LA HABANA, Cuba. — En 2018, por ser un jubilado con bajos ingresos, solicité un subsidio a la Dirección Municipal de la Vivienda de Plaza de la Revolución para efectuar reparaciones en el baño de mi domicilio. Sin embargo, los largos trámites con los múltiples documentos llenados no tuvieron el resultado esperado.
Un primer paso fue averiguar la fecha de convocatoria con tiempo limitado para la petición. Hube de ir tres veces a la Dirección Municipal de Vivienda antes de realizar las primeras diligencias. El día inicial de solicitud me personé allí a las 5 a.m. para obtener un turno, pues los cupos de ayudas eran restringidos, según me informaron funcionarios de ese lugar. Los funcionarios a cargo llenaron mis datos generales con la solicitud específica de mi necesidad. Me comunicaron los pasos que darían, previa inspección por un arquitecto que evaluaría la cantidad de materiales para la reparación, la transportación de los mismos a mi hogar y el costo de la mano de obra.
Cuando pasó por mi casa el arquitecto, yo no me encontraba presente. Fue atendido por familiares sin conocimientos exactos del asunto. Las mediciones hechas fueron incorrectas por no tenerse en cuenta determinados aspectos de la reconstrucción, según valoración de un plomero y albañil.
Recibí una citación de la Dirección de Vivienda unos 45 días después para personarme en la Dirección Municipal del Poder Popular de Plaza, donde me otorgarían los documentos y orientaciones correspondientes.
Me dieron un “contrato de subsidio” con cinco cláusulas y 37 incisos que especificaba el reglamento de esta ayuda con los deberes y derechos pertinentes.
Me dirigí a la unidad bancaria señalada según las orientaciones brindadas para recibir otros modelos con las cantidades monetarias para cada función y el cheque correspondiente con su tarjeta magnética.
Fueron 7 000 pesos para los materiales, 3 000 pesos para la mano de obra, y 1 000 pesos para transportar los materiales. En total, 11 000 pesos, dinero estipulado de forma virtual.
El siguiente paso fue llegar al rastro de materiales que me fue asignado, ubicado en Zapata y 4, en El Vedado. Allí entregué la documentación respectiva con la finalidad de adquirir lo establecido para ejecutar la obra.
Cuando enseñé los papeles, el administrador del lugar me dijo que había algunos de esos materiales, pero no tenían inodoros ni la instalación hidro-sanitaria. Según sus palabras, nunca, en los ocho meses que él llevaba en el puesto había recibido esos artículos.
Me personé en varias ocasiones en el rastro de materiales y obtuve respuestas similares.
Finalmente, se venció el plazo de 18 meses para adquirir los materiales y no los pude comprar.
El primer día que recibí todos los documentos vinieron a mi casa cuatro inspectores para comprobar el uso hecho por el subsidio. Expliqué la situación y tomaron nota.
Estas visitas las hicieron otros inspectores cinco veces más, pero al final nunca hubo solución ni respuesta satisfactoria.
Mi problema se agravó más aún. Desde hace meses tengo filtraciones para el apartamento de mi vecino de los bajos y estoy acusado a las autoridades. Puedo recibir una multa o hasta ir preso si no doy solución al problema, aunque carezco de los recursos para hacerlo.
Hoy, la taza sanitaria, que no hay en las tiendas estatales, cuesta en el mercado negro, que es donde únicamente se pueden hallar, 15 000 pesos. Son 4 000 pesos más que los 11 000 que me asignaban.
El remedio sería una acción como las efectuadas ahora en las llamadas “comunidades vulnerables” donde envían brigadas constructoras con los materiales y efectúan las reparaciones. Sería preferible eso, aunque haya que pagar el trabajo a plazos.
De acuerdo a la categorización oficial, por ser un anciano, soy vulnerable, pero no radico dentro de las zonas establecidas por el estado con esa categoría, por lo cual carezco de beneficios.
La reparación de mi baño sigue pendiente. Es solo un ejemplo de la agobiante vida de los cubanos bajo el absurdo socialismo castrista.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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