MIAMI, Estados Unidos ― El Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) se apropió de alrededor de 100.000 millones de dólares entre 2008 y 2022 mediante la exportación de servicios médicos y la venta a terceros del petróleo entregado por Venezuela, afirmó este miércoles el economista Emilio Morales, presidente y CEO de Havana Consulting Group, durante el foro GAESA: The Military Empire That Runs Cuba’s Economy, celebrado en la Universidad Internacional de Florida (FIU).
Morales presentó a GAESA como “una sofisticada organización criminal” y sostuvo que el conglomerado controla hoy el 95% de las finanzas del país y más del 70% de la economía, una estimación que ya había publicado en Cuba Siglo 21, donde escribió que “una oligarquía militar controla más del 70% de la economía y el 95% de las finanzas nacionales”.
El mayor de los desvíos, según su exposición, procede de la exportación de personal sanitario. La Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos (CSMC), adscrita al Ministerio de Salud Pública, aporta los médicos, los técnicos y las enfermeras y firma los contratos con los gobiernos receptores, pero el dinero ingresa en el Banco Financiero Internacional (BFI), bajo control de GAESA.
A los profesionales se les entrega entre el 15% y el 30% del salario pactado, según el país de destino, y el resto queda en manos del conglomerado: 70.000 millones de dólares entre 2008 y 2022 cuyo destino, dijo, se desconoce. En su punto más alto, Cuba llegó a mantener unos 50.000 profesionales de la salud en el exterior, una cifra que después cayó por las sanciones y las rupturas de contratos.
Ese esquema es hoy objeto de sanciones estadounidenses. El Departamento de Estado designó a la CSMC el 23 de julio de 2026 en virtud de la Orden Ejecutiva 14404, en una acción en la que afirmó que las autoridades cubanas confiscan “entre el 50 y el 95% de los salarios abonados por los países de acogida” a decenas de miles de trabajadores médicos en más de 50 países.
Un mes antes, el 23 de junio, el mismo departamento había designado al BFI, al que describió como la institución bancaria “absorbida por GAESA en 2016 que gestiona la gran mayoría de las transacciones que involucran a entidades extranjeras que operan hacia y desde Cuba”. GAESA había sido designada el 7 de mayo de 2026.
El dinero de los médicos y el de las remesas alimentó, de acuerdo con Morales, la construcción hotelera. Gaviota, la empresa turística de GAESA, dispone de 37.781 habitaciones y controla la mayoría de los hoteles de cuatro y cinco estrellas del país; su red hotelera está valorada en 18.000 millones de dólares, pero en sus mejores años apenas generaba ingresos de entre 800 y 900 millones, insuficientes para financiar esa expansión sin inversión extranjera. Con estadísticas de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), Morales contrastó los 24.000 millones de dólares invertidos en hoteles entre 2008 y 2022 con los 1.751 millones destinados a salud pública en el mismo período.
El segundo gran negocio que expuso es la reventa del crudo venezolano. Según el esquema que proyectó, GAESA opera a través de Acemex Management Co. Ltd., dirigida por el general Guillermo Faustino Rodríguez López-Calleja, hermano del fallecido jefe del conglomerado, y de una red de más de un centenar de empresas registradas en Liechtenstein, Luxemburgo, Chipre, Hong Kong, Panamá y Londres. Esa estructura maneja doce tanqueros —entre ellos el Sandino, el Petión, el Esperanza, el Yara y el Vilma— que transportan crudo desde puertos venezolanos y lo venden a clientes de mercados asiáticos, principalmente de China y Singapur, con los pagos canalizados por el BFI y el Havin Bank Ltd. de Londres.
“Cuba nunca había tenido tanqueros de petróleo”, señaló. De los cerca de 63.000 millones de dólares en petróleo que Venezuela entregó a la Isla, calculó, unos 30.000 millones se desviaron por esa red: “Es demostrable que ellos han robado más de 30.000 millones de dólares en petróleo”.
Morales situó el núcleo de poder del conglomerado en el ala descendiente de Raúl Castro Ruz: el general de división Luis Alberto Rodríguez López-Calleja —fallecido por un paro cardiorrespiratorio el 1 de julio de 2022—, su nieto Raúl Guillermo Rodríguez Castro, su hijo Alejandro Castro Espín, su hija Mariela Castro Espín, el empresario italocubano Paolo Titolo, el general Guillermo Faustino Rodríguez López-Calleja y Óscar Pérez-Oliva Fraga, sobrino nieto de Fidel y Raúl Castro, ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera designado viceprimer ministro en octubre de 2025.
Entre los operadores principales situó a la general de brigada Ana Guillermina Lastres Morera, al primer ministro Manuel Marrero Cruz y al coronel Héctor Oroza Busutil, presidente de CIMEX en Cuba y en Panamá, de Fincimex Panamá y de American International Services.
Asimismo, Morales sostuvo que una declaración jurada de la directora legal de la corporación, presentada en un litigio en Nueva York, reconoce que CIMEX Cuba —propietaria de las gasolineras, las cadenas de comida rápida, las inmobiliarias, la renta de autos y el negocio de remesas— es una sucursal de CIMEX Panamá, creada en 1978 por el coronel Antonio de la Guardia, fusilado en 1989. De ser así, dijo, las ganancias generadas en la Isla corresponden a los accionistas de la sociedad panameña. Añadió que el mismo grupo controla la actividad comercial de las telecomunicaciones, lo que incluye decidir “quién tiene o no internet”.
La conferencia sirvió también para presentar el informe Armies that Own Economies: Military-Commercial Capture in Cuba and Venezuela, del Miranda Center for Democracy, que estima que GAESA poseía al menos 17.900 millones de dólares en activos en 2024, entre ellos más de 14.400 millones en cuentas bancarias, y que la dirigen “menos de 15 individuos”.
El informe calcula el control del conglomerado sobre la economía cubana entre el 40% y el 50%, por debajo del 70% que maneja Morales, y cifra en 63.800 millones de dólares las transferencias venezolanas a Cuba desde 2000, de las cuales 57.400 millones corresponden a embarques de petróleo ajustados por inflación.
El encuentro fue organizado por el Jack D. Gordon Institute for Public Policy, el Instituto de Estudios Cubanos de la FIU, el Miranda Center for Democracy y el International Republican Institute, con intervenciones de Brian Fonseca, Juan Antonio Blanco, Ernesto Romero, Sebastián Arcos y Antonio Garrastazu.
En sus conclusiones, Morales atribuyó a esa estructura la responsabilidad principal de la crisis. La economía cubana atraviesa el peor momento de su historia y la causa no es el embargo ni las sanciones, sostuvo, sino el sistema de gobernanza que controla el país. El conglomerado, agregó, ha descapitalizado la matriz energética, la agricultura, el transporte, la industria azucarera y el abasto de agua potable, y ha empujado a más de nueve millones de cubanos por debajo del umbral de pobreza mientras más de dos millones y medio abandonaban la Isla en los últimos cuatro años. “El Partido [Comunista de Cuba] no es el órgano rector de la sociedad cubana, como dice la Constitución”, afirmó: lo es GAESA.
