MADRID, España.- El régimen cubano reaccionó al decomiso por parte de las autoridades estadounidenses de 90 cargamentos de combustible, valorados en unos 2,8 millones de dólares y presuntamente destinados a una empresa estatal sancionada, con acusaciones de «piratería», «pillaje» y «asfixia económica» contra Washington.
En una publicación en Facebook, el viceministro de Relaciones Exteriores Carlos Fernández de Cossío defendió la legalidad de las importaciones de combustible a la Isla y cuestionó las medidas estadounidenses contra los suministros energéticos.
Sin embargo, el diplomático no mencionó a ENETEC S.A., la empresa estatal cubana señalada en la investigación, ni abordó las irregularidades comerciales que motivaron las incautaciones. Tampoco distinguió entre las interceptaciones de embarcaciones en aguas internacionales y el decomiso de mercancías en puertos estadounidenses, donde se desarrolló la operación.
«Es importante precisar qué es legal y qué no lo es», comenzó Fernández de Cossío, quien aseguró que «la importación de combustibles por entidades estatales y privadas en Cuba desde cualquier país es legal, conforme a la legislación nacional y el Derecho Internacional».
El funcionario sostuvo que también es legal almacenar, distribuir y comercializar esos combustibles dentro del territorio cubano, así como transportarlos por aguas internacionales.
Asimismo, acusó a Estados Unidos de intimidar a gobiernos, exportadores y transportistas que participan en el suministro de combustible a Cuba mediante amenazas de represalias.
«Es ilegal hostigar e interceptar en aguas internacionales buques que transporten combustibles a Cuba, como es ilegal la piratería y el pillaje», afirmó.
El vicecanciller cerró su publicación calificando de «ilegal, inmoral y criminal» lo que describió como una política de «asfixia económica» contra el pueblo cubano.
Una investigación por evasión de sanciones
La respuesta del funcionario se produce después de que las autoridades estadounidenses anunciaran la incautación de 90 cargamentos de productos combustibles, con un volumen aproximado de 620.000 galones y un valor cercano a los 2,8 millones de dólares.
Según la información difundida sobre el caso, los cargamentos estaban destinados a ENETEC S.A., una empresa estatal cubana vinculada al sector energético e incluida en la lista de entidades sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense.
Las incautaciones se realizaron en los puertos de Everglades, Florida, y Houston, Texas, en el marco de una investigación federal sobre posibles operaciones de exportación destinadas a eludir las sanciones.
La investigación involucra a organismos estadounidenses encargados del control aduanero, la seguridad nacional y el cumplimiento de las regulaciones de exportación.
Aunque Fernández de Cossío presentó la importación de combustible como una actividad legal, ese argumento no responde directamente al objeto de la investigación estadounidense: determinar si las operaciones incumplieron restricciones aplicables a una entidad sancionada.
Estados Unidos permite determinadas exportaciones de combustible hacia el sector privado cubano bajo condiciones específicas. Sin embargo, esas autorizaciones no se extienden automáticamente a empresas estatales sujetas a sanciones.
La controversia ocurre en medio de la crisis energética que atraviesa Cuba, marcada por prolongados apagones, dificultades para generar electricidad y escasez de combustible.
Mientras La Habana responsabiliza a las sanciones estadounidenses de buena parte de esas dificultades, el sistema eléctrico cubano arrastra años de deterioro de sus instalaciones, insuficiente inversión y mala gestión gubernamental.
