MADRID, España.- Coincidiendo con el tercer aniversario de las manifestaciones del 11 de julio en Cuba (11J), Prisoners Defenders publicó este jueves su informe mensual, donde detalla la situación actual de los presos políticos en la Isla. Según la ONG, se han contabilizado 1.728 presos políticos en los últimos tres años. De estos, 611 del 11J han cumplido íntegramente sus condenas, mientras que 1.117 permanecen encarcelados hasta la fecha.
El informe destaca que 150 de estos presos ya figuraban como tales antes de las manifestaciones de julio de 2021, mientras que 1.578 han sido nuevas altas desde entonces. La represión continúa intensificándose, con cinco nuevos prisioneros políticos registrados solo en el último mes.
Prisoners Defenders subraya la gravedad de la situación de los presos políticos en Cuba, quienes a menudo sufren torturas y condiciones inhumanas en prisión. La ONG también denuncia la falta de esperanzas reales de liberación para estos detenidos, a pesar de la creciente presión internacional.
El documento también denuncia que hay “304 presos con patologías médicas graves sin tratamiento médico adecuado”, mientras aseguró que “todos están sufriendo diversas patologías médicas por la falta de alimentación, los maltratos, el ambiente represivo y la falta de atención médica”.
Por otro lado, destaca que muchos presos políticos en Cuba son menores de edad, y que las condiciones de detención para las mujeres trans son especialmente duras, ya que suelen ser encarceladas entre hombres.
Además, Prisoners Defenders denuncia que el régimen cubano sigue aplicando condenas precriminales, es decir, sin delito alguno cometido, lo que afecta a miles de personas, la mayoría jóvenes afrodescendientes. Estas condenas se basan en el supuesto potencial de cometer delitos futuros, lo cual constituye una violación flagrante de los derechos humanos.
La organización enfatiza la importancia de la presión internacional para lograr la liberación de los presos políticos en Cuba y señala que, a pesar de las violaciones continuas, el reconocimiento de estos abusos por parte de organismos internacionales podría conducir a cambios significativos.
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