DUBLÍN, Irlanda.- Al menos cinco doctores han abandonado la Misión Médica Cubana en Calabria en las últimas semanas, lo que ha intensificado el debate en torno al acuerdo suscrito entre Italia y Cuba, las condiciones contractuales de los profesionales enviados por La Habana y el uso de fondos públicos regionales.
La noticia ha cobrado relevancia por una investigación de la red local LaC, que ha seguido los pasos de CubaNet tras el destape con la publicación “De La Habana a Calabria: La estafa perfecta a los médicos cubanos” que prueba prácticas de trabajo forzoso.
El pasado 21 de julio medios de prensa italianos Il Vibonese y la televisora local LaC News24 reportaron el caso de un especialista cubano que dejó el hospital público Jazzolino para incorporarse a la clínica privada Villa dei Gerani en la provincia de Vibo Valentia.
Dos días después, la prensa local contabiliza tres fugas más, para un total de cinco en las últimas semanas. Dos de los galenos pasaron a trabajar de forma totalmente independiente en el sistema privado de salud, mientras tres profesionales cubanos que prestan servicio en la zona de Cosenza, uno en los hospitales de Corigliano Rossano y los otros dos en Paola y Cetraro no han regresado a sus puestos. “No se han tenido noticias de ellos, y nadie los ha visto asumir sus funciones desde hace semanas”, constata el medio calabrés.
Las fugas han generado fuerte controversia ya que, según reportes de prensa, se suman a “otros profesionales que optaron por el sector privado, emigraron a España o desaparecieron tras tomar vacaciones”.
El consejero regional Ernesto Alecci (Partido Democrático) presentó una interpelación formal al presidente de la región de Calabria Roberto Occhiuto donde cuestiona la sostenibilidad del acuerdo con la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, señalando la creciente deserción, la escasa remuneración real y la necesidad urgente de una reforma estructural que integre a los médicos extranjeros en condiciones de equidad con sus colegas italianos. Occhiuto, uno de los firmantes del acuerdo Italia-Cuba para la contratación de médicos cubanos en la región, está siendo investigado por corrupción en un proceso que se extiende a diversas aristas de su gestión e incluye el sector de la salud en Calabria.
“Mi pregunta pretende verificar cuántos médicos cubanos siguen trabajando hoy en Calabria, cuántos se han ido, qué controles existen para seguir el avance del proyecto y si hay previsto revisar las condiciones contractuales, que prevén un salario bruto de aproximadamente 4.700 euros, de los cuales sólo 1.200 euros son los que realmente recibe el médico”, declaró.
Se trata del tercer político que interroga el acuerdo y de la segunda moción formal, tras la petición parlamentaria de la diputada Anna Laura Orrico a inicios de julio.
Según la investigación de CubaNet, los médicos cubanos enviados a Calabria están sometidos a un doble marco contractual: uno firmado con la autoridad sanitaria local (ASP) y otro con la empresa estatal cubana CSMC, que en la práctica prevalece y contiene cláusulas que limitan derechos fundamentales como la autonomía laboral, la libertad de asociación y la confidencialidad. Además, solo el 22 % del salario bruto base que establece el Acuerdo llega realmente a manos de los médicos, mientras que hasta un 71 % de las horas extras es retenido por la CSMC, en un esquema que, según documentos internos analizados, refuerza las denuncias de explotación laboral y control estatal incluso en territorio europeo.
El expresidente del Consejo Regional, Domenico Tallini, ha reiterado su exigencia de transparencia al presidente Roberto Occhiuto, mencionando puntualmente hallazgos de CubaNet y cuestionó las condiciones que pudieron llevar a la deserción: “¿Quizás los dos médicos cubanos que trabajaban en Vibo Valentia decidieron irse porque ya no soportaban pagar 2500 euros al mes a La Habana, quedándose solo con 1200?”, dijo.
También interpeló el tratamiento violatorio de la política de protección de datos por parte de la Asociación italo-cubana “Sierra Maestra”, afín al régimen cubano, la cual publicó cifras detalladas sobre la actividad médica realizada por los galenos enviados a Calabria.
En su comunicado, informó que los médicos participaron en más de 104.000 consultas, 7.100 intervenciones quirúrgicas, 771 partos, y miles de estudios diagnósticos.
Tallini denunció que estas cifras, que forman parte de las bases de datos internas del Departamento Regional de Salud, fueron divulgadas sin autorización institucional, lo que representa una posible violación de la confidencialidad y plantea dudas sobre el acceso privilegiado que tiene esta organización extranjera a información sanitaria sensible.
El uso del término “participaron” en el informe de “Sierra Maestra” también ha sido criticado por Tallini, quien señala que esta ambigüedad no permite establecer si los médicos cubanos realizaron directamente los procedimientos médicos o si solo asistieron a colegas italianos. Esta diferencia, según él, es esencial para determinar si el proyecto representa una verdadera solución al déficit de personal sanitario o si se trata simplemente de una forma costosa de colaboración auxiliar.
Tallini exige que el Inspectorado Regional del Trabajo verifique si los médicos cubanos reciben condiciones contractuales compatibles con la legislación laboral italiana, ya que los datos expuestos por este medio indican una clara desigualdad respecto a sus colegas locales.
El dirigente reiteró su propuesta de poner fin al convenio con Cuba y redirigir los más de 150 millones de euros presupuestados hasta 2027 hacia la contratación de jóvenes médicos calabreses, muchos de los cuales se ven obligados a emigrar ante la falta de oportunidades laborales en su región.
A pesar de sus críticas al convenio, Domenico Tallini subraya que su intención no es desacreditar a los médicos cubanos, cuyo valor profesional y utilidad en el sistema calabrés reconoce plenamente. Se trata, insiste, de que la Región Calabria debe garantizar el respeto pleno a sus derechos laborales y humanos, y que ninguna forma de cooperación internacional debería tolerar condiciones de subordinación, retención salarial o limitación de libertades.
Para Tallini, el problema también es ético y legal. “La asociación Sierra Maestra, en lugar de enumerar cifras, debería preocuparse por la dignidad de sus conciudadanos. ¿Tienen la misma protección y remuneración que los médicos italianos? ¿Trabajan los mismos turnos y reciben un salario justo?”, cuestionó.
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