MIAMI, Estados Unidos ― El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) pidió al Parlamento de Canadá que exija al régimen cubano la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos y de conciencia, durante una comparecencia celebrada este lunes ante el Subcomité de Derechos Humanos Internacionales de la Cámara de los Comunes.
La organización solicitó además que Canadá respalde la creación de un fondo internacional para reparar a las víctimas de la represión en la Isla e impulse la documentación de los funcionarios involucrados en encarcelamientos por motivos políticos, explicó su director ejecutivo, Alejandro González Raga.
La intervención tuvo lugar durante la reunión número 22 del subcomité, dentro de una sesión informativa sobre los derechos humanos en el Caribe. La Cámara de los Comunes reservó una hora para abordar la situación cubana y confirmó la comparecencia por videoconferencia de González Raga, junto con Samantha Hislop, copresidenta de la organización Canadian Network on Cuba, y Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders.
De acuerdo con un comunicado difundido por el OCDH tras la audiencia, González Raga responsabilizó no solo al régimen de La Habana por la persistencia de la represión, sino también a los gobiernos democráticos que durante décadas mantuvieron acuerdos políticos, comerciales y financieros con las autoridades cubanas sin condicionar esas relaciones a mejoras verificables en materia de derechos humanos.
“Cada apretón de manos normalizó a la dictadura; fue una sentencia más para quienes resistíamos dentro de la Isla”, declaró el director ejecutivo del OCDH.
Asimismo, sostuvo que la presión y la solidaridad internacionales pueden resultar determinantes para quienes se encuentran encarcelados y sus familiares. “El silencio frente a la represión solo beneficia a quienes niegan las libertades fundamentales”, dijo al recordar sus años en prisión.
González Raga reconoció también el trabajo de la Coalición Cubano-Canadiense y su llamado reiterado a que el Gobierno y el Parlamento de Canadá no permanezcan indiferentes ante las violaciones de derechos humanos cometidas en Cuba.
El OCDH reclamó que los países que contribuyeron a sostener económica o diplomáticamente al régimen cubano participen ahora en un mecanismo de reparación para las víctimas. “Quienes auparon a la dictadura, quienes la sentaron a la mesa y le dieron crédito mientras encarcelaba a su pueblo, tienen ante la historia una obligación moral que no se saldará con palabras de arrepentimiento, sino con hechos de reparación”, expresó González Raga.
El opositor agregó que “una libertad que no repara a sus víctimas queda incompleta” e invitó al Parlamento canadiense y a otros gobiernos a contribuir a la creación del fondo internacional.
La propuesta ya había sido presentada por el OCDH ante las autoridades de la Unión Europea el pasado 4 de junio. La organización planteó entonces que los recursos procedentes de bienes presuntamente malversados por la cúpula cubana podrían utilizarse para indemnizar a víctimas de encarcelamientos políticos, confiscaciones, destierros y otras violaciones de derechos humanos.
Durante su exposición ante los legisladores canadienses, González Raga afirmó que más de 800 personas permanecen privadas de libertad en Cuba por razones políticas o de conciencia.
González Raga también señaló ante el subcomité que en 2025 se habían documentado al menos 875 violaciones a la libertad religiosa en Cuba y citó además un estudio del observatorio según el cual el 89% de los hogares cubanos vive en condiciones de pobreza extrema, con ingresos insuficientes para cubrir el umbral mínimo de subsistencia.
El activista contrastó la precariedad de la población con los activos controlados por el conglomerado militar Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA). Durante la audiencia, afirmó que el holding había llegado a acumular alrededor de 18.000 millones de dólares y recordó que el Departamento de Estado de Estados Unidos elevó la estimación hasta los 20.000 millones.
González Raga fue uno de los 75 opositores detenidos durante la Primavera Negra de 2003. Amnistía Internacional lo reconoció como preso de conciencia y documentó que el periodista independiente, quien había colaborado en la recogida de firmas para el Proyecto Varela, fue detenido el 18 de marzo de ese año.
Un tribunal cubano lo condenó a 14 años de prisión bajo el artículo 91 del entonces Código Penal. Fue excarcelado en febrero de 2008, después de cumplir cerca de cinco años, y trasladado a España. Human Rights Watch señaló posteriormente que su liberación, junto con la de otros tres presos políticos, estuvo condicionada a que aceptaran el exilio y abandonaran Cuba.
