MIAMI, Estados Unidos ― La Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA) pidió a la Unión Europea (UE) cancelar “toda forma de cooperación y recursos destinados a la dictadura cubana” y llamó a mantener la presión internacional sobre los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela para exigir la liberación de presos políticos y la recuperación del Estado de derecho, en una declaración fechada este 4 de mayo.
En el pronunciamiento, titulado “Manteniendo la presión por Cuba, Nicaragua y Venezuela”, la UPLA pidió a la UE que cancele la cooperación con La Habana “como una clara señal de condena al régimen en la isla y de respaldo a un nuevo orden democrático en el país”.
La organización también exigió “la liberación de los presos políticos en Cuba, donde el régimen mantiene a opositores a la dictadura en condiciones infrahumanas”. El pasado 16 de abril Prisoners Defenders reportó la verificación de 44 nuevos presos políticos en marzo y elevó su registro total a 1.250 personas encarceladas por motivos políticos. Un día antes Amnistía Internacional había advertido que los anuncios de excarcelaciones e indultos del Gobierno cubano seguían marcados por falta de transparencia y no garantizaban una liberación real de personas detenidas por razones políticas.
El comunicado de la UPLA coloca el caso cubano dentro de una declaración regional que también apunta contra los gobiernos de Venezuela y Nicaragua. Sobre Venezuela, la ONG reclamó “la inmediata y total liberación de los presos políticos en Venezuela, sin exclusiones ni falsos tecnicismos que mantienen aún a muchos injustamente encarcelados”. Además, exigió al régimen venezolano “la convocatoria a elecciones libres, justas y transparentes, sin más dilaciones”, al considerar que la demora “solo favorece la rearticulación de la izquierda chavista en el país”.
Foro Penal, una de las principales organizaciones de defensa legal de presos políticos en Venezuela, reportó que al 27 de abril había 454 presos políticos en el país, entre ellos 410 hombres, 44 mujeres, 268 civiles y 186 militares; 290 permanecían sin condena y 41 tenían nacionalidad extranjera, según el balance publicado por la ONG.
En el caso de Nicaragua, la UPLA llamó la atención sobre “la persecución política de opositores que realiza la dictadura nicaragüense, incluyendo a altos miembros de la Iglesia Católica, a quienes se les revoca la nacionalidad y se les exilia sin fundamento alguno”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó en 2025 un total de 453 personas nicaragüenses privadas arbitrariamente de nacionalidad y desterradas entre febrero de 2023 y septiembre de 2024, de las cuales 44 pertenecían a comunidades religiosas.
El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas denunció que hasta el 31 de marzo Nicaragua mantenía 47 personas detenidas por motivos políticos, incluidas 11 en condición de desaparición forzada, de acuerdo con un reporte citado por EFE. Expertos de Naciones Unidas también señalaron en septiembre de 2025 que el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo había extendido la represión contra opositores fuera del país mediante privación de nacionalidad, prohibición de entrada, denegación de pasaportes, confiscación de bienes y vigilancia.
La declaración fue emitida “con el propósito de mantener la atención internacional sobre la situación en Cuba, Nicaragua y Venezuela”, según el propio texto. En su cierre, la UPLA solicitó a la comunidad internacional “no abandonar la atención y el apoyo en favor de estos tres países, para que pronto se pueda recuperar en ellos la institucionalidad, el Estado de derecho y el orden democrático”.
El documento aparece suscrito por Francisco Chahuán, presidente de UPLA; Keiko Fujimori, Hernán Darío Cadavid, Pelegrín Castillo y Orlando Gutiérrez Boronat, vicepresidentes de la organización; Andrea Ojeda, vicepresidenta ejecutiva; Julián Obiglio, vicepresidente ejecutivo y presidente honorario; así como Marco Solares, Óscar Ortiz, Diego Guelar, Sergio Romero y Juan Antonio Coloma, integrantes del Consejo de Honor.
La UPLA se define como una organización de partidos y movimientos políticos de centro y centroderecha de América, creada para promover y defender la democracia y la libertad en América Latina. La organización regional forma parte del entramado de la International Democracy Union, que agrupa a partidos miembros y uniones regionales de distintas partes del mundo.
