HOLGUÍN, Cuba.- Es un día tranquilo en la farmacia. Detrás del mostrador, a la espera de un cliente, está Carmen, que así prefirió identificarse. La ‘soledad’ es una buena aliada para contar a CubaNet sus penurias laborales.
“Aquí no tenemos condiciones para trabajar. La administración no nos garantiza nada. El almuerzo y la merienda la traemos de la casa. Ni siquiera agua nos dan. Incluso el lapicero que utilizamos tenemos que comprarlo”, dice la empleada visiblemente irritada. Poco a poco controla el tono de su voz por temor a ser escuchada.
El transporte es otro de los inconvenientes que enfrenta. “Gano 2 900 pesos mensuales (29 dólares) que apenas me alcanzaN para vivir. Cada vez que vengo a trabajar pago 40 pesos ida y vuelta en coche (transporte de tracción animal). Son 1 200 pesos al mes que es casi la mitad de mi salario. Estoy trabajando para el cochero.”, asevera.
Con el dinero que le queda, Carmen sobrevive lidiando con los elevados precios de los productos básicos provocados por una indetenible inflación. “Pago el agua, la luz, la comida y los demás gastos. Todo está muy caro”, se queja.
A 180 pesos la libra de carne de cerdo o de carnero, a 160 el chorizo o el salchichón, el frijol negro a 80 y el colorado a 100, la de tomate se comercializa a 30 pesos y el limón a 90, mientras que el litro de leche está a 50 y un huevo cuesta 20 pesos. Son algunos alimentos básicos, pero inalcanzables para Carmen y sus colegas.
“Fíjate, con cinco libras de frijol, un litro de leche y cinco de carne, que la mitad es hueso, unido al transporte, gasto todo mi salario. Y todavía me queda por pagar el consumo de corriente, vestir y calzar”, dice Carmen.
Bajos salarios, pésimas condiciones de trabajo y desatención a sus demandas perentorias son algunas de las dificultades traducidas en explotación laboral que sufren los trabajadores cubanos, quienes no ven la luz al final del túnel ante la desatención sindical a sus peticiones.
El caso de los empleados de la red de 181 farmacias comunitarias de la provincia Holguín no es la excepción.
Carmen vive sola. Aunque los dos hijos quieren ayudarla, no pueden. “Ellos tienen muchos problemas”, dice la señora que hasta ahora tampoco ha encontrado una farmacia cercana a su hogar y evitar el alto costo del transporte.
La disminución de la carga laboral ocasionada por la escasez de medicamentos, paradójicamente, podría ser un alivio para Carmen.
Sin embargo, el martes o el miércoles, cuando entra la mercancía, Carmen y sus compañeras no dan abasto. “Esos días estamos las 12 horas de pie sin apenas comer ni tomar agua”.
Cuando falla el servicio eléctrico, a pesar de la oscuridad, la venta no se detiene. “A veces trabajamos a oscuras en medio de un apagón con el riesgo de confundir los medicamentos. No nos garantizan una luz artificial. Si nos equivocamos tenemos que asumir las consecuencias y los errores de los jefes”, comenta.
Estos inconvenientes, y la solicitud de uniforme y zapatos para trabajar, han sido planteados por Carmen y sus compañeros en las reuniones del sindicato. Pero hasta ahora las peticiones no han sido satisfechas. “Esta bata que tengo puesta la compré en la calle y los zapatos los he mandado a remendar varias veces. Me da pena que los clientes me vean así, pero no tengo más opciones. Quisiera trabajar en otro lado, pero no he encontrado nada mejor. No puedo salir de ‘guatemala’ para entrar en ‘guatapeor’”, ironiza.
En una peor situación están sus colegas que viven en el Coco y en el Valle de Mayabe, poblados del municipio Holguín distantes del centro de la ciudad.
Una de ellas, bajo identidad reservada por temor a ser despedida, habló con CubaNet. “Solo en pasaje se nos va casi todo el sueldo. Sobrevivimos gracias a mi esposo que asume el gasto de la casa”, dice.
Las difíciles circunstancias las obliga a buscar alternativas para sobrevivir. La vía ilegal es la más socorrida, sobre todo en los últimos años con el déficit de medicinas. Los antiasmáticos, antihipertensivos, antibióticos orales, antivirales, dermatológicos y los sedantes y ansiolíticos están entre los que más se venden en el mercado negro.
“Revendemos medicamentos porque tenemos una familia que alimentar, vestir y calzar. Son estos negocios los que nos mantienen trabajando en la farmacia porque de otra forma no podríamos cubrir nuestros gastos”, confiesa otra empleada que se identifica como Elena.
“Yo tengo un hijo de 15 años y tuve que comprarle pulover, shorts, pantalones, zapatos y también mochila para la escuela”. Elena no adquirió los artículos en las tiendas estatales, desprovistas por la crisis económica. Compró la mercancía en el mercado informal que es abastecido por importadores privados que viajan a Rusia. Solo el par de tenis le costó 5 000 pesos y la mochila 2 000.
“Todo me costó más de 10 000 mil pesos”, un importe que casi cuadriplica su salario. “¿De dónde hubiera sacado el dinero si no revendo los medicamentos?”, pregunta Elena.
Las autoridades han reconocido la existencia de este mercado ilícito. Hasta finales del año pasado se habían procesado 16 personas por la reventa de medicamentos, reconoció el teniente coronel Héctor Pérez Osorio, jefe de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en la provincia. Dijo que la sustracción y reventa de medicamentos es un problema no resuelto aún y mencionó al municipio de Holguín como el de mayor incidencia en estos delitos, seguido de Mayarí, Moa y Banes; pero en casi todos han ocurrido estas conductas reprensibles, según informó el periódico local Ahora.
El medio de prensa oficialista le ha dado seguimiento al tema desde el año 2016 cuando 853 fiscalizaciones en las farmacias del territorio detectaron venta de recetas vencidas o adulteradas, farmacéuticas con recetarios médicos, facultativos que prescriben en el mostrador o dentro de las propias unidades o entran en confabulación con dependientas, falta de monitoreo sistemático de las áreas de salud a las farmacias, entre otros problemas que llevaron a la aplicación de 112 medidas disciplinarias, de ellas 21 separaciones definitivas, 23 multas, 62 amonestaciones públicas y tres traslados temporales a otras plazas de menor remuneración.
Elena sabe que el riesgo es muy grande. Pero su bajo salario y un mercado informal que, según cifras oficiales, ronda una inflación del 6 900 % y crecimiento de los precios de las entidades estatales en un 222 % “nos obliga a seguir haciendo negocios para sobrevivir, que es lo que hace la mayoría de los trabajadores de este país”, dice Elena.
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