MADRID, España.- El Tribunal Provincial Popular de Las Tunas condenó a ocho opositores cubanos a penas de entre siete y ocho años de privación de libertad por el delito de “propaganda contra el orden constitucional”, informó en las últimas horas el Centro de Asesoría Legal Cubalex.
La Sentencia No. 10 de 2026, emitida el 1 de septiembre, impuso ocho años de cárcel a Guillermo Carralero López, la sanción más alta del grupo.
Por su parte, Javier Reyes Peña, Maikel Hill Ramírez, Carlos Manuel Santiesteban Saavedra, Carlos Alberto McDonald Ennis, Enrique González Infante, Pedro Carlos Camacho Ochoa y Adisbel Mendoza Barroso fueron condenados a siete años de prisión cada uno.
Los ocho fueron procesados por sus presuntos vínculos con el movimiento opositor Cuba Primero. Según documentación revisada previamente por Cubalex, el expediente penal se sustentó en actividades realizadas a través de redes sociales y en la difusión de contenidos y opiniones críticas contra el sistema político cubano.
La Fiscalía había solicitado originalmente penas de entre seis y nueve años de cárcel. Javier Reyes Peña enfrentaba una petición de nueve años; Carralero López y Mendoza Barroso, de ocho; Camacho Ochoa, Santiesteban Saavedra, McDonald Ennis y González Infante, de siete; y Hill Ramírez, de seis.
Cubalex ha cuestionado el proceso desde antes de la celebración del juicio y sostiene que las conductas atribuidas a los acusados están relacionadas con derechos protegidos internacionalmente, entre ellos la libertad de expresión y de asociación pacífica.
Más de dos años en prisión provisional
Los acusados fueron detenidos entre marzo y abril de 2024 y permanecieron durante más de dos años en prisión provisional en la Prisión Provincial de Las Tunas, conocida como El Típico, antes de ser llevados a juicio. La vista oral tuvo lugar el pasado 30 de junio en el interior de la propia cárcel.
Cubalex denunció entonces que celebrar el juicio dentro de una instalación penitenciaria restringía en la práctica el acceso de familiares, ciudadanos y observadores independientes, y afectaba el principio de publicidad que debe regir los procesos penales.
Las autoridades habrían alegado falta de combustible para trasladar a los acusados hasta la sede judicial.
La organización también había denunciado que, antes del juicio, Javier Reyes Peña y Pedro Carlos Camacho Ochoa fueron enviados a celdas de castigo bajo supuestas “medidas de seguridad”, pese a que no habían cometido indisciplinas dentro del penal.
Un condenado enfrenta un cáncer
Entre los sancionados se encuentra Carlos Alberto McDonald Ennis, quien fue excarcelado bajo fianza en junio debido al grave deterioro de su estado de salud.
Cubalex ha documentado que McDonald Ennis desarrolló durante su encarcelamiento un tumor maxilofacial, además de padecer diabetes, hipertensión y cardiomiopatía isquémica.
La organización denunció reiteradamente las dificultades que enfrentó para recibir atención médica y comenzar el tratamiento requerido, mientras permanecía bajo proceso penal.
Su situación médica había llevado a Cubalex a advertir sobre las consecuencias de mantenerlo privado de libertad y sobre las deficiencias en la asistencia sanitaria que recibió en El Típico.
Cubalex denuncia criminalización del disenso
Cubalex considera el caso parte de un patrón de utilización de figuras penales como la “propaganda contra el orden constitucional” para sancionar expresiones políticas críticas y actividades de oposición.
La organización ha señalado que la amplitud con que está formulado ese delito en el Código Penal cubano permite criminalizar conductas relacionadas con la libertad de expresión, asociación y participación política.
En este caso, las condenas de hasta ocho años llegan después de más de dos años de prisión provisional, un juicio celebrado dentro de una cárcel y múltiples denuncias relacionadas con las condiciones de reclusión y el acceso a garantías procesales.
Cubalex ha insistido en que el ejercicio pacífico de derechos fundamentales no debe ser objeto de sanciones penales y ha denunciado la utilización del sistema judicial como mecanismo de castigo contra voces críticas del Gobierno cubano.
