MADRID, España.- Danes Iraide Castro Bravo llevaba más de una década viviendo en Estados Unidos cuando terminó preso en Cuba. Según relató a CubaNet su hermana, Yaremí Rodríguez Bravo, había salido a pescar en una embarcación de su propiedad junto a otro hombre residente en ese país cuando los motores de la lancha se sobrecalentaron y quedaron detenidos en el mar.
Fue entonces cuando autoridades cubanas los interceptaron. Rodríguez Bravo asegura que su hermano explicó que se trataba de una avería y pidió que revisaran el GPS de la embarcación, donde aparecían sus puntos habituales de pesca. El episodio terminó convirtiéndose en un proceso penal.
La hermana sostiene que inicialmente Castro Bravo fue investigado por tráfico de personas y que esa acusación no prosperó por falta de pruebas. Finalmente fue sancionado por entrada ilegal al territorio nacional. La versión judicial difiere: un auto del Tribunal Provincial Popular de Mayabeque sostiene que Castro Bravo, residente en Estados Unidos, entró ilegalmente en una lancha rápida con el propósito de recoger familiares.
El caso adquirió otra dimensión durante su encarcelamiento. Castro Bravo pasó por la prisión de Guanajay y luego fue trasladado a Quivicán. Su hermana afirma que sufrió una fractura de la vértebra L5 mientras estaba preso y que desde entonces su estado físico se deterioró aceleradamente.
Después de reiteradas reclamaciones familiares, el 12 de mayo de 2025 fue llevado al Instituto de Neurología y Neurocirugía, en La Habana. Rodríguez Bravo asegura que las pruebas confirmaron la lesión vertebral y detectaron otros padecimientos degenerativos. Fotografías entregadas a CubaNet muestran un vehículo de traslado de reclusos y el exterior del Instituto de Neurología y Neurocirugía.
La documentación aportada por la familia confirma que médicos de Medicina Legal evaluaron al recluso y concluyeron que su estado de salud no era compatible con el régimen penitenciario. Un auto fechado el 7 de enero de 2026 recoge entre sus padecimientos un proceso proliferativo en estudio, espondilosis y cambios degenerativos en cuerpos vertebrales dorsales con presencia de osteofitos.

El expediente señala además que Castro Bravo cumple una sanción conjunta de tres años y dos meses de privación de libertad por los delitos de evasión de presos o detenidos y entrada ilegal al territorio nacional.
Su hermana asegura que actualmente permanece en la enfermería de la prisión de Quivicán, en silla de ruedas, sin poder caminar ni valerse por sí mismo. También afirma que ha presentado fiebre y sangre en la orina, y que la familia ha tenido que suministrarle medicamentos, vitaminas y calmantes.
“Yo les dije en 15 y K (sede de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior) que no iba a esperar a que a mi hermano lo sacaran en un ataúd”, declaró Rodríguez Bravo a CubaNet. Según cuenta, ha acudido repetidamente a oficinas de atención a la población, a la Plaza de la Revolución y a otras instancias para reclamar atención médica y la ejecución de una licencia extrapenal.
El Tribunal Provincial de Mayabeque llegó a conceder esa medida, pero el Tribunal Supremo Popular dejó sin efecto la decisión. Una comunicación oficial del Supremo, fechada el 2 de julio de 2026, explica que el asunto debía tramitarse por otra vía debido a una cuestión de competencia vinculada con la condición migratoria de Castro Bravo, quien llevaba años residiendo en Estados Unidos.
Para la familia, esa decisión abrió un nuevo laberinto burocrático. Rodríguez Bravo afirma que el expediente fue devuelto el 21 de julio a Mayabeque para coordinar una nueva valoración médica en La Habana, cuyo dictamen debería regresar después al Supremo. Hasta el momento ese examen no se ha realizado.
La hermana denuncia además que la condición de Castro Bravo como cubano residente en el exterior solo se convirtió en un obstáculo después de concedida la extrapenal, pese a que durante buena parte del proceso fue tratado como ciudadano cubano con domicilio en la Isla.
La demora resulta especialmente grave porque ya existe un dictamen médico que desaconseja su permanencia bajo régimen penitenciario. Mientras las instituciones deciden qué instancia debe resolver definitivamente la extrapenal, Castro Bravo continúa preso.
Rodríguez Bravo asegura además que la familia intentó recuperar la embarcación en la que viajaba Castro Bravo, pero no logró localizarla. Según su testimonio, la lancha —de color verde fosforescente y propiedad de su hermano— no aparecía ni en el depósito ni registrada en el sistema cuando hicieron las gestiones para reclamarla. La mujer cuestiona qué ocurrió con la embarcación después de la detención, aunque insiste en que ese reclamo ha quedado en segundo plano ante el deterioro de la salud del preso.
“Ya no sé a dónde acudir”, resumió Rodríguez Bravo. “Lo importante ahora no es la lancha. Es la vida y la salud de mi hermano”.









