MIAMI, Estados Unidos ― Al menos 39 personas murieron bajo custodia del Estado cubano durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con un balance publicado este jueves por el Centro de Información Legal Cubalex.
El registro no se limita a los fallecimientos ocurridos dentro de cárceles. La organización de derechos humanos considera muertes bajo custodia aquellas producidas en prisiones, unidades policiales, instalaciones militares, hospitales, instituciones de internamiento y otros espacios en los que el Estado ejerce control efectivo sobre la vida y la integridad de una persona. La inclusión de un caso en esa categoría no implica necesariamente que todas las víctimas hayan sido asesinadas por agentes estatales, pero sí que las autoridades tenían sobre ellas un deber reforzado de protección, asistencia médica y esclarecimiento de las circunstancias del deceso.
La cifra de 39 es, además, un mínimo documentado y no un total definitivo. Cubalex obtiene los datos mediante el monitoreo de publicaciones en internet, noticias, testimonios y reportes recibidos directamente, pero advierte que ese método no permite acceder a denuncias difundidas en perfiles privados ni a los casos de personas sin teléfono, conexión a internet o posibilidades de comunicarse sin exponerse a represalias. “Los datos de este informe no deben considerarse totales ni definitivos”, precisa la organización, que reconoce que “muchas denuncias permanecen invisibles”.
El primero de los cuatro presos políticos fallecidos fue Lázaro García Ríos, de 47 años, quien murió en enero en el Combinado del Este, la prisión de máxima seguridad situada en La Habana. Cubalex, que atribuyó su muerte a la falta de atención médica, lo identificó entonces como el primer preso político muerto bajo custodia estatal en 2026.
Luis Miguel Oña Jiménez, de 27 años, murió en febrero, después de recibir una licencia extrapenal cuando su estado de salud ya estaba gravemente deteriorado. El joven, portador de VIH y condenado a 12 años de prisión por participar en las protestas del 11 de julio de 2021, había sufrido una isquemia cerebral en la prisión Cuba-Panamá, en Mayabeque, que le paralizó varias partes del cuerpo. Fue trasladado al Hospital Julio Trigo, en La Habana, y posteriormente enviado a su vivienda.
Cubalex sostuvo que, en el caso de Oña Jiménez, “las autoridades recurrieron a la frecuente práctica de otorgar una tardía licencia extrapenal, cuando la situación ya era irreversible, para evadir la responsabilidad estatal ante el inevitable deceso”. La organización describe ese mecanismo como una “excarcelación para morir”: el prisionero es enviado fuera del establecimiento penitenciario cuando su fallecimiento es inminente, sin que la medida repare el deterioro sufrido durante el encarcelamiento.
Roberto Álvarez Ávila falleció bajo custodia estatal después de resultar gravemente herido durante un enfrentamiento con Tropas Guardafronteras, en el contexto de la interceptación marítima de un grupo de exiliados el 25 de febrero. Según Cubalex, las autoridades lo trasladaron a otra provincia pese a la gravedad de sus lesiones. Los cinco sobrevivientes quedaron detenidos y la Fiscalía cubana les imputó posteriormente el presunto delito de terrorismo.
La ONG señaló que las circunstancias del operativo marítimo exigían “un esclarecimiento completo, independiente y transparente” y recordó que el Estado debía demostrar que el uso de la fuerza se ajustó a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, garantizar atención médica a los heridos e investigar de manera pronta e imparcial cualquier muerte potencialmente ilícita. En junio, la organización informó que los cinco sobrevivientes continuaban sometidos a condiciones de rigor extremo y que uno de ellos, Leordán Enrique Cruz Gómez, no había recibido atención médica adecuada después de ser baleado.
El cuarto preso político identificado, Ernesto Brieva Sempé, murió el 12 de mayo en el Combinado del Este. Tenía 52 años y presentaba un cuadro severo de desnutrición y complicaciones renales que, según Cubalex, no fueron atendidas adecuadamente. Brieva había sido condenado en enero de 2023 a cinco años de trabajo correccional sin internamiento por participar en las protestas de Toyo, en La Habana, pero ese beneficio le fue revocado por mantener una postura crítica hacia el sistema.
Febrero fue uno de los meses más críticos del período: Cubalex documentó la muerte de siete prisioneros por causas que incluyeron desnutrición, asesinatos entre reclusos, supuestos suicidios y deficiente atención médica. “Las muertes en prisiones son una de las expresiones más palpables del abandono y desamparo en que se encuentran los reclusos”, indicó la organización.
