LA HABANA, Cuba. – Los gobernantes cubanos, en su afán por aparentar una creciente institucionalización de la sociedad, se han dado a la tarea de promulgar leyes en las más disímiles actividades sociales y económicas.
Lo más destacable de este proceso es que, en buena medida, son leyes que en la práctica tienen poco campo de aplicación debido a la crisis generalizada que afronta el país. Nos referiremos a tres de estas leyes que en lo fundamental muy poco han significado para el cubano de a pie.
El pasado año 2022 fue promulgada la Ley de Fomento y Desarrollo de la Ganadería, un conjunto de directivas acerca de cómo debe manipularse la masa ganadera en aras de lograr su desarrollo, así como de las contravenciones que ameritarían algún tipo de sanción.
¿Y cuál es el aspecto fantasmagórico de esta ley? Pues que se emite en un país donde apenas hay ganado. El ganado bovino, por ejemplo, ha experimentado un increíble descenso en los años del castrismo en el poder. Los especialistas calculan que hacia el año 1918 había 1,5 vacas por cada cubano, mientras que en la actualidad hay una sola vaca para tres cubanos.
Por supuesto que la ley castrista del ganado no hace mención de las varias generaciones de cubanos que no conocen el sabor de la carne de res.
Otra ley que resulta contraproducente en las actuales condiciones del país es la Ley de Pesca, un emborronamiento de cuartillas para dilucidar quién puede pescar, dónde puede hacerlo, qué especies resultan protegidas y, por tanto, prohibidas. Todo para desembocar en un final decepcionante: casi no hay pescado en el país.
Ya los directivos del sector no saben cómo justificar la debacle. Que si no hay permiso para pescar en aguas internacionales, que si no hay peces en las aguas cubanas, que si el “bloqueo” lo complica todo…
Lo cierto es que la pesca, junto a la industria azucarera, son los sectores que menos aportan al producto interno bruto (PIB) de la nación. Y que el cubano de a pie, ese que no tiene recursos financieros para acudir a los más exquisitos restaurantes y paladares, ya casi no recuerda la última vez que comió pescado.
Por último, hablaremos de una directiva que no sale de las páginas de la prensa oficial, ni de la boca de los principales actores del castrismo: la Ley de Soberanía Alimentaria. Tanta importancia le ha concedido el régimen a esta ley, que para su aplicación se ha contratado al teólogo brasileño Frei Betto, un incondicional de la maquinaria del poder en Cuba.
Se trata de una ley que se basa en la necesidad de que el país produzca la mayor parte de los alimentos que consumen los cubanos. Empero, la realidad indica lo contrario. Entonces la ley queda solo en el papel.
En una reciente reunión de la Comisión Nacional de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, un viceministro de Economía y Planificación afirmó que la importación de alimentos es casi la única fuente de donde provienen la mayoría de los productos que consume la población, y que las fuentes de producción nacional de esos rubros se hallan en niveles muy bajos.
A renglón seguido apuntó lo más alarmante: “La importación de alimentos ya no puede determinarse por la demanda, como se hacía hace cuatro o cinco años. Ahora se realiza por las posibilidades financieras del país, las cuales demuestran que este año no se podrá cumplir lo que está en el plan de importaciones”.
Una muy mala noticia para los consumidores cubanos. A la recomendación de Frei Betto de que fabricáramos el pan a partir de la yuca, se une ahora la falta de dinero para poder comprar en el exterior los alimentos básicos que el castrismo es incapaz de producir en la Isla.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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