MADRID, España. — El programa Mesa Redonda de la Televisión Cubana suele atraer a dirigentes del país, sobre todo del área económica, que vienen a exponer sus ideas sin que nadie pregunte o cuestione lo que hacen. El lunes pasado hubo una edición en la que intervino la señora Meisi Bolaños, ministra de finanzas y precios, y desde el primer momento se puso a hablar de la inflación, confirmando que este es uno de los problemas que quita el sueño a los dirigentes comunistas. En este sentido, la funcionaria dijo que “los precios tienen un impacto objetivo en la población, sobre todo en poder adquirir determinados bienes y servicios que son imprescindibles en el desarrollo de la vida en común y en la realización del proyecto de vida”. Para añadir que, en todo caso, “la inflación no es un fenómeno exclusivo de Cuba, sino que está presente incluso en los países del primer mundo”.
Acto seguido, la ministra suscribió la tesis de Alejandro Gil Fernández, que califica la inflación de Cuba como de oferta, y dijo que “tiene su origen en el déficit de oferta, porque el producto no está a la mano y entonces se producen fenómenos de incremento de precios ante la necesidad de adquirir estos productos”. Y señaló que hay dos causas que inciden en el incremento de los precios.
En primer lugar, el ordenamiento monetario en el país, en 2021, lo que “llevó a ajustes, existió un proceso de devaluación del peso cubano, lo que supuso por diseño un incremento de los precios”. E insistió en la cuestión, reconociendo que “se trataba de una inflación diseñada que se compensaba con un incremento en los salarios y en los ingresos”, para añadir que “dentro de sus objetivos, es una medida que incentivaba la producción nacional”. Este concepto de “inflación diseñada” pasará a la historia como uno de los despropósitos más curiosos del régimen castrista. La inflación tiene bien poco de diseño.
En segundo lugar, la ministra dijo que “desde el pasado año existe un proceso de incremento de los precios debido al incremento de los costos de las materias primas, insumos y los productos terminados de importación”, y añadió el elemento diferencial que explica el auge de la inflación en Cuba, “entre estos productos de importación están los alimenticios, que forman parte de la canasta familiar normada. El arroz, insuficiente y limitado, pero que recibimos todos los meses; los frijoles, el aceite”.
En este punto, Bolaños afirmó que “la crisis económica mundial y la COVID-19 han incidido en el proceso de adquisición de insumos, materias primas y productos terminados a lo que se añaden las difíciles y complejas condiciones en que Cuba tiene que salir al mercado internacional”, refiriéndose en este punto al “recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero y el efecto de las medidas coercitivas aplicadas por Estados Unidos”, que por lo general acaba siendo la justificación de todos los males.
A resultas, la ministra señaló que “el incremento real de los costos incide en la formación de los nuevos precios, lo que tiene un impacto en el sector productivo y de servicios. En concreto, el incremento de los costos en el mercado internacional ha llevado a que el combustible esté creciendo en el entorno del 30%, con un incremento del precio del barril a más de 90 dólares. También los precios del arroz y los frijoles se han incrementado, a lo cual hay que sumar el valor de los fletes, que en ocasiones se ha triplicado”. Y añadió al respecto: “así nos pasa con el aceite crudo, el refino, con la soya, el trigo… A veces se plantea que hay una inflación, que se ha venido acrecentando, ante la cual no hay intervención del Estado” para acabar preguntándose ¿cuándo intervendrá el Gobierno? ¿Qué medidas va a adoptar para contener los precios?
Ante esas preguntas que, según la ministra, se plantea la población, justificó que “a pesar de la difícil situación con la que opera la economía y de la escasez de divisas, el Estado ha intervenido en el control de los precios, centralizando los precios de tarifas y servicios más sensibles en la vida cotidiana de la población, como la electricidad, agua, gas, telecomunicaciones y transporte público”. Y ello se ha realizado, aunque fuera contrario al diseño de la Tarea Ordenamiento. En dicho sentido, vino a decir que “el precio del petróleo utilizado en el plan fue el de los años 2019 y 2020, cuando osciló entre 53 y 62 pesos el barril. Hoy el barril cuesta 92 pesos; sin embargo, las tarifas de electricidad que entraron en vigor tras el ordenamiento monetario se han mantenido”.
Por ello, explicó que “ha habido medidas de contención para que esa capacidad de compra de la población no se vea más deteriorada de lo que ya produce el incremento de los costos y el propio diseño de la Tarea Ordenamiento”. “¿Cuál es el mecanismo de contención?”, se preguntó la ministra, e indicó que “no se trata de correr hacia la economía ese incremento del precio del combustible, sino de que el Estado asuma la diferencia entre el costo real y el precio de la tarifa eléctrica. El presupuesto estatal destinó 21 523 millones de pesos a subsidiar el servicio de electricidad”. Más gasto y déficit.
En este punto señaló que “podríamos decir que no hay intervención del Gobierno si se trasladara el precio real del combustible –como ha pasado en países europeos–, con lo cual sube el precio de la electricidad. Y entonces tendríamos menos déficit. Pero no es el objetivo en nuestro país. Nuestro objetivo es, tomando en cuenta las condiciones circunstanciales en las que estamos por el enfrentamiento a la pandemia, seguir apostando por un socialismo próspero y sostenible. Pero eso tiene un costo dentro del déficit fiscal”. Y vuelta a empezar.
