LA HABANA.- En medio de un fuerte despliegue policial y de la Seguridad del Estado, el jueves 5 de noviembre se desarrolló el juicio contra cuarto masones cubanos, dos de ellos dirigentes de la Orden, acusados del supuesto delito de “tráfico ilegal de moneda nacional, divisas, metales y piedras preciosas”.
La vista oral tuvo lugar en la Sala Segunda Penal del Tribunal Municipal de Diez de Octubre, también conocida como Sala Especial de Delitos Contra la Seguridad del Estado.
Aunque los juicios en Cuba son públicos, según establece la legislación, testigos presenciales contaron a CubaNet que solo permitieron la entrada de dos familiares por cada acusado. Tanto a los procesados como sus familiares, fueron sometidos a registros corporales y obligados a dejar fuera sus pertenencias, incluidos relojes y gafas
A las afueras del tribunal, más de un centenar de efectivos uniformados y vestidos de civil rodearon a las decenas de masones que se congregaron para apoyar a sus hermanos.
Dentro de la sede judicial, la vigilancia y el control también fueron descritos como “excesivos” en relación con la naturaleza del delito que se juzgaba. “Parecía que iban a juzgar a terroristas”, comentó un testigo. “Prácticamente había un policía por cada acusado y por cada familiar”, describió otra fuente. Según una persona cercana al proceso, pocos días antes también habían instalado cámaras de vigilancia en los alrededores.
La vista oral inició pasadas las 9 de la mañana y concluyó a las 4:30 de la tarde. Al finalizar, la jueza Irene Macía Mondéjar leyó el fallo condenatorio contra los cuatro acusados.
José Ramón Viñas Alonso recibió cuatro años de limitación de libertad y una multa de 500 cuotas de 50 pesos cada una; Fernando Marcos García, tres años de limitación de libertad y 500 cuotas de 40 pesos; mientras que Ángel Lázaro Santiesteban Prats y Osvaldo Ernesto Villegas Digat fueron condenados a dos años de limitación de libertad y 500 cuotas de 40 pesos cada uno.
Como sanciones accesorias, el Tribunal impuso a todos la privación de derechos, la prohibición de salida del territorio nacional y de ejercer sus respectivos cargos u oficios. Esta última medida les impide desempeñar cargos dentro de la masonería.
Aunque el delito imputado está tipificado entre los delitos contra el orden económico nacional y no entre los delitos contra la Seguridad del Estado, el expediente de fase preparatoria número 44 de 2025 fue instruido por el Órgano Especializado en la Investigación Criminal de los Delitos contra la Seguridad del Estado, perteneciente a la Dirección de Investigación Criminal del Ministerio del Interior (MININT).
La investigación y el juicio involucraron a funcionarios de la Fiscalía, del Tribunal y del Ministerio de Justicia, oficiales de la Seguridad del Estado y ex miembros de la Masonería. Algunos participaron directamente en la instrucción de la causa o en la acusación; otros estuvieron presentes durante la vista oral o fueron identificados por testigos como parte del dispositivo desplegado alrededor de la sala y del tribunal.
CubaNet reconstruye quiénes fueron los principales actores del proceso.
La jueza que presidió el proceso
Irene Asunción Macía Mondéjar es jueza del sistema de tribunales cubanos y presidió el juicio contra los cuatro masones. Fue también quien leyó el fallo condenatorio al término de la vista oral.
Originaria de la Isla de la Juventud, se graduó de Derecho en la Universidad de La Habana. En marzo de 2022 se desempeñaba en la Segunda Sala Penal del Tribunal Provincial Popular de La Habana, donde atendía asuntos económicos. En 2021 defendió una tesis para obtener el grado de máster en Criminología.
Cubanet ya había destacado que su nombre aparece, además, en varios procesos judiciales controvertidos. Integró el tribunal que impuso condenas de hasta 30 años de prisión a manifestantes del 11 de julio de 2021 en La Güinera, entre ellos Dayron Martín Rodríguez y Miguel Páez Estiven. Aunque no fue la jueza ponente de ese proceso, formó parte del órgano colegiado que dictó las sentencias.
También integró el tribunal que rechazó, en noviembre de 2022, un recurso de hábeas corpus presentado a favor de los hermanos Frank Artola Plasencia e Hillary Gutiérrez Plasencia, detenidos tras las protestas de octubre de ese año en La Habana. Cubalex cuestionó que los magistrados confirmaran la legalidad de las detenciones sin escuchar a los jóvenes ni ordenar su comparecencia.
