MADRID, España.- Un total de 10.885 cubanos llegaron de manera irregular a los Estados Unidos en junio pasado, de acuerdo a datos revelados esta semana por el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Una gran cantidad de estos migrantes, 6.630, llegó al país norteño por vía marítima, a pesar de las constantes advertencias de las autoridades sobre los peligros que implican arriesgar la vida en el mar, así como de las grandes probabilidades de ser deportados a Cuba. Estas personas, que llegaron por el denominado sector Miami, representaron un aumento del 16 por ciento con respecto a los que llegaron por la misma región en mayo (5.532). Mientras que por la frontera con México llegaron a EE. UU. 2.681 cubanos.
Estos datos confirman que continúa latente la crisis migratoria cubana, con previsión de aumentar en estos meses de verano.
Ante la continua llegada de migrantes a las costas estadounidenses y de intercepciones marítimas —a pesar del recrudecimiento de las políticas contra la inmigración irregular—, el Gobierno de los Estados Unidos se ha mantenido insistiendo en que las fronteras están cerradas a la migración irregular e ilegal.
Por ejemplo, el 18 de mayo pasado, el capitán Benjamin Golightly, comandante de incidentes de la Operación Vigilant Sentry, señaló a través de un comunicado que los migrantes interceptados en el mar serían repatriados a su país de origen o al territorio del que partieron.
“Es imperativo que los familiares y amigos compartan esto con sus seres queridos en Cuba, Haití, Bahamas y la República Dominicana. El viaje es peligroso y podrías perder la vida”, dijo Benjamin Golightly.
Asimismo, recordó que, como había anunciado unos días antes la Embajada de EE. UU. en La Habana, quienes intenten entrar al país de manera ilegal quedarán descalificados para el proceso de parole humanitario implementado por la administración Biden en enero de 2023.
Esta misma semana la Embajada de Estados Unidos en La Habana recordó que a las personas que intenten llegar al país de manera irregular se les prohibirá entrar a Estados Unidos por un periodo de cinco años; así como podrían enfrentarse a procesos judiciales.
