet se reunió con sus ministros y les informó: “Señores, el plebiscito se perdió. Quiero sus renuncias de inmediato. Eso es todo”. En la otra vereda del espectro político, en 1990, se realizaron elecciones presidenciales en una Nicaragua gobernada por los sandinistas. Las encuestas vaticinaban un triunfo de los guerrilleros, pero, cuando el Consejo Supremo Electoral anunció que la Unión Nacional Opositora ganó con el 54% de los votos, Daniel Ortega felicitó públicamente a Violeta Chamorro. En ambos casos hubo tensiones y fricciones internas, pero ni el pinochetismo ni el sandinismo –el de aquel entonces– finalmente optaron por actuar contra la expresión de la voluntad popular.

Nicolás Maduro se midió en elecciones y fue derrotado, según las actas publicadas por la alternativa democrática, por 3 987 338 votos de diferencia. Estos resultados confirmaban todas las encuestas rigurosas de opinión que habían sido realizadas antes de los comicios. Aunque el deseo de cambio era mayoritario en todos los sondeos, la oposición realizó un esfuerzo monumental en promover el voto para que su victoria fuera abrumadora, disminuyendo así las posibilidades de ocurrencia de un fraude tradicional. Para ningún analista, mínimamente profesional, el resultado era una sorpresa: Nicolás Maduro era el candidato del continuismo en un país agotado por una emergencia humanitaria compleja, el empobrecimiento general de la población y una crisis migratoria sin precedentes en la historia del país. Y si esto fuera poco, realizando la campaña electoral más deslucida del chavismo en el poder. Sin embargo, a pesar de todo esto, Maduro se anunció como ganador, desatando contra la población, especialmente la que dejó de votar por el chavismo, la peor represión masiva cualitativa en Venezuela desde el año 1958.

Este no es un problema exclusivo de los venezolanos. Si la comunidad internacional permite que el madurismo se salga con la suya, el precedente quedará ahí para quienes deseen desconocer a toda costa el resultado de los procesos electorales. El fraude monumental del 28J ha dinamitado todo lo que conocíamos acerca de la participación democrática, con o sin comillas, a través del voto. Y los malos ejemplos se imitan más rápidamente que los buenos. Sus principales víctimas, pasado mañana, serán las propias organizaciones partidarias izquierdistas que hoy hacen un atronador silencio sobre la última tropelía del llamado “Socialismo del Siglo XXI”. La consolidación del fraude, además, aleja mucho más las posibilidades democráticas para países como Cuba y Nicaragua, implosionando lo que los académicos regionales habían postulado sobre las transiciones.

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