Un año después, los productos y servicios subsidiados van en aumento, en vez de reducirse como pretendía la Tarea Ordenamiento. En el caso del agua, la ministra recordó que se están desarrollando importantes inversiones para seguir avanzando en la infraestructura hidráulica del país, y mencionó la construcción de los trasvases y el mantenimiento de las termoeléctricas. También la mayor parte de los medicamentos recibe el respaldo del presupuesto estatal. Y aun cuando los costos de las materias primas se han incrementado, “no se ha subido el precio de los medicamentos. Entonces, sí hay intervención del Gobierno en el sentido de preservar un grupo de servicios básicos”.
No obstante, en este punto justificó la necesidad de reconocer el costo real de los productos y servicios en la formación de los precios y señaló al respecto: “de lo contrario, no vamos a tener sostenibilidad en la economía. Pero lo tenemos que hacer con racionalidad, y aquí también está la intervención del gobierno, la fiscalización de las instituciones estatales y el papel del control popular”.
El último tramo del programa fue dedicado por la señora Bolaños al análisis del precio de la papa, producto que se encuentra actualmente en la etapa de cosecha, sin que aparezca por los puntos de venta y si lo hace, con precios muy elevados. Para explicar la cuestión, señaló que el año pasado “cuando empieza la Tarea Ordenamiento, la papa cosechada no tenía los costos de esa medida, porque no se había sembrado con los costos de una devaluación del peso. Por tanto, el precio solo subió a tres pesos por los propios costos de la cosecha y de la refrigeración, pero el costo de cultivo no tuvo el impacto de la devaluación”. Fue superior. Se perdió dinero.
Y añadió a continuación: “la papa que se comercializará este año ya tiene incorporados los costos propios del escenario de devaluación y del incremento de los productos importados. Para la formación del precio de Acopio, se tuvo en cuenta la opinión de los productores. El incremento ha sido lo más racional posible”, al tiempo que reconoció que era imposible mantener el mismo precio, porque entonces no se estimularía la producción de papa.
El precio debía subir, lo que ocurrió. Al respecto, dijo que desde el pasado año el presupuesto estatal “asume un financiamiento para lograr el mantenimiento y la conservación de la papa en los frigoríficos, medida que no se está en condiciones de seguir manteniendo porque hay otras prioridades relacionadas con programas sociales”. La ministra señaló que ya no hay un subsidio directo para cubrir esos costes de refrigeración, pero “sí hay una racionalidad, porque se liberó del pago de impuesto la comercialización de la papa” Y concluyó diciendo que “ahora la libra de papa cosechada cuesta cinco pesos (aumento del 60%) y en caso de estar refrigerada seis pesos (aumento del 100%) y aseguró que este precio se mantendrá regulado para que no suba desmedidamente en su comercialización”. Y el problema es el mismo, no hay suficiente papa y la que hay se vende al doble.
En este punto dijo que “transitar hacia la racionalidad en los precios se logrará no solo con medidas gubernamentales, sino con la eficiencia y el control en la formación de los precios por las organizaciones”. Sobran las gubernamentales, porque el mercado (la ley de oferta y demanda) cumple mucho mejor y con eficiencia ese papel. Al respecto, la ministra señaló que “tenemos que transformar el control institucional, potenciarlo desde las direcciones municipales. También necesitamos impregnar racionalidad en el proceso de los precios, no podemos tener altas utilidades a costa de incrementar los precios y de no actualizar las fichas de costo, que deben tener una utilidad razonable, que permita al negocio reaprovisionarse”.
Todo eso son parches y pérdidas de tiempo. Lo que se tiene que hacer es generalizar el mercado como instrumento de asignación de recursos y olvidarse del “ministerio” de la señora Bolaños. Con el mercado no sería necesaria la cuestión de la disciplina y preparación. Tampoco habría espacio para utilidades ficticias que impactan en la inflación porque no se generan más bienes ni servicios. Ni siquiera habría que combatir la reventa y la especulación. Es más, con el mercado sobrarían las “acciones de control popular”.
La ministra concluyó afirmando que “el déficit fiscal influye en la inflación y que, para lograr reducir ese déficit, que es alto, y para que el peso cubano sea el centro financiero del país, se requieren medidas integrales y encaminadas a generar mayores niveles productivos”, pero no llegó a enunciar esas medidas que parecen claras.
Tan solo dijo que “las soluciones al elevado déficit fiscal tienen que transitar por una mejoría gradual, creciendo en los ingresos”, sin explorar las enormes posibilidades asociadas a la consolidación fiscal y control de los gastos. Después, reiteró “que el país no renunciará a mantener los programas sociales ni a atender a los vulnerables, pero esto tiene un alto costo en el presupuesto estatal”. En su opinión, “las soluciones transitan por mayor actividad productiva, crecimientos graduales y sostenibles de los ingresos y racionalidad en el gasto” y concluyó que “se tomarán medidas en cuanto al alto gasto en materia de salarios en la actividad presupuestada, para buscar una eficacia en este gasto público”. A ver si es verdad. Ya le falta tiempo para hacerlo.
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