En mayo de 2021 participó, asimismo, en el tribunal que declaró inadmisible una querella presentada por la artista Tania Bruguera contra el presentador oficialista Humberto López por un presunto delito de calumnia.
Los antecedentes contrastan con las declaraciones que la propia magistrada ofreció a la televisión cubana en 2022, cuando aseguró que quería ser jueza para actuar con imparcialidad y tomar decisiones en nombre del pueblo.
LOS FISCALES
Yudenia San Miguel Ramírez
Aunque el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, fechado el 10 de agosto de 2026, identifica a Ramón Macías Núñez como el fiscal al frente del proceso, quien condujo oralmente la acusación durante la vista fue Yudenia San Miguel Ramírez.
Su nombre ha aparecido en los últimos años en espacios de la televisión estatal cubana, donde ha defendido la aplicación de sanciones severas en causas relacionadas con delitos económicos. El programa Hacemos Cuba la ha presentado como fiscal jefa del Departamento de Procesos Penales de la Fiscalía Provincial de La Habana.
En marzo de 2026 intervino públicamente para explicar las investigaciones sobre operaciones ilegales con divisas en el país.
En el juicio contra los cuatro masones, San Miguel Ramírez representó oralmente a la Fiscalía. La acusación se sustentó en dos operaciones de cambio que sumaron 300 dólares y que, según el Ministerio Público, se realizaron utilizando la tasa del mercado informal.
El tribunal terminó imponiendo las mismas sanciones principales solicitadas por la Fiscalía.
Edward Roberts Campbell
Aunque no ocupó formalmente el lugar de la fiscal que intervino en la vista, Edward Roberts Campbell estuvo presente durante el juicio oral. Permaneció entre el público, desde donde tomó notas y dio indicaciones a Yudenia San Miguel Ramírez, según el testimonio de familiares que presenciaron el proceso.
Las indicaciones observadas no permiten determinar por sí solas el contenido ni el alcance de sus instrucciones. Sin embargo, su presencia y comportamiento constituyen elementos relevantes para reconstruir el grado de supervisión ejercido sobre la acusación.
Su presencia también resulta especialmente significativa por su trayectoria dentro de la Fiscalía General de la República y las responsabilidades de dirección que ha ocupado en esa institución.
A diferencia de Yudenia San Miguel Ramírez, Edward Roberts Campbell cuenta con una trayectoria pública más extensa y documentada. Es fiscal de carrera desde 1986 y ha ocupado cargos en distintas instancias de la Fiscalía cubana. Actualmente se desempeña como fiscal jefe de la Dirección de Enfrentamiento a la Corrupción e Ilegalidades de la Fiscalía General de la República (FGR), responsabilidad que ocupa desde diciembre de 2020.
También fue diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular y ha intervenido en procesos judiciales de gran repercusión, entre ellos el juicio contra el exministro de Economía Alejandro Gil Fernández y el de la activista Sulmira Martínez Pérez, conocida en redes sociales como Salem de Cuba y procesada por publicaciones críticas contra el régimen.
En el caso de Gil, Roberts Campbell sostuvo la acusación fiscal y solicitó 20 años de prisión en uno de los procesos contra el exministro. En el de Martínez, la Fiscalía solicitó una condena de diez años de privación de libertad.
Por su actuación en estos procesos, en diciembre de 2025 la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba lo incorporó a su base de datos Represores Cubanos.
LOS OFICIALES DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO
Capitán Daniel Alejandro Licea Carrazana
El capitán Daniel Alejandro Licea Carrazana, primer instructor penal del Órgano Especializado en la Investigación Criminal de los Delitos contra la Seguridad del Estado, compareció en la vista oral para declarar sobre los resultados de las investigaciones realizadas durante la fase preparatoria.
El 26 de marzo de 2026, con motivo del aniversario 67 de los Órganos de la Seguridad del Estado, el medio oficialista Cubadebate difundió un audiovisual titulado Órganos de la Seguridad del Estado en defensa de la Patria, en el que aparece Licea Carrazana.
En el video, el joven oficial, vestido con el uniforme del MININT, habla de su trabajo en el organismo y afirma que su labor busca que su familia, el pueblo y el país “vivan con tranquilidad que nos merecemos”.
