MIAMI, Estados Unidos ― Legisladores republicanos de Florida celebraron este viernes la nueva orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump contra el régimen cubano, al presentarla como una medida de presión necesaria contra el aparato represivo de La Habana y como una respuesta a lo que consideran una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU.
La reacción más dura llegó desde el senador Rick Scott, quien vinculó la decisión con su propia ofensiva legislativa contra el régimen cubano y afirmó que “la Cuba comunista caerá”.
“Este es un paso ENORME hacia lograr rendición de cuentas por las atrocidades cometidas por este régimen malvado y mantener al pueblo estadounidense a salvo de él”, escribió Scott en X, tras agradecer a Trump por actuar después de una carta que dijo haberle enviado la semana pasada para pedir sanciones secundarias.
“La Orden Ejecutiva del presidente Donald Trump también promulga la intención de mi Ley Democracia, que el Congreso todavía necesita asumir, aprobar y codificar para que ninguna administración futura pueda deshacerla. La Cuba comunista CAERÁ. NUNCA dejaremos de luchar hasta que TODOS los presos políticos sean liberados y haya LIBERTAD en Cuba”, agregó el senador republicano por Florida.
La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar también respaldó la decisión de Trump y la enmarcó como parte de una estrategia de “máxima presión” contra La Habana. “La era de mirar hacia otro lado se acabó”, aseguró la legisladora cubanoamericana en X. “Durante décadas, el régimen cubano se ha alineado con los enemigos de EE.UU., desplegando la alfombra roja para actores hostiles y fortaleciendo lazos con regímenes como Irán. Esto no es especulación. Es una realidad de seguridad nacional a solo 90 millas de nuestras costas”, añadió.
Salazar elogió a Trump por lo que calificó como una acción en defensa de la seguridad nacional estadounidense y del pueblo cubano. “Por eso importa la estrategia de máxima presión del presidente Trump. Él entiende exactamente con qué estamos lidiando y está dispuesto a enfrentarlo. Lo elogio por tomar medidas para proteger nuestra seguridad nacional y por apoyar al pueblo cubano en su lucha por la libertad”, señaló.
El congresista Carlos Giménez, el único miembro del Congreso nacido en la Isla, reaccionó con un mensaje en español en X bajo la etiqueta #SOSCuba. “¡Nuevas sanciones y medidas concretas firmadas hoy por orden ejecutiva del presidente Donald Trump en contra de la dictadura en Cuba! El régimen debe entender que si sigue operando de mala voluntad, vendrán consecuencias mucho más severas”, escribió.
En una declaración posterior publicada por su oficina, Giménez sostuvo que las sanciones “son necesarias para atacar” el aparato de seguridad del régimen cubano. “Las nuevas sanciones implementadas contra el régimen cubano son necesarias para atacar su aparato de seguridad: la máquina que encarcela a presos políticos y oprime a su pueblo. Cualquiera que sostenga esta tiranía enfrentará consecuencias graves”, afirmó el congresista.
“Debemos poner fin a este régimen represivo que continúa representando una amenaza significativa para nuestra seguridad nacional. Los días de impunidad se acabaron. La libertad y nuestra seguridad no son negociables”, agregó Giménez.
Las reacciones de los legisladores cubanoamericanos coincidieron con el argumento central de la Casa Blanca, que justificó la orden por el supuesto papel de Cuba como amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU. En una hoja informativa, la Administración Trump afirmó que la orden amplía las sanciones existentes contra Cuba, impone nuevas restricciones contra personas, entidades o afiliados que apoyen el aparato de seguridad del régimen, sean cómplices de corrupción gubernamental o de violaciones graves de derechos humanos, y autoriza sanciones contra personas, entidades o instituciones financieras que realicen o faciliten transacciones con sancionados.
La Casa Blanca también acusó al régimen cubano de alinearse con países y actores hostiles a EE.UU., incluido Irán y Hezbollah, y de facilitar operaciones militares y de inteligencia de adversarios extranjeros. Según el Gobierno estadounidense, La Habana “persigue y tortura a opositores políticos, niega a sus ciudadanos derechos de libre expresión y difunde activamente la ideología comunista en la región mientras reprime a su población”.
Desde Cuba, el canciller Bruno Rodríguez rechazó las medidas y las calificó como “ilegales y abusivas”. “Repudiable pero curioso y ridículo. El Gobierno de EE.UU. se alarma y responde con nuevas medidas coercitivas unilaterales ilegales y abusivas contra Cuba”, escribió Rodríguez en X.
El canciller del régimen cubano relacionó la decisión de Washington con la movilización oficialista por el Primero de Mayo en La Habana y con la campaña oficial de recogida de firmas en apoyo al Gobierno.
Aunque no se registró de inmediato una reacción demócrata específica a la orden ejecutiva de este viernes, tres senadores de ese partido habían cuestionado esta semana la escalada de Trump contra Cuba. El 28 de abril, Tim Kaine, Adam Schiff y Rubén Gallego criticaron que los republicanos del Senado bloquearan una resolución de poderes de guerra destinada a impedir el uso de fuerzas estadounidenses para lanzar una nueva guerra contra la Isla.
“Es una locura que mis colegas sigan estampando el sello de aprobación a las guerras costosas e innecesarias de la Administración Trump-Vance en todo el mundo, aunque sus electores les estén rogando que se concentren en bajar los precios aquí en casa. ¿Cómo es algo de esto ‘America First’ (América primero)?”, dijo Kaine. Schiff advirtió que “el ruido de sables del presidente hacia Cuba deja claro dónde están ahora sus miras”, mientras Gallego afirmó: “El pueblo estadounidense no está pidiendo otra guerra. Quiere que nos concentremos en construir viviendas en Arizona, no en bombardear viviendas en La Habana”.
Este viernes, Trump firmó una orden que autoriza el bloqueo de bienes, la prohibición de transacciones y restricciones migratorias contra personas y entidades vinculadas al Gobierno cubano, a sectores estratégicos de la economía de la Isla, a abusos graves de derechos humanos o a actos de corrupción. La medida también abre la puerta a sanciones contra instituciones financieras extranjeras que hayan realizado o facilitado operaciones significativas con personas o entidades sancionadas bajo la nueva orden.
La orden no incluye una lista pública inicial de nombres específicos, sino un marco de criterios para futuras designaciones. Su alcance permite castigar no solo a funcionarios y entidades del Estado cubano, sino también a actores económicos, familiares adultos de sancionados y bancos extranjeros que faciliten operaciones con personas bloqueadas bajo la medida, un punto que explica el énfasis de Scott en que el Congreso codifique esas sanciones para impedir que sean revertidas por futuras administraciones.
