LA HABANA, Cuba ― El Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre fijó para el próximo 5 de noviembre, a las 9:00 a.m., el juicio contra cuatro masones acusados del supuesto delito de “tráfico ilegal de moneda nacional, divisas, metales y piedras preciosas”, tipificado en el artículo 315.1, inciso g, del Código Penal.
Así consta en el “Auto de admisión de pruebas y señalamiento”, fechado el 29 de octubre de 2026, al que CubaNet tuvo acceso. En el documento, los integrantes del tribunal admiten las pruebas testificales y documentales propuestas por las partes, con excepción de Joel Ernesto Gómez Ibarra, uno de los dos testigos que presentó la defensa. El tribunal consideró que su testimonio acreditaría lo mismo que el de Miguel Cuan Hernández, el otro testigo de la defensa, quien declarará sobre la forma en que se tomaban las decisiones en el Patronato del Asilo Nacional Masónico Llansó.
Los acusados son José Ramón Viñas Alonso, ex soberano gran comendador del Supremo Consejo del Grado 33 para la República de Cuba; Fernando Marcos García, contador del Asilo Nacional Masónico Llansó; Ángel Santiesteban Prats, actual soberano gran comendador, y Osvaldo Ernesto Villegas Digat.
Los cuatro permanecen bajo medida cautelar de reclusión domiciliaria y tienen prohibida la salida del territorio nacional.
La Fiscalía General de la República de Cuba solicitó para ellos penas de entre dos y cuatro años de limitación de libertad, además de multas de 20.000 o 25.000 pesos cubanos (CUP). Esta sanción restringe la libertad de movimiento de los condenados, pero no implica su internamiento en un establecimiento penitenciario, según establece el artículo 39 del Código Penal.
El auto está firmado por los jueces Irene Asunción Macía Mondéjar, Isabel Moreno Salazar y Máximo Puentes Cruz. Macía Mondéjar presidirá el tribunal, según información obtenida por CubaNet de fuentes cercanas al proceso. Este dato modifica la información publicada anteriormente, que señalaba a Zamira Marrero Morgado como la jueza que estaría al frente del juicio.
El documento precisa, además, que el expediente judicial número 26 de 2026 corresponde al expediente de fase preparatoria número 44 de 2025, instruido por el Órgano de Instrucción Penal de la Seguridad del Estado.
La Fiscalía pide hasta cuatro años de limitación de libertad
Según la petición fiscal, Viñas Alonso, quien encabezó el Supremo Consejo del Grado 33 entre 2015 y 2026 y presidía el Patronato o Consejo Administrativo del Asilo Nacional Masónico Llansó, “aprovechándose de sus funciones”, autorizó en varias ocasiones al contador de la institución, Fernando Marcos García, a realizar operaciones de cambio de moneda nacional por dólares estadounidenses para varios miembros del Patronato.
La Fiscalía sostiene que los dólares utilizados en esas operaciones procedían de donaciones recibidas por el asilo y que los cambios se efectuaron a la tasa del mercado informal.
La acusación asegura haber corroborado que el 14 de septiembre de 2023 Viñas Alonso autorizó a Santiesteban Prats a cambiar 49.600 CUP de su propiedad por 200 dólares pertenecientes al asilo. Asimismo, afirma que el 13 de junio de 2025 autorizó a Villegas Digat a cambiar 37.500 CUP por otros 100 dólares de la institución.
Según la Fiscalía, los cuatro acusados confesaron su participación en los hechos y contribuyeron a esclarecerlos, una circunstancia que tuvo en cuenta para solicitar las sanciones.
En concreto, el fiscal pide para Viñas Alonso cuatro años de limitación de libertad y una multa de 500 cuotas de 50 CUP cada una, equivalente a 25.000 CUP. Para Marcos García pide tres años de limitación de libertad; para Santiesteban Prats y Villegas Digat, dos años cada uno. En estos tres últimos casos, solicita además multas de 500 cuotas de 40 CUP por cuota, equivalentes a 20.000 CUP por persona.
Roberto Ortega Ortiz, abogado defensor de los cuatro acusados, cuestiona los argumentos de la Fiscalía. En sus conclusiones provisionales, fechadas el 9 de octubre de 2026 y a las que CubaNet también tuvo acceso, el letrado sostiene que las operaciones investigadas no constituyen delito y solicita la absolución de sus representados.
Según la defensa, los cambios de moneda se realizaron dentro de la institución y entre miembros del Patronato, aunque se utilizó la tasa del mercado informal. El abogado rechaza que las operaciones puedan calificarse como transacciones en el “mercado negro”.
Según Ortega Ortiz, el cambio de 200 dólares permitió comprar leche en polvo para los ancianos. En cuanto a la operación de cambio de 100 dólares, afirma que se realizó con dinero personal de Villegas Digat y permitió a la institución disponer de pesos para emergencias, mientras que el masón pudo adquirir divisas para comprar un medicamento para su hijo.
“Los cambios de moneda realizados no representaron beneficio personal para ninguno de los implicados, sino que, por el contrario, se hicieron para beneficiar la vida que llevan los ancianos que habitan en el Asilo Nacional Masónico ‘Llansó’, el cual representa una obra de caridad por parte de la masonería”, escribió el abogado.
La intervención de la Seguridad del Estado en el proceso
El juicio tendrá lugar en la Sala Segunda Penal del Tribunal Municipal de Diez de Octubre, que comparte local con la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado.
“Es la misma. A esa sala la denominan como una extensión del Tribunal Provincial, por lo que la utilizan tanto la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado como la Sala Segunda, que es la de los Delitos Económicos”, explicó a CubaNet una fuente conocedora del proceso que pidió mantener el anonimato.
“Incluso, quien preside el juicio es la presidenta de la Sala Segunda”, añadió.
La misma fuente aseguró que desde la pasada semana la policía política ha estado instalando cámaras de seguridad en los alrededores del tribunal, en un despliegue que describió como “similar a cuando hicieron los juicios del 11J”.
Por otra parte, según las conclusiones provisionales de la Fiscalía, el expediente de fase preparatoria fue tramitado por el Órgano Especializado en la Investigación Criminal de los Delitos contra la Seguridad del Estado, perteneciente a la Dirección de Investigación Criminal del Ministerio del Interior (MININT).
El supuesto delito imputado a los cuatro masones está recogido en la sección decimoquinta del capítulo I del título X del Código Penal, correspondiente a los delitos contra el orden económico nacional, y no entre los delitos contra la seguridad del Estado.