Coronel Víctor Álvarez Valle
El coronel Víctor Álvarez Valle se desempeña como segundo jefe del Órgano Especializado de la Dirección General de Investigación Criminal del MININT, estructura encargada de investigar delitos contra la Seguridad del Estado.
Su rostro adquirió notoriedad pública en julio de 2021, tras las protestas del 11J, cuando compareció en la televisión estatal para negar que en Cuba existieran desapariciones forzadas o que la tortura se utilizara como método de investigación. También defendió los procedimientos de detención y procesamiento de los manifestantes.
En octubre de ese año, el artista Hamlet Lavastida lo identificó públicamente como uno de los oficiales que intervino durante su detención en Villa Marista.
Álvarez Valle ha aparecido en otras ocasiones en la televisión estatal para informar sobre procesos y actuaciones relacionadas con el organismo que representa. En julio de 2025, por ejemplo, participó en una comparecencia sobre la actualización de la lista cubana de personas y entidades vinculadas al terrorismo.
Durante el juicio oral contra los masones permaneció en las afueras de la sala. Según el testimonio de dos testigo, durante uno de los recesos conversó con la fiscal Yudenia San Miguel Ramírez y con Edward Roberts Campbell.
Su presencia plantea interrogantes sobre el seguimiento que los altos mandos de la estructura de investigación criminal del MININT dieron a la causa.
Teniente coronel Kenia María Morales Larrea
Kenia María Morales Larrea es teniente coronel del MININT y ha sido identificada como jefa de instructores de la Dirección General de Investigación Criminal. Ha intervenido en investigaciones penales contra artistas y activistas independientes, entre ellos el artista Hamlet Lavastida y la historiadora del arte Carolina Barrero.
Su nombre también aparece relacionado con actuaciones contra integrantes del Movimiento San Isidro y otros representantes del arte independiente cubano.
CubaNet recogió que José Ramón Viñas Alonso la identificó entre los oficiales presentes durante la jornada judicial y la relacionó con amenazas anteriores para que abandonara su cargo masónico. Otros masones también la han señalado como la persona al frente del hostigamiento contra ellos.
Antes del inicio del juicio contra los cuatro masones, varios testigos la vieron en las inmediaciones de la sala. Los testimonios coinciden en que coordinaba o dirigía el dispositivo de vigilancia desplegado en los alrededores y dentro de la sede judicial.
“Kenia me advirtió que dejara mi cargo en el Supremo o sería llevado a tribunales y recibiría una condena”, declaró Viñas a CubaNet. “Ella estaba a las afueras de la sala. Y su amenaza se cumplió”, añadió.
LOS TESTIGOS DE LA FISCALÍA
Odalys Oliva Alfonso
Odalys Oliva Alfonso es la jefa del Departamento del Registro de Asociaciones de la Dirección Provincial de Justicia de La Habana. Su función institucional está relacionada con el registro, control y supervisión administrativa de las asociaciones reconocidas legalmente en Cuba.
En julio de 2025 integró una comisión que inspeccionó los libros contables y los comprobantes de las donaciones recibidas por el Asilo Nacional Masónico “Llansó”, incluidos los fondos procedentes de masones residentes en el exterior .
Su nombre volvió a aparecer en 2026, cuando intervino en la investigación contra los representantes de la Masonería y compareció como testigo de la Fiscalía. Según la información recopilada por CubaNet, fue una de las funcionarias que impulsó las acusaciones relacionadas con el manejo de las finanzas del asilo.
Jesús Martínez Frómeta
Martínez es masón, pero de su vida profana se conoce que trabajó varios años como guardia de prisiones en Guantánamo, su provincia natal.
Entre 2016 y 2021 se desempeñó como tesorero y presidente de la Comisión de Cultura en el Asilo Nacional Masónico “Llansó”. Fue citado como testigo de la Fiscalía para declarar sobre los supuestos malos manejos del fondo en divisas de la institución.
El 6 de julio de 2025 que Martínez Frómeta estuvo entre los masones que bloquearon la entrada a la sede de la Gran Logia de Cuba, cuando decenas de miembros intentaron acceder al edificio para impedir una reunión encabezada por Mayker Filema Duarte, quien previamente había realizado un golpe de Estado a la Institución. Testigos afirmaron que Martínez Frómeta arrojó alcohol en el rostro a varios de sus hermanos durante el forcejeo para romper el cerco de entrada a la Gran Logia, del que él formaba parte.
