CIUDAD DE MÉXICO. – El pasado 8 de febrero, el ministro de Economía y Planificación de Cuba, Alejandro Gil, declaró en entrevista con la Agencia Cubana de Noticias (ACN) que las tiendas de GAESA en las cuales se venden productos de primera necesidad son “una medida de justicia social”.
Pero las tiendas en moneda libremente convertible (MLC) e incluso las llamadas shoppings que se crearon en 1994 siempre han vendido en una moneda con la cual no se paga a los trabajadores ni pensionados cubanos. Desde el 94, los economistas de la Isla han señalado los impuestos sobre los productos de esas tiendas, de entre 240% y 300% sobre su valor real. Por eso constituyen una humillación nacional para la población y una extorsión a los emigrados que mantienen a sus familias en medio de la pavorosa carencia de alimentos básicos, medicamentos y productos de aseo que impera en el país desde hace 30 años.
Así que miente el ministro cuando afirma que esas tiendas en moneda extranjera se crearon en el 2019. Desde 1994, se inició el apartheid económico de las tiendas GAESA. Hace 28 años, el Gobierno de la Isla inventó una moneda solo funcional en el territorio nacional llamada CUC (peso convertible) con un cambio de 1 por 25 pesos cubanos.
Debido a esa tasa cambiaria, todas las cifras oficiales de PIB cubano han sido falseadas: se informan en dólares cuando en realidad se trata de pesos cubanos. En otras palabras, antes del 2021, el PIB per cápita que declaraba el Gobierno había que disminuirlo 25 veces para entender la real capacidad de compra de los salarios y las pensiones en Cuba. Así, el ingreso per cápita real era comparable con el del país africano más pobre: la República Democrática del Congo. No es casual que el Gobierno cubano no haya publicado nunca el índice de pobreza por ingresos del PNUD, que se aplica en el resto del mundo. La gratuidad de los servicios de salud y educación la tienen muchos países latinoamericanos y europeos, y no están desvencijados ni son de bajo nivel, como los que ofrece el Gobierno de la Isla a sus ciudadanos.
Unas tiendas que nunca debieron existir por el apartheid económico que generan en la población, se mantuvieron hasta el 2021, cuando fueron cambiadas a otras que venden en MLC. Si en las anteriores tiendas de GAESA creadas en 1994 se podía comprar con CUC, disponible en casas oficiales de cambio (las llamadas Cadecas), hoy es imposible comprar la moneda libremente convertible, salvo en el mercado informal, sobre el cual pende una norma que penaliza con cinco años de prisión a quien venda o compre dólares u otras monedas extranjeras.
El Gobierno también prohíbe la circulación del dólar y obliga a los emigrados a pagar unas tarjetas magnéticas desde el exterior para que sus familiares puedan sobrevivir a la pavorosa escasez que reina en toda Cuba.
Ni el embargo ni la COVID-19 son las causas de las tiendas de GAESA
Una petición ciudadana publicada hace un año en la plataforma Change.org pide la eliminación de estas tiendas y su sustitución por establecimientos en moneda nacional. Hasta el momento ha sido firmada por 12 218 ciudadanos.
Sin embargo, es la disparatada política económica del Gobierno cubano quien ha creado este apartheid económico en la Isla.
Creo que ningún productor de alimentos del mundo pudiera salir adelante con las siguientes prohibiciones:
-El Gobierno cubano obliga a vender a precios por debajo de los costos o por debajo del mercado el 80% o 100% de las cosechas. A esto se le llama en Cuba “el encargo estatal”.
-Existe un monopolio único estatal para recoger las cosechas y los productos, Acopio, que fija los precios y de manera recurrente deja podrir las cosechas por la falta de envases, gasolina o camiones. En adición, los productores denuncian la tardanza en sus pagos. Hace apenas tres días un campesino se quejaba de la pérdida de 200 quintales de tomates en Artemisa porque Acopio no se había presentado a recogerlos.
-A los productores se les paga en pesos cubanos pero no pueden adquirir sus insumos para producir sino en moneda extranjera. A través de GELMA, monopolio estatal intermediario, los productores pueden importar y exportar pagando precios exorbitantes. Los campesinos cubanos no pueden crear mercados mayoristas de productos y servicios con inversores extranjeros o nacionales al margen del ineficiente Estado burocrático.
-Recientemente, el Gobierno cubano impuso una nueva resolución que obliga a los productores a declarar de antemano los productos y la cuantía que van a producir. También impuso un impuesto del 10% sobre las ventas de estos productos. De este modo, ahora la media de los impuestos a los productores fluctúa entre el 38% y el 45% teniendo en cuenta los gravámenes a la fuerza de trabajo y las producciones. ¿El Gobierno de Cuba tiene los impuestos más altos del mundo?
-Los créditos son lentos, con mucha burocracia para obtenerlos. Muchas veces no se consiguen o llegan tan atrasados que ya no son útiles.
Estas mismas prohibiciones las sufren todos los productores de bienes y servicios. Las nuevas Minipymes nacen dentro de este marco jurídico y bajo reglas que imposibilitan producir.
Hoy, el Gobierno ha impuesto 49 empresas estatales intermediarias que siguen asfixiando la producción de bienes y servicios. El llamado de los economistas cubanos a liberar las fuerzas productivas y permitir las empresas privadas tiene décadas, pero los sucesivos ministros de Economía mienten sobre la política económica y ocultan la información para no ser evaluados por la ciudadanía.
Alejandro Gil miente cuando dice que las tiendas del consorcio militar GAESA ―un consorcio opaco que no rinde cuentas públicas y que controla toda la economía dolarizada― son “una medida de justicia social”. Esta aseveración es falsa, y oculta la disparatada política económica que él conduce, aunque quizás, bajo una dictadura estalinista los ministros sean meras marionetas irresponsables y obedientes al poder.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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