MIAMI, Estados Unidos. – Este jueves 6 de julio, el régimen de la Isla impidió abandonar el país al pastor santiaguero Manuel Segura, ciudadano cubano residente en México. El religioso, quien visitaba a su familia, se encontraba en el Aeropuerto Internacional “Frank País”, de Holguín, cuando las autoridades le negaron el embarque a su vuelo.
El pastor bautista Mario Félix Lleonart compartió la noticia en Twitter, donde indicó que Segura estaba en Cuba para visitar a su esposa e hija.
Alayn Toledano, pastor de Santiago de Cuba, dijo al medio ADN Cuba que, a su llegada a la Isla, Segura fue interrogado exhaustivamente durante horas. “Fue de visita a Cuba y al entrar fue cuestionado e interrogado por horas, luego de varias semanas de estar con su familia en la Isla, hoy salía en un vuelo a México a las 11:00 a.m. y ahí comenzó la odisea”, dijo Toledano.
#Regulado el pastor Manuel Segura, residente en México. Fue de visita a #Cuba para ver a esposa e hija, y hoy, cuando debía tomar su vuelo de regreso a Mexico, donde vive, fue detenido, le retiraron todos los documentos y le impidieron volar #sendasdejusticia2023 pic.twitter.com/p1v2Imm278
— Mario Felix Lleonart (@maritovoz) July 6, 2023
El pasado 2 de julio, el régimen cubano también prohibió salir de la Isla a Frank Batista, vocalista de la banda de rock Rice and Beans. El cantante, arrestado en noviembre de 2020 por apoyar una protesta frente al Ministerio de Cultura, señaló que las autoridades le impidieron viajar desde el Aeropuerto Internacional “Juan Gualberto Gómez”, en Varadero.
Esta práctica, conocida con el eufemismo de “regulación”, es una táctica empleada por el régimen cubano para ejercer presión sobre activistas, periodistas y opositores, restringiéndoles la salida del país de manera arbitraria.
Un estudio realizado por Diario de Cuba y Connectas en 2020 documentó que, desde enero de 2019 hasta marzo de 2020, 245 residentes en Cuba estuvieron o aún se encuentran “regulados” por razones políticas.
El régimen cubano emplea esta restricción para silenciar a aquellos que critican o protestan contra sus políticas. Activistas, periodistas y opositores son los principales afectados, ya que limita su movilidad y su capacidad para denunciar violaciones de derechos humanos y libertades en la isla. Esta limitación afecta la posibilidad de estas personas de viajar al extranjero para participar en eventos internacionales, buscar apoyo o simplemente ejercer su derecho a la libre circulación.
