LA HABANA.- Antonio, un vecino de mi barrio de avanzada edad, conserva una buena capacidad física y mental, pero no puede vivir solo. Como muchas personas mayores, no cuenta con familiares en Cuba, pues emigraron o fallecieron; así que desde hace varios años vive acompañado por una familia incorporada legalmente a su núcleo familiar para que se encargara de atenderlo.
La mujer que hoy lo cuida comenzó primero esa labor con la madre de Antonio hasta su fallecimiento. Por acuerdo entre ambos, legalizaron su permanencia en la vivienda. Ella, a su vez, con ciertos subterfugios, incorporó a su hija con dos nietos y, posteriormente, a su esposo y a su madre, ambos ya fallecidos. Además, otros familiares han transitado temporalmente por la casa.
Conversé con Antonio hace pocos días y me confesó estar muy preocupado. En los últimos tiempos ha notado la desaparición de objetos personales y de dinero que recibe como ayuda de sus familiares en el exterior. «Antes esas cosas no pasaban», me dijo.
Afirma que considera a esas personas como una segunda familia. Incluso aporta dinero para los gastos del hogar.
Sin embargo, cuando reclama por algún objeto desaparecido, la respuesta habitual es: «Búscalo». Le insinúan que pierde las cosas porque su memoria ya no funciona bien. Algo contradictorio con toda una vida de orden. Desde niño aprendió una frase que siempre ha guiado su conducta: «Ten un lugar para cada cosa y pon cada cosa en su lugar».
También ha observado que objetos que siempre coloca en el mismo sitio aparecen después en otro lugar. Sospecha que alguien podría moverlos deliberadamente para hacerlo creer que tiene problemas de memoria. Sin embargo, como no puede demostrarlo, prefiere guardar silencio.
Ante estas dudas acudió a la psiquiatra de su policlínico, quien lo remitió a un especialista en Geriatría para realizarle pruebas cognitivas que permitan determinar si los olvidos corresponden al envejecimiento normal o si realmente está siendo víctima de quienes hoy velan por él.
Su mayor preocupación es precisamente esa: si algún deterioro propio de la edad le impide defenderse, ¿a quién acudir? ¿Cómo demostrar que conserva sus facultades?
Otro problema es que esa familia, originaria del oriente del país, ya no tiene vivienda en su lugar de origen porque la vendió hace años. Antonio considera que el Estado tampoco ofrece una solución y que la legislación vigente termina protegiendo a quienes ocupan el inmueble.
Muchas personas opinan que cometió un error al incorporarlos legalmente a su núcleo familiar. Pero cuando tomó esa decisión aún trabajaba y su madre ya presentaba síntomas de demencia senil. Acudió a los trabajadores sociales en busca de ayuda para que la atendieran mientras él cumplía con su jornada laboral, algo contemplado por la legislación. Sin embargo, la ayuda nunca llegó a tiempo. Dos meses después del fallecimiento de su madre solo recibió una pensión de 162 pesos, insuficiente para resolver la situación.
Antonio también reconoce que hasta hoy ha recibido una alimentación adecuada y que, cuando ha enfrentado problemas de salud, esa familia ha estado a su lado. Esa realidad hace todavía más confusa su situación, pues convive con el agradecimiento y la sospecha.
Antonio aún no sabe si las pérdidas que denuncia son consecuencia del paso de los años o del abuso de la confianza que depositó en quienes hoy lo cuidan. Esa duda, imposible de despejar para muchos adultos mayores cubanos, revela una vulnerabilidad que el sistema de asistencia social no ha logrado atender. En un país cada vez más envejecido, historias como la suya dejan una pregunta inquietante: ¿quién protege a quienes ya no pueden defenderse solos?
