MIAMI, Estados Unidos. – El recaudador de impuestos del condado Miami-Dade, Dariel Fernández, pidió este lunes al presidente Donald Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio, que “cancelen cualquier licencia que no ayude verdaderamente al pueblo cubano”.
El funcionario de origen cubano lanzó la solicitud durante una conferencia de prensa celebrada este martes en el puerto de Miami, en la que también participaron la líder opositora cubana Rosa María Payá, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el congresista cubanoamericano Carlos Giménez; el secretario general de la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), Orlando Gutiérrez-Boronat; y el líder opositor José Daniel Ferrer.
Durante su intervención, Fernández denunció que, tras una revisión realizada por su oficina, se identificaron licencias federales que autorizan exportaciones hacia Cuba “que van mucho más allá de las necesidades humanitarias básicas”, incluyendo “autos de lujo, equipos recreativos, motos acuáticas, jacuzzis y productos de alto consumo”.
Además, el funcionario sostuvo que, bajo el liderazgo de Trump y Rubio, “Estados Unidos ha dejado claro que Cuba no es solo un tema de política exterior, es un asunto de seguridad nacional”.
Fernández explicó que la revisión se centró en “ciertos negocios que operan en el condado de Miami-Dade y que participan en transacciones con la dictadura comunista cubana”, actividades que, dijo, requieren licencias federales del Departamento de Comercio de Estados Unidos.
A partir de esos hallazgos, remarcó que “existe una gran diferencia entre la ayuda humanitaria y el comercio de lujo” y contrastó que “los alimentos, las medicinas y los bienes esenciales ayudan al pueblo cubano”, mientras que los productos de alto valor “no lo hacen”. Según sus declaraciones, el tema genera “serias preocupaciones” porque, cuando las licencias permiten actividades comerciales que parecen incompatibles con “el sufrimiento del pueblo cubano”, “el público merece transparencia, claridad y rendición de cuentas”.
El funcionario precisó, no obstante, los límites de su competencia. “Como recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade no emitimos licencias federales de exportación ni hacemos cumplir las sanciones federales”, afirmó, y atribuyó esa autoridad al Departamento de Comercio, el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro y “otras agencias estatales federales”.
Aun así, aseguró que su oficina sí tiene “un deber legal” bajo la ley de Florida para revisar lo que esté “dentro de su autoridad” y verificar que las empresas cumplan las regulaciones estatales y locales y federales exigibles a cualquier negocio que opere en el condado. “Cualquier negocio que opere en nuestro condado debe cumplir con las leyes. No habrá excepciones”, señaló.
Tras tomar la palabra, Rosa María Payá agradeció a Fernández por su iniciativa para “terminar con los negocios cómplices de la dictadura cubana” y pidió que la ayuda humanitaria se acompañe con medidas adicionales para “cerrar las fuentes de financiamiento al régimen”.
Payá afirmó que “la dictadura cubana amenaza la paz regional, la seguridad nacional de Estados Unidos” y solicitó acciones como “congelar los activos del régimen y de los militares en el exterior”, así como el uso de sanciones específicas, incluyendo la Ley Magnitsky, además de procesamientos por delitos relacionados con “terrorismo” y “crímenes financieros”, según expresó.
Por su parte, Giménez recordó que los tres congresistas cubanoamericanos del sur de Florida enviaron una carta a Trump para pedirle que “suspenda todas las licencias de las compañías que están haciendo negocios con el régimen”.
El exalcalde de Miami-Dade recordó que, durante años, algunas compañías “supuestamente estaban mandando ayuda humanitaria a Cuba”, pero alegó que “dentro de esas compañías” también se han encontrado exportaciones de artículos que describió como no humanitarios, incluyendo autos marca Ferrari y Jaguar, motos acuáticas y jacuzzis. “Esos son artículos de lujo, y yo no he visto a muchos cubanos manejando Ferraris y otros carros de lujo”, añadió.
Giménez vinculó esas operaciones con el sostenimiento del aparato represivo del régimen cubano. “Con cada dólar (…) que nosotros mandamos a Cuba (…) estamos ayudando el mecanismo para la represión del pueblo cubano, y eso tiene que parar”, afirmó. También calificó al régimen como “una amenaza a la seguridad de Estados Unidos” y sostuvo que nunca lo había visto “en esta condición tan débil” en más de seis décadas.
“Necesitamos el cambio en Cuba”, dijo, y señaló que, cuando ocurra, Estados Unidos estaría dispuesto a ayudar a “restaurar” el país.
Por su parte, Orlando Gutiérrez-Boronat aseguró que “los recursos que salen de Estados Unidos para Cuba no le llegan al pueblo cubano”, al tiempo que pidió “revisar negocios”, “suspender licencias” y “acabar con la ilegalidad”. “Basta ya de que operen aquí impunemente los agentes de inteligencia del castrismo”, declaró.
En la comparecencia habló además el opositor José Daniel Ferrer, quien dijo suscribir lo expresado por Payá y Gutiérrez-Boronat y describió la expectativa que, según él, percibe en Cuba sobre el fin del régimen. El líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) respaldó la intensificación de medidas contra el suministro de combustible a la Isla y afirmó: “Quien envíe combustible a la tiranía, que sufra las consecuencias, que sufra los aranceles”.
La conferencia concluyó con llamados a reforzar el control y revisión de licencias vinculadas a exportaciones hacia Cuba. No obstante, los oradores pidieron diferenciar entre los envíos de carácter humanitario y el comercio de bienes de lujo.
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