MIAMI, Estados Unidos. – Cuatro miembros del Congreso de Estados Unidos ―incluidos los tres legisladores cubanoamericanos del sur de Florida― enviaron una carta este viernes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para pedirle que el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) considere imputar a Raúl Castro por el derribo, en 1996, de dos aeronaves civiles de la organización Hermanos al Rescate, y que evalúe si deben emitirse notificaciones rojas de Interpol en su contra.
El documento fue difundido en Facebook por el congresista Mario Díaz-Balart, quien además acompañó la carta con un mensaje en el que calificó a Trump como “un firme aliado y un símbolo de esperanza” para “los valientes activistas que luchan por la democracia”, y afirmó que “la rendición de cuentas debe comenzar desde arriba”, al referirse a la cúpula del poder en Cuba.
En la carta, los firmantes señalan que desean destacar “una injusticia de larga data” y formulan su solicitud central en estos términos: “Respetuosamente solicitamos que el Departamento de Justicia considere acusar a Raúl Castro, quien es responsable de los asesinatos a sangre fría de tres estadounidenses y un residente permanente de Estados Unidos en el derribo de 1996 de Hermanos al Rescate de dos aeronaves civiles por aviones caza MiG cubanos, y considere si deben emitirse ‘notificaciones rojas’ de Interpol contra él”.
El documento sostiene que, “basado en información pública”, el 24 de febrero de 1996 Raúl Castro ordenó a un MiG cubano “involucrarse y destruir” dos aeronaves civiles de Hermanos al Rescate sobre aguas internacionales, y menciona como víctimas a tres ciudadanos estadounidenses y a un residente legal en Estados Unidos: Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales. Los congresistas añaden que esos vuelos se realizaban sobre el estrecho de Florida “para identificar y ayudar” a balseros cubanos.
En su publicación de Facebook, Díaz-Balart enmarca la carta en la cercanía del aniversario del derribo. “El atroz derribo de dos aeronaves civiles desarmadas en aguas internacionales (…) resultó en el asesinato de cuatro inocentes humanitarios”, subraya el legislador cubanoamericano.
Los firmantes también argumentan que el caso ya ha tenido desarrollos judiciales en Estados Unidos y citan actuaciones posteriores relacionadas con el derribo. En una sección del anexo, se afirma que un jurado en un juicio penal presidido por la jueza federal Joan Lenard condenó el 10 de junio de 2001 al exespía Gerardo Hernández Nordelo por “conspiración para cometer asesinato” por su papel en proveer información al Gobierno cubano sobre planes de vuelo de Hermanos al Rescate.
La carta también indica que, el 21 de agosto de 2003, un gran jurado federal acusó a dos pilotos cubanos y a su entonces jefe, Rubén Martínez Puente, por cargos de asesinato relacionados con el derribo, y sostiene que la Organización de Aviación Civil Internacional confirmó en un informe que el Gobierno cubano actuó “ilegalmente” porque los aviones no estaban sobre territorio cubano ni en su espacio aéreo.
La misiva está firmada por Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Nicole Malliotakis, todos congresistas. En el documento consta también que una copia fue remitida a Pam Bondi, la fiscal general de Estados Unidos.
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