MIAMI.— Autoridades federales estadounidenses incautaron administrativamente 90 cargamentos de combustible valorados en aproximadamente 2,8 millones de dólares que, según la investigación, estaban destinados a una entidad cubana sometida a sanciones de Estados Unidos.
Los cargamentos contenían destilados medios mezclados con biodiésel y forman parte de una investigación más amplia sobre un presunto esquema para enviar productos petroleros a Cuba eludiendo las restricciones estadounidenses.
El caso fue presentado este miércoles en Miami por funcionarios de tres agencias federales: José R. Figueroa, agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Miami; Daniel Alonso, director de Operaciones de Campo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para Miami y Tampa; y Jeremy Shein, agente especial a cargo de la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio.
La conferencia de prensa se realizó en la sede de HSI en Miami, con presencia de representantes de agencias federales y medios locales.
Una investigación sobre combustible con destino a Cuba
De acuerdo con la convocatoria oficial, las autoridades investigan los 90 envíos por considerar que formaban parte de un mecanismo para exportar ilegalmente combustible a Cuba y evadir las sanciones estadounidenses.
Las autoridades identificaron públicamente a la entidad cubana ENETEC S.A., sancionada el 13 de julio, como una pieza clave del esquema de compañías responsables de los cargamentos. HSI la vinculó con un cargamento de combustible incautado en Estados Unidos y con buques de bandera de San Cristóbal y Nieves detectados en el Caribe que, según las autoridades, transportaban combustible ilícito.
ENETEC S.A. es una empresa estatal cubana dedicada a la importación, exportación y comercialización de combustibles. Su ficha en la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) indica que fue constituida el 9 de diciembre de 2019, tiene sede en La Habana y está registrada con el código 60631. La compañía figura en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN), bajo el programa CUBA-EO14404. El registro público consultado no identifica a sus directivos ni detalla su estructura de propiedad.
Al tratarse de una investigación en curso, las autoridades fueron cautelosas al ofrecer información específica sobre quién organizó los envíos, cuál era su destino final y qué mecanismo se habría utilizado para sortear las restricciones.
La operación involucra a agencias con responsabilidades distintas dentro del sistema federal de control de exportaciones y cumplimiento de sanciones. HSI investiga posibles violaciones relacionadas con la seguridad nacional y delitos federales; CBP supervisa el movimiento de mercancías y las operaciones de comercio internacional; y BIS administra y hace cumplir los controles de exportación del Departamento de Comercio.
El combustible y las sanciones
La incautación se produce en un momento en que los envíos de productos petroleros hacia Cuba están bajo especial escrutinio de las autoridades estadounidenses.
Las sanciones de Washington no significan que todo envío de combustible a Cuba esté automáticamente prohibido. Existen operaciones autorizadas bajo determinadas condiciones, mientras que las restricciones alcanzan a determinadas entidades cubanas y a transacciones vinculadas con ellas.
El sector privado cubano sí está importando combustible desde Estados Unidos mediante operaciones que deben cumplir las regulaciones estadounidenses. La Oficina de Industria y Seguridad (BIS) contempla el envío de productos petroleros de origen estadounidense a empresas privadas cubanas elegibles bajo la excepción “Apoyo al Pueblo Cubano”, siempre que se cumplan sus condiciones y las restricciones de la OFAC. Esta vía permite abastecer determinadas actividades privadas, pero no autoriza cualquier operación por el solo hecho de que el comprador se presente como una mipyme.
El mecanismo combina la compra a un proveedor extranjero con servicios de importación y logística en Cuba. En las operaciones descritas públicamente, el empresario contrata una importadora estatal autorizada para tramitar la entrada del combustible, que llega por vía marítima en contenedores cisterna, principalmente al puerto del Mariel. Después se almacena o se entrega mediante instalaciones contratadas; algunas gasolineras estatales despachan ese combustible únicamente a vehículos registrados por las empresas compradoras. Así, aunque el destinatario sea privado, el proceso puede utilizar intermediarios e infraestructura estatal: la legalidad depende también de quiénes intervienen y del destino efectivo del producto.
La incautación se conoce después de la interceptación del buque Grace en el Caribe, una operación que involucró a la Guardia Costera de Estados Unidos y volvió a poner el foco sobre los cargamentos de combustible destinados a Cuba.
El buque fue abordado el 5 de septiembre mientras se dirigía hacia la isla y posteriormente trasladado a México para su inspección, según la información difundida sobre la operación.
