MADRID, España.- Cientos de familiares de presos políticos, activistas y opositores enviaron una carta al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel pidiendo la libertad sin destierro de todos los presos políticos que se han manifestado, la libertad “de hombres, muchos de ellos con más de 60 años de edad y hasta mujeres que son madres de hijos menores de edad y otros que son adolescentes y jóvenes todos ellos confinados bajo injustas condenas”.
“Las personas que enviamos esta carta somos ciudadanos cubanos que amparados en el artículo 61 de la Constitución de la República de Cuba, nos dirigimos a usted para reclamar la libertad de todos los presos políticos, los cuales se encuentran encarcelados en regímenes penitenciarios del país por sus diferentes formas de pensamiento contrario a las doctrinas político-ideológicas existentes, las cuales han constituido un freno de las fuerzas productivas, una economía en total deterioro, la apatía de la población, la división de las familias, un éxodo masivo de sus habitantes y la pérdida de las libertades ciudadanas”, se lee en la carta.
La misiva, titulada “Voces por la libertad de todos los presos políticos” y entregada esta semana a la Asamblea Nacional del Poder Popular, expone que en las prisiones del país se violan los derechos humanos de los encarcelados, incluyendo a los que presentan cualquier discapacidad, y que, por ser presos políticos, el régimen los maltrata, les da golpizas y los castiga a celdas de aislamiento.
Asimismo, se refiere a la desatención a la salud de estas personas, la falta de medicamentos para el control de sus enfermedades y la precaria alimentación a que son sometidos. “Desconocer esta situación es cruel e inhumano”, expone el documento.
Entre los más de 300 firmantes de la carta se encuentran Eralidis Frómeta Polanco, Nelva Ismaray Ortega Tamayo y Sonia Generosa Álvarez, esposas de los presos prisioneros políticos Lázaro Yuri Valle Roca, José Daniel Ferrer y Félix Navarro Rodríguez, respectivamente; así como Lisy Abascal Zamora, hermana de Sissi Abascal, condenada a seis años de cárcel con internamiento por los presuntos delitos de desacato, atentado y desorden público.