A esos siete fallecimientos se sumaron en febrero otras tres muertes ocurridas bajo custodia o responsabilidad estatal. Abraham Limonta Estrada se suicidó, según Cubalex, debido al acoso sufrido durante el Servicio Militar Activo; Yasmani Aranguren Caraballo murió mientras estaba detenido en el Técnico de Alamar y su cadáver presentaba signos de violencia física; y una mujer con discapacidad y desnutrición falleció en el Hospital Calixto García después de que trabajadores del asilo donde se encontraba la abandonaran allí tras un ataque epiléptico.
En marzo, además de Álvarez Ávila, murió Juan Antonio Sigüenza Sánchez. Cubalex vinculó su fallecimiento con la desnutrición y las enfermedades adquiridas durante el encarcelamiento. Ese mes, la organización describió las prisiones cubanas como uno de los principales escenarios de violaciones de derechos humanos, marcadas por mala alimentación, escasez de medicamentos, requisas arbitrarias, incomunicación, amenazas, golpizas, negación deliberada de atención médica, aislamiento prolongado en celdas de castigo, corrupción y denegación de beneficios penitenciarios.
En mayo, junto con Brieva Sempé, Cubalex documentó otras cinco muertes en custodia penitenciaria. Yassel Martínez Hechavarría, de 28 años, falleció en el Hospital Ambrosio Grillo después de ser trasladado en estado crítico desde la prisión La Caoba, en Palma Soriano. Guidoberto Leyva Guerra, de 61 años y paciente de cáncer, murió tras permanecer aproximadamente un mes con una sonda sin bolsa y sin atención médica. José Ricardo Montero Ávila, de 59 años, sufrió un derrame cerebral en la prisión El Típico, en Las Tunas, y permaneció más de 12 horas en el puesto médico del penal antes de ser llevado a un hospital.
También en mayo falleció Mario Gómez, quien padeció una enfermedad cerebrovascular isquémica aguda y fue trasladado desde la prisión de Canaleta al hospital provincial de Ciego de Ávila, donde se le negó la permanencia en terapia intensiva. Ermis Bombu Moreira entró en coma metabólico durante una huelga de hambre en el Combinado de Guantánamo y murió posteriormente en el hospital provincial. Aunque recibió una licencia extrapenal el 6 de mayo, Cubalex indicó que su estado ya era grave e irreversible.
Fuera del sistema penitenciario, Cubalex registró en mayo la muerte de Ángel Ernesto Apóstol, un joven que sufrió un accidente en un tanque de guerra sin frenos durante una maniobra del Servicio Militar Activo. Apóstol permaneció varios días hospitalizado y falleció el 23 de mayo.
En junio, Cubalex reportó dos muertes que calificó como potencialmente ilícitas. Un ciudadano con enfermedad de Parkinson, desaparecido desde el 24 de junio, falleció en el Hospital Salvador Allende, en La Habana, y fue enterrado sin consentimiento de su familia. Una reclusa murió en la Prisión de Mujeres de Camagüey, presuntamente por suicidio, después de ser humillada públicamente por la jefa de la unidad. La organización aclaró que no había podido verificar la fecha ni la causa oficial de ninguno de los dos fallecimientos.
El informe de junio documentó 138 violaciones contra personas privadas de libertad, entre ellas 32 casos de negación o negligencia en la atención médica. Cubalex describió como patrones persistentes la pésima alimentación, las golpizas, las celdas de castigo, la incomunicación, las amenazas, los traslados punitivos y los brotes epidemiológicos. Los eventos se distribuyeron en 55 centros: Kilo 8, en Camagüey, concentró 23; el Combinado del Este y El Típico Nuevo registraron 12 cada uno; Canaleta, ocho, y el centro de operaciones de Versalles, siete.
El nuevo balance mantiene una tendencia documentada por Cubalex durante años anteriores. La organización registró 56 muertes bajo custodia entre enero de 2022 y enero de 2024, de las cuales 21 estuvieron asociadas a la negación de atención médica, 13 fueron suicidios, cinco ocurrieron en contextos de violencia institucional y tres se debieron a accidentes laborales en prisiones o unidades militares. El análisis identificó además aislamiento prolongado, desinformación a las familias y ausencia de investigaciones independientes como patrones recurrentes.
Cubalex sostiene que cualquier muerte potencialmente ilícita ocurrida bajo control estatal debe ser investigada de forma pronta, exhaustiva, imparcial e independiente, con acceso de los familiares a la información y protección de las pruebas. Para la organización, la reiteración de fallecimientos asociados a negligencia médica, violencia, condiciones degradantes y falta de supervisión muestra que no se trata de hechos aislados, sino de un problema estructural agravado por la ausencia de rendición de cuentas.
