MIAMI, Estados Unidos. – Human Rights Watch (HRW) denunció este lunes en un extenso informe un patrón sistemático de abusos en tres centros de detención migratoria en el estado de Florida, Estados Unidos, como parte de la política de deportaciones masivas impulsada por la segunda administración del presidente Donald Trump.
En su informe titulado “¿Sientes que tu vida se acabó?”, HRW afirma que miles de personas fueron recluidas entre enero y junio de 2025 en condiciones que violan no solo los estándares internacionales de derechos humanos, sino también las propias normativas del Gobierno estadounidense.
La investigación, que se enfoca en el Centro de Procesamiento de Servicios de Norte de Krome, el Centro de Transición de Broward (BTC) y el Centro Federal de Detención (FDC), revela que en marzo el número de detenidos en Krome superó en 249% los niveles registrados antes de enero. En momentos críticos, la población detenida en ese centro triplicó su capacidad operativa. Para el 20 de junio, el número total de detenidos por motivos migratorios en los tres centros era 111% superior al de comienzos de año.
“Las personas detenidas por motivos migratorios están siendo tratadas de manera degradante y deshumanizadora”, sostiene HRW. Según los testimonios recabados, los detenidos fueron esposados durante horas en autobuses sin acceso a agua, alimentos ni baños funcionales, obligados a dormir sobre el cemento frío, expuestos constantemente a luces fluorescentes, y privados de servicios básicos de higiene y atención médica.
Las condiciones denunciadas son resultado directo de la Orden Ejecutiva 14159, promulgada por Trump al inicio de su segundo mandato. Esta disposición establece como política del Gobierno la detención durante todo el proceso de expulsión de las personas sospechosas de violar leyes migratorias, “en la medida que la ley lo permita”.
Según HRW, estas medidas han llevado a cifras sin precedentes: más de 56.000 personas permanecían detenidas por motivos migratorios al 20 de junio de 2025, un 40% más que en junio del año anterior, y casi el 72% de ellas no tenía antecedentes penales.
El informe detalla violaciones médicas graves. Funcionarios de los centros negaron sistemáticamente medicamentos esenciales a personas con diabetes, asma, enfermedades renales y dolor crónico. En un caso particularmente alarmante, una mujer con cálculos biliares perdió el conocimiento tras varios días sin atención médica. Fue sometida a una cirugía de urgencia para extirparle la vesícula biliar y posteriormente regresada a su celda sin medicación.
Los testimonios recogidos por HRW son desgarradores. Una mujer detenida en Krome relató haber sido retenida durante días junto a otras mujeres en una celda sin privacidad ni ropa de cama, con un único inodoro “cubierto de heces”. Cuando pidieron limpiarlo, los agentes respondieron sarcásticamente: “Ya vendrá la limpieza”.
Otro detenido describió el frío extremo en las celdas de recepción: “Subieron el aire acondicionado… Pensé que me iba a dar hipotermia”. Otros denunciaron que fueron obligados a comer esposados, inclinándose sobre sillas como animales: “Tuvimos que agacharnos y comer sobre las sillas con la boca, como perros”.
El hacinamiento y la falta de personal agravaron la situación. En muchas ocasiones, los confinamientos forzados limitaron el acceso a actividades recreativas, atención médica y contacto con abogados o familiares. HRW advierte que estos confinamientos, los traslados sin previo aviso y la falta de comunicación empeoran los problemas de salud mental y dificultan la preparación legal de los casos.
Además de las condiciones físicas, el informe señala prácticas que podrían constituir tortura psicológica. Personas que solicitaron apoyo psicosocial fueron aisladas como castigo. Una mujer contó: “Si pides ayuda, te aíslan. Si lloras, te pueden aislar durante dos semanas. Entonces la gente se queda callada”.
El informe también advierte sobre las condiciones diferenciadas a las que fueron sometidas las mujeres detenidas en centros diseñados históricamente para hombres. Esta práctica fue utilizada para justificar la negación de atención médica y condiciones sanitarias adecuadas. Una mujer fue ingresada en Krome el 28 de enero y detenida en una celda sin privacidad ni asistencia durante varios días.
La investigación de HRW, sustentada en entrevistas con 11 personas actualmente o recientemente detenidas, familiares de siete detenidos y 14 abogados migratorios, expone un sistema en el que las autoridades muestran una indiferencia alarmante ante síntomas de crisis médica. En un caso, un detenido que tosía sangre fue ignorado durante horas. La protesta resultante fue sofocada violentamente por un equipo antidisturbios, que esposó a los internos y los obligó a permanecer boca abajo sobre el suelo húmedo y sucio. Un agente ordenó apagar la cámara de vigilancia. Otro gritó a un detenido: “Cierra la puta boca”, mientras lo abofeteaba.
HRW vincula estas prácticas con políticas más amplias adoptadas por la Administración Trump desde enero de 2025, que incluyen la designación de migrantes como “enemigos extranjeros”, la expulsión acelerada sin garantías procesales, y la suspensión del parole, del estatus de protección temporal y del programa de reasentamiento de refugiados, salvo para ciertas minorías raciales.
Según HRW, existe un “ambiente de miedo cada vez más patente”, que lleva a los migrantes a evitar no solo las autoridades, sino también hospitales, escuelas y centros religiosos, por temor a ser detenidos. Esta situación tiene “un impacto significativo en su cotidianidad y en las perspectivas de futuro de sus familias”.
El informe concluye con una serie de recomendaciones: restringir la detención migratoria como último recurso; garantizar atención médica y psicosocial adecuada; eliminar el uso del aislamiento como castigo; asegurar el acceso a representación legal; y promover una supervisión independiente de los centros de detención.
“El personal debe recibir capacitación en derechos humanos y atención informada sobre el trauma”, exige HRW. Además, llama a que se implementen políticas que “prioricen la seguridad, la dignidad y el debido proceso para todas las personas bajo custodia”.
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