MIAMI.-Los congresistas republicanos Carlos Giménez, Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar redoblaron su presión sobre la administración de Donald Trump para endurecer al máximo el cerco económico contra el régimen de La Habana. Los representantes del sur de la Florida exigieron el cierre total de las operaciones comerciales que siguen sirviendo como salvavidas financiero para la dictadura encabezada por Miguel Díaz-Canel.
La nueva ofensiva legislativa se produce pocos días después de que Washington bloqueara de manera efectiva importaciones clave de petróleo hacia la isla, una medida que ha puesto al régimen cubano en una situación crítica. Tras la captura de Nicolás Maduro, Cuba perdió a Venezuela como su principal socio comercial y posteriormente la amenaza de aranceles a quienes exportasen petróleo a la isla, ha impedido que el crudo llegue desde México.
En una carta enviada al subsecretario de Comercio, Jeffrey Kessler, y al director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, Bradley Smith, los congresistas solicitaron una revisión exhaustiva de todas las licencias activas que autorizan transacciones comerciales con Cuba. Según denunciaron, estas licencias superan los 100 millones de dólares en exportaciones y no benefician al pueblo cubano, sino que terminan engrosando las arcas del régimen y de sus conglomerados controlados por los militares.
Entre los envíos autorizados figuran automóviles de lujo, jacuzzis y otros artículos suntuarios exportados por empresas del sur de la Florida. La oficina del congresista Giménez facilitó a Fox News Digital un documento de unas 50 páginas con manifiestos de carga aprobados por la Oficina de Industria y Seguridad (BIS), cuyos destinos finales incluyen direcciones en la Plaza de la Revolución, Marianao y otras zonas bajo control estatal en La Habana.
“Estamos sumamente preocupados por las empresas estadounidenses que actualmente participan en actividades comerciales perturbadoras con entidades controladas por el régimen en Cuba, un Estado Patrocinador del Terrorismo”, escribieron los legisladores en la misiva.
La exigencia de cerrar estas licencias no es un hecho aislado. A finales de enero, los congresistas de origen cubano impulsaron iniciativas para limitar los vuelos y bloquear el envío de remesas, controlado mayormente por GAESA, el poderoso conglomerado militar de la isla.
Los legisladores subrayaron que las actuales licencias comerciales contradicen el espíritu y la letra de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana (Ley LIBERTAD) de 1996, una de las normas más severas aprobadas por el Congreso contra el régimen castrista. Dicha legislación establece que las sanciones deben mantenerse hasta que Cuba avance de manera verificable hacia la democracia, el Estado de derecho y el respeto de las libertades fundamentales.
A pesar de estos mandatos, los congrsistas denunciaron que tanto la OFAC como la BIS continúan autorizando transacciones que benefician directamente al régimen y a sus estructuras represivas.
En la carta, los legisladores pidieron : «Revocar cualquier licencia que, directa o indirectamente, proporcione beneficios económicos a entidades controladas por el régimen, de conformidad con las restricciones impuestas por la Ley LIBERTAD, e intensificar el escrutinio de futuras solicitudes de licencias relacionadas con Cuba para garantizar su plena conformidad con la letra y la intención de la legislación estadounidense».
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