LA HABANA, Cuba ― El atleta cubano de alto rendimiento y prisionero político Javier Ernesto Martín Gutiérrez denunció desde la prisión de máxima seguridad Combinado del Este, en La Habana, que las autoridades le negaron por tercera ocasión el cambio a un régimen de menor severidad.
En un audio compartido por la ONG Justicia 11J, el joven, conocido como el “Spiderman de Cuba”, manifestó que no tiene “ningún potencial delictivo como para estar en una prisión de máxima seguridad”.
Martín Gutiérrez está siendo procesado por los presuntos delitos de “desórdenes públicos” y “desacato”.
El joven de 34 años fue violentamente detenido el 24 de abril de este año cerca de su vivienda, en el municipio de Marianao, en La Habana, luego de estar varios días manifestándose pacíficamente por la situación en el país, que él catalogó como “grave” en entrevista exclusiva con CubaNet. Tras semanas de arresto en Villa Marista, sede de la Seguridad del Estado, fue trasladado hacia el Combinado del Este.
El 24 de julio pasado cumplió tres meses de encarcelamiento sin petición fiscal ni fecha de juicio. “No tengo mucho que hablar con ellos [agentes de la Seguridad del Estado]”, dijo en el mismo audio. “Ellos quedaron en una cosa y la incumplieron; han incumplido hasta con su propia ley”, añadió.
Asimismo, reclamó fecha para su juicio: “No hablaré con más nadie. Si antes de los seis meses no tengo en mi poder la fecha de juicio ―porque lo que quiero ya es que me hagan juicio―, me voy a plantar [iniciar una huelga de hambre]. Me van a tener que sacar de aquí en una caja de muerto”, aseguró.
A mediados de mayo, encontrándose todavía en Villa Marista, el deportista envió una carta a su familia en la que denunció haber sido golpeado durante el operativo de arresto por agentes de la Seguridad del Estado. “Me atraparon a traición. Ya inmovilizado me apretaron los testículos y golpearon, arremetieron [contra mí] propinándome golpes en la parte posterior de la cabeza, nuca, sentido, etc.”, escribió.
También aseguró haber perdido alrededor de 25 libras de peso debido al mal estado de los alimentos suministrados en el centro de detención y otros maltratos como la falta de atención médica.
En declaraciones recientes a CubaNet su pareja, Lisandra Cuza, explicó que la familia puede visitarlo dos veces al mes pero que “la incertidumbre es agobiante”.
“Han sido tres meses desde que la Seguridad del Estado lo privó de su libertad por denunciar la situación económica y social que se vive en el país. Está en condiciones pésimas, sin agua, sin electricidad. Le dan comida en mal estado y, en la cárcel, hay mala higiene y enfermedades infecciosas”, comentó.
Justicia 11J reclamó la liberación inmediata del joven o la celebración de un juicio con todas las garantías.
“La prisión preventiva no puede convertirse en una pena anticipada ni utilizarse como mecanismo de castigo por ejercer derechos fundamentales. Toda persona privada de libertad tiene derecho a ser informada de los cargos, a ser juzgada en un plazo razonable y a contar con las garantías de un debido proceso”, sostuvo la organización.