Varias fuentes afirmaron a CubaNet que fue expulsado de sus funciones al frente del Asilo por “traición” y “desvío de recursos”.
En junio de 2026, la Corte Suprema de Justicia Masónica lo incluyó entre los ocho miembros expulsados de la Orden por “traición a la Fraternidad y sus Instituciones”.
Ernesto Valdés García
Ernesto Valdés García ocupó la presidencia de la Corte Suprema de Justicia Masónica durante la crisis interna que sacudió a la Gran Logia de Cuba tras el robo de 19.000 dólares destinados al Asilo Nacional Masónico Llansó, ocurrido en enero de 2024.
Durante ese período encabezó los procesos judiciales masónicos contra José Ramón Viñas Alonso, entonces Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del Grado 33, y Ángel Santiesteban Prats.
CubaNet y otros medios independientes señalaron que Valdés García trabajaba en la mipyme EDIFICA S.U.R.L., vinculada a Mario Alberto Urquía Carreño, Gran Maestro de la Gran Logia entre 2023 y 2024. Este vínculo fue mencionado en denuncias sobre posibles conflictos de intereses dentro de la justicia masónica.
Valdés García sustituyó a Martínez Frómeta como tesorero del Asilo “Llansó”, cargo que desempeñó hasta 2024.
Durante el juicio penal contra los cuatro masones compareció también como testigo de la Fiscalía. Según testimonios recogidos por CubaNet, alegó que el fondo en monedas extranjeras del asilo se manejaba de manera irregular y sin rendición de cuentas. Sin embargo, los testigos consultados sostienen que no presentó pruebas que respaldaran esas afirmaciones.
“Al contrario, la Fiscalía solo presentó sus alegatos, y ninguna prueba de esos supuestos malos manejos; y, en todo caso, contarían como errores administrativos y no penales”, declaró a CubaNet un testigo del juicio.
“Incluso, en la inspección que hiciera el Registro de Asociaciones no encontraron fallos, estaban todos los vales y libros contables al día, todo estaba debidamente registrado”, añadió.
Fuentes consultadas por CubaNet aseguran que Ernesto Valdés fue también expulsado de la Masonería en la Isla por “traición”. El abogado defensor también lo aseguró durante su exposición en el juicio, según una fuente presencial.
Los argumentos de la defensa
La defensa cuestionó la existencia de delito y sostuvo que las operaciones de cambio de divisas se realizaron para atender necesidades del Asilo Nacional Masónico Llansó, sin que los acusados obtuvieran beneficios personales.
El abogado Roberto Ortega Ortiz solicitó la absolución de sus representados y argumentó que no se produjo un cambio ilegal, pues las operaciones se realizaron internamente, entre masones y con fondos propios del asilo, sin acudir al mercado informal para comprar o vender divisas.
Según la explicación de la defensa, José Ramón Viñas Alonso nunca tuvo contacto con el dinero: únicamente firmó, en su condición de presidente del Patronato del Asilo, la decisión -colegiada entre los más de una docena de miembros- de cambiar determinada cantidad de dólares.
Fernando Marcos García se limitó, según el abogado, a registrar las entradas y salidas de dinero en los libros contables y a realizar las entregas y recepciones correspondientes a sus funciones como contador del Asilo.
Ángel Lázaro Santiesteban Prats sustituyó dólares por moneda nacional, también pertenecientes al asilo, para comprar alimentos destinados a los ancianos, entre ellos leche y confituras. Por su parte, Osvaldo Ernesto Villegas Digat entregó moneda nacional al asilo a cambio de 100 dólares que necesitaba para comprar medicamentos urgentes para su hijo.
La defensa sostuvo que lo único que quedó demostrado durante el juicio fue que las operaciones utilizaron como referencia la tasa del mercado informal —publicada por el medio independiente elTOQUE— y no la tasa oficial de los bancos cubanos.
Sin embargo, el tribunal declaró culpables a los cuatro acusados. En su argumentación, la jueza Irene Macía Mondéjar aludió a la supuesta lesividad del cambio de 300 dólares a la tasa del mercado informal y sostuvo que la actuación de los masones había “afectado la economía nacional”.
